“Es un paso más que permite reconocer los derechos humanos fundamentales”, así se refirió Augusto Moeykens, vicepresidente de la Asociación de los Derechos de Noroeste (ADN),  sobre la sanción de la ley Prostíbulos Cero. La normativa, que fue aprobada por la legislatura tucumana días atrás, busca erradicar las fuentes de tratas de personas en la provincia. En los próximos días la ley será promulgada por el ejecutivo provincial y luego implementada en todo el territorio tucumano.

La legislación, que consta de 11 artículos, prohíbe el funcionamiento de lugares en los que se practique o se facilite el ejercicio de la prostitución bajo la modalidad de wisquerías, cabaret, clubes nocturnos, boites, saunas o locales de alterne. Así también establece que todos los procedimientos que se realicen con motivo de la aplicación de la norma deberán resguardar de manera integral los derechos de las personas que se encuentren en el lugar ejerciendo u ofreciendo la prostitución de manera voluntaria. Además cuando las mujeres no puedan acreditar su identidad y domicilio, serán tenidas como víctimas de la trata de personas y recibirán protección y contención mientras su situación es puesta en conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas.

Por otro lado, la ley implica penas de hasta 60 días de arresto  para quienes sean propietarios o exploten locales donde se ejerza la prostitución ajena. Respecto a este punto Moeykens se mostró poco satisfecho. “Creo que se debe realizar multas muy grandes porque esto se suma cuestión que linda por lo económico y que en caso de comprobarse la Trata de Personas hay determinados delitos que ya están contemplados en el código penal por lo cuales se los puede responsabilizar”, expresó.

Además, se prevé la creación de una "comisión provincial de lucha contra la trata de personas y de contención y recuperación de víctimas de la explotación sexual", cuyos integrantes, funciones y atribuciones serán dispuestos por vía reglamentaria. De este modo se trabajará de manera conjunta entre los ministerios de Seguridad Ciudadana, de Salud y de Desarrollo Social.  El último ente será el encargado de llevar adelante las políticas públicas de inclusión que permitirán que personas que se encuentran en altos niveles de vulnerabilidad, al ejercer la prostitución,  puedan reingresar al entrenado social a través de diversos mecanismos.

Al finalizar, el vicepresidente de ADN consideró que una vez que se implemente la legislación se deberá trabajar exhaustivamente en los controles y en la contención de las mujeres. Así también consideró que la legislación puede llegar a ser considerada un arma de doble filo. “La implementación de la legislación nos permitirá vivir en un Tucumán donde no existan mujeres explotadas y se aprovechan de sus situaciones pero, en analogía con la ley de las 4 AM, se corre el riego de que se desplace a estas mujeres a lugares más clandestinos y se invisibilice  aún más esta situación”, comentó.

Exequiel Reinoso

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