Que la situación en Venezuela es complicada no es novedad. Cada día, se vuelve más difuso el panorama al momento de tomar decisiones justas y democráticas sobre el país. El 28 de julio, luego de que se oficiaron las elecciones presidenciales en la nación bolivariana, la Cámara Nacional Electoral (CNE) anunció la reelección de Nicolás Maduro como presidente con el 51,2% de los votos. Ante esto, se presentó la denuncia de fraude por parte de la oposición, encabezada por María Corina Machado y su candidato Edmundo González Urritia, quienes, de acuerdo a los resultados de la CNE, obtuvieron el 44,2% de los votos.

Desde entonces, se concretaron varias protestas en contra de los resultados y, hasta el momento, contabilizan 11 personas fallecidas y más de mil detenidos por las fuerzas de seguridad. Además, líderes nacionales reclaman la transparencia de los comicios con la publicación de las actas electorales que respalden los resultados. Y es que la oposición asegura tener copia de las mismas que prueban el triunfo de González Urrutia: a través de una página web, la oposición mostró las copias de todas las actas de votación que habían logrado reunir. De acuerdo a esta información, Maduro suma solo 3.241.461, mientras que González Urrutia obtuvo 7.156.462 votos.

Estados Unidos- quien impone un bloqueo económico a Venezuela desde 2014-, la Unión Europea y casi todos los países de Latinoamérica se sumaron a la exigencia de hacer públicas las actas. Alemania, España, Italia, Francia, Países Bajos, Polonia y Portugal firmaron el sábado 3 de agosto una declaración conjunta que solicita "a las autoridades venezolanas que publiquen sin demora todas las actas de votación con el fin de garantizar la plena transparencia e integridad del proceso electoral". Brasil y Colombia, gobiernos que se muestran cercanos a Maduro, también manifestaron la necesidad de ver las actas. 

Por su parte, Nicolás Maduro expresó que la acusación de la oposición de Corina Machado es un "intento de golpe de Estado" y solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que atienda "este ataque contra el proceso electoral". Maduro, también, interpuso un recurso ante la Sala Electoral para que realice un peritaje sobre los comicios. Desde la CNE, por su parte, sostuvieron que el sistema electrónico electoral había sido hackeado, motivo por el cual se retrasó el control de los resultados y su posterior publicación.

De democracias y derechos humanos

La democracia en Venezuela se encuentra debilitada por varios motivos. Uno de ellos tiene que ver con la concentración de poderes, puesto que el gobierno de Maduro tiene control sobre el poder legislativo, ejecutivo y judicial, los organismos electorales -como la CNE- y el Ejército. Además, las denuncias de irregularidades electorales no son nuevas. En comicios anteriores, por ejemplo, se reclamó la falta de imparcialidad por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TJS) al anular la elección de tres diputados y así evitar que la oposición obtuviera la mayoría cualificada, entre otras cuestiones poco claras. 

La situación democrática se agrava ante la falta de representatividad popular en las elecciones. De un total de 5 millones de ciudadanos con derecho al voto en el exterior, solo pudo votar el 1%. Esto es así debido a que se restringió el acceso al voto para residentes en el extranjero, siendo Venezuela el país con mayor número de solicitantes de asilo del mundo y con una cantidad de emigrantes que alcanza los 8 millones de personas. 

Todos estos puntos ubican a Venezuela en el número 142 de 167 del índice de democracias del mundo establecido por The Economist. A esto se suma las declaraciones del Centro Carter, uno de los observadores técnicos internacionales invitados y acreditados por el CNE venezolano: “la elección presidencial de 2024 en Venezuela no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada democrática”.

Por otro lado, y de la mano con la debilidad de la democracia, se encuentra la vulnerabilidad de los derechos humanos en la república  bolivariana. La violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad, que dejaron una cifra de 11 muertos, hasta el momento, en las protestas contra los resultados electorales, son un gran ejemplo de la crisis en materia de derechos humanos del país. A esto se suma la criminalización de la protesta con más de mil detenidos y la falta de garantías para expresarse libremente.

Según Foro Penal, entre 2014 y 2023 se detuvo de forma arbitraria a 15.700 personas por motivos políticos. “Venezuela ha atravesado en los últimos años uno de los periodos más deplorables en la historia de los derechos humanos del país. Las autoridades que han ostentado el poder estatal desde, al menos, 2014 hasta hoy han cometido graves y masivas violaciones de derechos humanos, incluidos posibles crímenes de lesa humanidad, y han llevado al país a una emergencia humanitaria compleja que ha empujado a más del 25% de la población a salir de Venezuela, dejando atrás sus hogares y familias”, declaró Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Derechas que aprovechan 

“Ningún economista hace una descripción de una economía de bloqueo. Ni Adam Smith, ni Karl Marx, ni (Friedrich) Hayek podían imaginar ni explicar que un país haciendo uso de su hegemonía militar y política pueda decir ‘este país no le puede vender nada a nadie y nadie le puede comprar ni relacionarse’. Nadie te explica cómo se enfrenta una economía de bloqueo. Esto es lo que sufrió concretamente Venezuela”, dijo Cristina Fernández de Kirchner en una clase magistral brindada como cierre del curso internacional “Realidad Política y Electoral de América Latina” en México. 

Y es que el contexto de debilitamiento democrático y falta de transparencia en Venezuela abre la puerta para que líderes de ultraderecha obtengan legitimidad y apoyo por parte de diversos sectores de la población mundial. Con ello, soporte también para instalar políticas económicas liberales o sostener discursos como los del actual presidente argentino, Javier Milei, quien expresó en sus redes sociales que “Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular”.

Sin ir más lejos, la actual cara de la oposición en Venezuela es María Corina Machado, quien lidera el partido de centroderecha Vente Venezuela (VV). Machado es reconocida por sus fuertes lazos con el Partido Republicano de Estados Unidos- al que pertenece Donald Trump- y por su fuerte convicción en las teorías del liberalismo económico. Apodada como “la dama de hierro” por sus seguidores, debido a que proviene de una familia metalúrgica, y tildada de colaboradora del "golpismo imperialista" por parte del chavismo.

Hoy, la imagen de Machado es positiva a nivel mundial y la muestra como “la esperanza” para Venezuela, incluso por algunos sectores progresistas que no consideran cuál es su tradición política. Es ahí donde radica la ranura, la fragilidad de la democracia donde se cuelan líderes que plantean modelos de ultraderecha en la región y ponen en peligro las soberanías nacionales y regionales ante los intereses extranjeros. Cabe aclarar que Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo. Y los recursos naturales son los primeros que se pierden cuando no se defiende lo propio.