Cuestión de voluntad política

Nombres que se acumulan en una lista. Son una estadística más. Son las víctimas de violencia de género. Mujeres asesinadas en manos de sus parejas. Nada se hace por ellas.

Una decisión política que cambiaría el rumbo de muchas vidas. Porque de lo que se trata es de prevenir la muerte de mujeres. Mayor presupuesto, refugios, protocolos de atención a víctimas, son algunos de los puntos que contempla la Ley Nacional 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Esta ley fue promulgada en abril de 2009. Tucumán no la aplica. Por ello se viene luchando, desde diferentes organizaciones sociales, para que se declare la Emergencia en Violencia Sexual y Doméstica, y se garantice presupuesto para su aplicación. “Pedimos la emergencia porque entendemos que el problema pasó a ser un problema político.  Entendemos que el gobierno de la provincia tiene que tomar medidas concretas”, decía Vicky Disatnik, de la Casa de las Mujeres de Norma Nassif, en una conferencia brindada la semana pasada.

El 22 de noviembre de 2012 se presentó en el Concejo Deliberante un proyecto para que se crearan hogares refugio para mujeres golpeadas y sus hijos menores. El proyecto incluía, además, atención psicológica, clínica y legal. Se contemplaba un sistema de talleres para que las mujeres pudieran tener herramientas para salir y encontrar trabajo. Este proyecto también fue presentado en Casa de Gobierno, en la Municipalidad y en la Corte Suprema de Justicia. La provincia aún no cuenta con un solo refugio preparado para atender víctimas de violencia.

“Hay una costumbre, esperan a que pase el hecho para recién reaccionar”, comentaba Ruth Tomatis, mamá de María Medina, joven asesinada en abril de 2012. ¿Qué hubiera hecho falta para evitar la muerte de María? “Que me escuchen”. Ruth hizo varias denuncias sobre la situación que vivía su hija. La respuesta de quienes deberían haberla ayudado fue “su hija es grande señora, ya va a volver”. Ruth supo después que la amenaza que recibió María era que si se iba, su pareja mataría a su madre y a su abuela. “Murió protegiéndonos a su abuela y a mí”.

"Que se pudran en la cárcel"

El dolor y la impotencia generan vacíos que son difíciles de llenar. La búsqueda de respuestas se encuentra en una delgada línea, donde la justicia se confunde, y hasta se hace una, con la venganza.

Los familiares piden justicia por sus víctimas. Pedidos que suenan fuerte, porque son parte de un discurso arraigado en la sociedad. El pedido de más mano dura. “Que se pudran en la cárcel”, desean muchos de estos familiares. Tal es el caso de Elba Ledesma, tía de Aída Correa, asesinada en febrero de este año.

El dolor es comprensible en todos los sentidos. El pedido es, seguramente, fruto de ese dolor. Pero qué sentido tiene pedir más cárceles o más años de condena si las soluciones de fondo no existen.

Las muertes de María Medina, de Sandra Roldán, de Aída Correa y de otras tantas pudieron prevenirse si las instituciones pertinentes hubieran escuchado, si los protocolos de atención a las víctimas de violencia se aplicaran.

Más cárceles y más condena no son la solución. La aplicación de la ley 26.485 es una decisión política que solo se tomará si el reclamo persiste y la sociedad acompaña.

Marianella Triunfetti

mtriunfetti@colectivolapalta.com.ar