Doce días pasaron desde que se sancionó en Tucumán la ley de prostíbulos cero. Desde entonces ocurrieron varios acontecimientos respecto al tema. Por un lado el Poder Ejecutivo promulgó y publicó en el boletín oficial, con el número 8.519, la normativa enviada desde la legislatura, tratada en notas anteriores. Una vez aprobada, se creó la comisión provincial de lucha contra la trata de personas que comenzó con la reglamentación de la legislación, con el objetivo de que entre en vigencia antes de fin de mes.

Por otro lado, un grupo de trabajadoras sexuales presentó ante el diario de mayor tirada de Tucumán una carta en la que manifestaron estar en total desacuerdo con la ley. De este modo expresaron que los efectos de la norma caerán de manera negativa sobre su oficio ya que al cerrarse las casas de citas deberán salir a trabajar a la calle y exponerse a psicópatas, drogadictos y corruptos. También expusieron que no tuvieron en cuenta sus pedidos a la hora de realizar el debate correspondiente del proyecto.

Ambos acontecimientos generaron en la sociedad un debate que rondó entre la moralidad e inmoralidad del ejercicio de la prostitución, dejando de lado cuestiones de suma importancia, como ser aquel determinismo social que expone a un grupo de personas, de alto nivel de vulnerabilidad, a enfrentarse con el oficio por cuestiones de necesidades.  Y es aquí donde el Estado, más allá de la promulgación de la ley, deberá trabajar con la implementación de políticas de inclusión que reinserte a estas personas dentro de la sociedad, ya sea mediante el acceso a la vivienda, la salud, la seguridad o un empleo genuino. Resulta necesario, además, reconocer que a la hora de hablar de prostitución no solo se debe tener en cuenta a mujeres sino también a hombres, transexuales y travestis.

Además se habló de que a partir del cierre de todos aquellos lugares donde se practique o se facilite el ejercicio de la prostitución se eliminará todo tipo de explotación por parte los proxenetas hacia las trabajadoras/es sexuales. Pero se dejó de lado que, si el estado no pone todo lo necesario para el cumplimiento de la legislación mediante los controles, se corre el riesgo de enviar a lugares más clandestinos a estas personas e invisibilizar aún más su situación, tal como ocurrió en la provincia de Córdoba.

Por otro lado también se trató de que a partir de la implementación de la ley se desempleará al grupo de trabajadores. La única forma de que esto suceda es cuando una persona no es explotada por un proxeneta, es decir, cuando aquel individuo,  que no es victima de trata, ejerce la prostitución de manera voluntaria sin ser regenteado por un tercero. Y es aquí donde el Estado nuevamente tomaría un rol fundamental a través de sus políticas públicas ya que sin la presencia de ellas podría haber un efecto muy nocivo.

La implementación de la ley Prostíbulos Cero está próxima y el Estado juega un importante papel dentro ella. Sólo se espera que la ley esté donde tiene que estar. Para defender los derechos de las personas que se encuentran en situación de prostitución y trata, hacer valer sus derechos y lograr su inserción a través de las políticas estatales.

Exequiel Reinoso

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