Moralidades hipócritas abundan en sociedades hipócritas en las que se vive. Sectores de la sociedad que salen a la calle, con el naranja u otro color de turno, en defensa de las vidas por nacer, hay a montones. Luego de nacidas las arrojan a las calles, y que se defiendan como puedan. Los chicos que están en institutos de menores como el Roca, ya no importan. Ya nacieron, no son su problema.

En Tucumán se volvió a plantear el debate por los abortos no punibles después de que el apoderado del PRO en Tucumán, Arturo Forenza hijo, presentara una denuncia penal contra la Maternidad por haber realizado un aborto no punible a una niña de once años que sufrió una violación. El argumento siempre es el mismo, el Estado debe defender las vidas por nacer. La vida de una niña que fue violada no cuenta.

En marzo de 2012 la Corte Suprema de Justicia dictaminó que las mujeres víctimas de violación pueden realizarse un aborto sin autorización judicial, por lo tanto la niña y su familia estaban haciendo uso de ese derecho. “Las sociedades, en Tucumán y las provincias del norte principalmente, son bastante conservadoras y tienen una resistencia a dar el debate”, dice Yanina Muñoz, integrante de Mujeres de la Matria Latinoamericana Tucumán (MuMaLa).

Yanina Muñoz cuenta que desde MuMaLa creen que hay poca difusión de la información, y esto se ve, por ejemplo, en el tiempo que esperó la familia de esta niña en particular para practicar el aborto. Y es aquí donde se dilucida la deficiencia o el vacío de la educación dentro de las escuelas en derechos sexuales. A pesar de que hay un gran avance en materia jurídica como lo son las leyes contra la violencia hacia las mujeres, los programas de salud sexual y reproductiva, la ley de educación sexual, entre otras, las provincias no se adhieren o no las aplican.

Las mujeres tienen derecho a decidir. El pronunciamiento de la Corte no obliga a una mujer que sufre una violación a abortar, le da la posibilidad de decidir. Las mujeres siguen luchando en pos de sus derechos, es por eso que desde las diferentes organizaciones sociales se están desarrollando medidas para exigir una regulación provincial que otorgue seguridad jurídica a la hora de realizar estas prácticas.

Marianella Triunfetti

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