Fueron 34 audiencias y 213 testigos en el 15° juicio por delitos de lesa humanidad en Tucumán. Más de 200 voces portadoras de historias que pasaron por la sala del Tribunal Oral Federal, por más de un año. El 11 de junio, el juicio por la Megacausa Jefatura de Policía III entró en la recta final: la etapa de los alegatos. Aquella instancia del proceso legal donde las partes ponen en valor todas las pruebas presentadas y dan cuenta del recorrido durante todos estos meses. El Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Valentina García Salemi y el fiscal Pablo Camuña, fue el primero en exponer. 

“Una de las dificultades de la prueba es el pacto de silencio que hay. Ninguno (de los imputados), ni por compasión, ha comparecido. Dónde está entonces esa información que algunos de ellos tienen y no la han brindado”, sostuvo Camuña. De las 232 víctimas de este juicio, 81 continúan desaparecidas y sus familiares aún siguen buscando respuestas. “La falta de información que tienen los familiares es un elemento del tipo de la desaparición forzada. Si se mantiene en vigencia, el daño se sigue produciendo”. 

Por la sala de audiencias pasaron familiares, allegades y más de 63 sobrevivientes. De la mayoría de elles se escucharon casos de madres que quedaron a cargo de un hogar entero, hijes que no pudieron continuar con sus estudios y tuvieron que salir a trabajar, y el escarnio hacia les sobrevivientes al regresar a sus casas. “Hemos escuchado esto en otros juicios, pero nunca tanto como en este. Esto es porque los portadores de relatos van cambiando con el correr del tiempo. Al principio escuchábamos a muchas madres y abuelas. Hoy escuchamos a hermanos más chicos, hijos e incluso nietos que les quedó grabado el después”, dijo el abogado.

Las listas de Clemente

Los documentos presentados por el testigo Juan Carlos Clemente en el juicio “Jefatura I” durante el 2010, fueron claves en esta megacausa. Los mismos consisten en dos carpetas con listas y notas firmadas por algunos de los imputados. 

Una de las listas cruciales fue la llamada “Índice de declaraciones de delincuentes subversivos”. En ella figuran 134 casos de este juicio, es decir, 134 personas que estuvieron secuestradas en la Jefatura de Policía. También se detalla la situación en la que se encontraba cada víctima: PEN (aquellas personas que estaban “blanqueadas”, esto es que su detención estaba reconocida por el Poder Ejecutivo Nacional), “libertad” (aquellos que eran liberados bajo la clandestinidad), y DF (Disposición Final, para las víctimas asesinadas). 

Otra de las listas fundamentales fue la de cadáveres identificados desde 1975 a 1978. Allí figuran 133 nombres, otros datos identificatorios y fechas. “Esta es la primera prueba de la aplicación de un sistema de desapariciones forzadas en Tucumán. Con alguno de los datos se pudo comprobar que se negó información, que ya se tenía, a quienes buscaban a su familiar desaparecido”, explicó Camuña. 

De la documentación también forman parte manuscritos hechos durante las sesiones de torturas y notas firmadas por Ricardo Oscar Sánchez, ex subcomisario e imputado en esta causa. En esas notas se deja asentado los operativos realizados, el secuestro de personas y la búsqueda de antecedentes. “En ese documento está casi todo lo que se está juzgando en este juicio”, afirmó el fiscal. 

Otras particularidades del juicio

Este juicio contó con 151 víctimas que fueron liberadas, más de 63 de ellas dieron su declaración testimonial durante las audiencias. De esta manera, la Megacausa Jefatura III se convirtió en uno de los juicios con más sobrevivientes.

Entre las más de 200 víctimas se encontraban obreros, empleados de ingenios azucareros, cocineras, peluqueras, periodistas, choferes de colectivos, estudiantes universitarios y secundarios. El 80% de ellos fueron hombres y el 20% mujeres.

“¿Qué tuvieron en común las 200 personas que son parte de este juicio? ¿Por qué a ellos?”, fueron las preguntas que se hizo la fiscalía para la construcción de la investigación. La respuesta fue que en torno a ellas se construyó una figura de “enemigo público”. “La utilización de este término autoriza al poder a matar. Permite un discurso, completamente falso, de la existencia de una guerra”, explicó el fiscal. Además, agregó que “todo discurso de odio empieza con la definición de un enemigo y al final hay un genocidio latente. Ese enemigo es el que moldeó el plan criminal que desarrollaron y del que formaron parte las personas que están acusadas”.

“Fue un ataque generalizado porque abarcó un grupo grande de personas. Fue sistemático porque en casi todos los casos vimos la misma secuencia: secuestro, traslado a un centro clandestino de detención, aplicación de tortura y decisión sobre la suerte de la persona secuestrada”, concluyó Camuña.

Por último, se pasó a la lectura de cada caso, al armado del rompecabezas con todas las declaraciones vertidas en el debate. Declaraciones que dieron cuenta de quiénes eran esas 232 personas secuestradas y desaparecidas durante el terrorismo de Estado en la provincia.

La próxima audiencia se realizará este miércoles 19 a las 9.30 horas, donde la fiscalía continuará con la exposición de los casos. La persona que desee participar, puede acercarse con su DNI al Tribunal Oral Federal, entre calles Chacabuco y Crisóstomo Alvarez de San Miguel de Tucumán.