Hace poco más de 10 días, Tucumán nuevamente fue testigo del atropello a los derechos en nombre del derecho a la expresión. En el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán (MUNT) se llevaba adelante una  capacitación organizada por el Ministerio de Salud destinado al equipo médico de la Maternidad de Nuestra Señora de las Mercedes. El curso en cuestión tenía como objetivo la actualización en salud sexual y reproductiva mediante la difusión del “Protocolo de atención a la víctima de violencia y abuso sexual” y la profundización sobre la “Guía Nacional sobre aborto no punible”.

Desde el día de inicio un grupo de personas autodenominadas “pro-vida” se hicieron presente en el MUNT para manifestar su rechazo a la interrupción de un embarazo, sea cuales sean las condiciones en las que éste se dé o se encuentre. Hasta ahí todo parece absolutamente “normal"; gente que se capacita en un tema que puede resultar delicado y controversial, gente que expresa su postura respecto a ese tema en particular. Pero las cosas no quedaron ahí. La actividad de formación profesional fue suspendida debido al nivel de los gritos y ruidos estridentes que hacían imposible continuar con la misma. Esto, más que un mecanismo de expresión, era una clara intención de impedir la disertación de los profesionales.

Ante la interrupción del curso y su subsiguiente suspensión, los festejos no tardaron en llegar, las redes sociales se hicieron eco de esto y en ellas se llegó a hablar de una “victoria” de la vida. Pero el problema que aquí se plantea es la incapacidad de esta gente de vivir en una sociedad democrática o en un Estado de derecho, ya que en nombre del derecho a la expresión avasallaron con otros derechos garantizados por las leyes nacionales y provinciales.

Con esta actividad se violó, por un lado, el derecho de los profesionales a capacitarse para así brindar a sus pacientes, que se atienden en una institución pública, una atención más idónea. Por otro lado está el derecho de esos mismo médicos a ejercer su profesión como lo marca la ley. Esto es así ya que el Código Penal en su artículo 86 expresa claramente la no punibilidad de los médicos que realicen un aborto en determinadas circunstancias y bajo ciertas condiciones*.También se violentó el derecho de las mujers de acceder al aborto no punible (contemplado desde el año 1922 en el Código Penal).

Todos estos atropellos son parte de esa “victoria” de la que los manifestantes se jactan. Sí, es cierto que pueden y deben expresar sus opiniones, luchar por sus convicciones, discutirlas en los ámbitos que correspondan para construir propuestas superadoras, pero éste no fue el caso. Y, lo que es peor aún es que contaron con la complicidad y el apoyo de miembros del poder político, pues allí se encontraron presentes los legisladores José Paez  de Demócracia Cristiana y Juan José Casagnas de la Unión Cívica Radical y los concejales Claudio Viña de Fuerza Republicana y Dora Bianco del Bloque Yerba Buena. Demás debería estar aclarar que estos personajes son quienes deben bregar por las garantías institucionales.

No señores, esto no fue una “expresión” de unos ciudadanos, fue un abuso del espacio público en contra de las leyes y la democracia.

Gabriela Cruz

gcruz@colectivolapalta.com.ar

*Código penal Art. 86:  “el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de una mujer encinta, no es punible: 1° Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. 2°Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto“