Una promesa de apoyo de hace poco más de un año que viene a cumplirse en una coyuntura política complicada para el gobierno tucumano. Presiones sociales y políticas dieron lugar a un giro del fallo absolutorio que hace más de un año sorprendió a todo un país.

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán revocó parcialmente el fallo de la causa Marita Verón. Así, condenó a 10 de los 13 imputados que habían quedado absueltos en diciembre del 2012 tras el veredicto del tribunal compuesto por Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano. La absolución se debió a que no se pudo romper la presunción de inocencia de los acusados. En este caso la absolución continúa para los hermanos Rivero, cercanos al clan Ale.

Antonio Gandur, Antonio Estofán y Claudia Sbdar, jueces de la Corte Suprema de Tucumán, fueron quienes ofrecieron este nuevo fallo. Las pruebas son las mismas, los testimonios son los mismos. Lo que cambió fue el tribunal que juzgó. Será la Sala II de la Cámara Penal de Tucumán quien determinará las penas que deberán cumplir cada uno de los imputados. Emilio Páez de la Torre, Dante Ibañez y María Elisa Molina son los magistrados que salieron sorteados para integrar la Sala II.

Aunque los delitos que se juzgan son la retención y el ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución, según la Corte Suprema de Tucumán cabía tratar el caso con “perspectiva de la trata de personas”, delito tipificado en Argentina en 2008, cuando Marita Verón desapareció en 2002. La sentencia no está firme aún, ya que los defensores tienen hasta los primeros días de febrero para intentar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise el fallo.

Hay cosas que no se ponen en discusión. Una es la importancia de este fallo en lo que respecta a la lucha contra la trata de personas. Otra es que a partir de aquí deberán tratarse estos casos con la perspectiva que corresponde, la de género. Más allá de todo esto, la rapidez con que se ha desarrollado todo el proceso deja entrever la debilidad de la coyuntura política que vive la provincia actualmente.

Un gobierno, junto con su aparato policial/represor,  ‘acusado’ de ser cómplice del asesinato de Paulina Lebbos. Una policía corrupta que siempre está en el ojo de la tormenta y que en las últimas semanas ha demostrado el poder que ejerce sobre el Estado provincial. Una sociedad que se ha levantado contra estos poderes, el del gobierno y el de la policía.

Tiempos complicados para las esferas de poder. Un tablero que tiembla. Un fallo, el de Marita, que pone en duda la independencia del poder judicial.

Marianella Triunfetti

mtriunfetti@colectivolapalta.com.ar