Desde el 2012, la ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas durmió en un cajón. Luego de su última modificación en aquel año, no hubo novedades al respecto hasta la semana pasada. A más de dos años, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) publicó, en el boletín oficial, la reglamentación de la ley y su modificatoria Nº 26.842. La noticia generó alegría en cientos de militantes y organizaciones que vieron una rendija de luz en la escuridad en la que estaban desde la última vez que se trató la legislación, a raíz de la sentencia que dictó la justicia tucumana en el juicio por la desaparición de María de los Ángeles Verón. 

Susana Trimarco, madre de Marita y presidente de la Fundación María de los Ángeles, se mostró satisfecha por la decisión del PEN y destacó que, a pesar de no estar reglamentada la ley, ya se realizaron juicios por trata de personas, entre ellos victimas que fueron rescatadas por la fundación. “Estoy muy contenta por eso y cada día se va avanzando más en esta lucha. El año pasado hemos trabajado mucho, hemos rescatados un gran cantidad de personas. Y, en la fundación, seguimos acompañando y dando contención que las victimas que lo necesitan”. La sanción de la ley fue en el 2008. Desde entonces, 7576 víctimas fueron rescatadas de distintas redes según el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, un promedio de más de cinco personas por día. 

La reglamentación de la ley 26.364 y su modificación permitirá generar un marco legal que garantice la protección de las victimas. Según establece, éstas tendrán un “primer contacto con profesionales especializados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que actuarán junto a los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad intervinientes”. También recibirán “alojamiento apropiado” e información detallada, clara y suficiente sobre el delito y su situación. “Se modificaron varios puntos, como el que la víctima debía probar su victimidad, y eso era una injusticia muy grande. Todas personas que están en esa situación, siendo mayor de edad, tenían que probar que eran víctimas. Y eso era muy injusto porque en realidad ninguna persona se va de común acuerdo con un proxeneta para que la explote, para que la violen, la golpeen”, agregó Trimarco. Otro punto importante es que la reglamentación trae aparejadas nuevas oportunidades de acceso al mundo laboral para las víctimas. Estas podrán acceder a programas de empleo o cursos de formación laboral ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y un asesoramiento legal gratuito a cargo del Ministerio de Justicia.

El artículo 18 de la legislación propone la creación del “Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas”. Susana Trimarco manifestó su interés en formar parte ya que su militancia por la problemática comenzó hace 13 años, cuando su hija fue secuestrada. Sin embargo, la Diputada Nacional Fernanda Gil Lozano criticó, en los medios de prensa, que no fue reglamentado el artículo 19 que permitiría la incorporación de ONGS a dicho Consejo. “El ingreso de las organizaciones sociales a este Consejo deviene en una ficción”, sostuvo.

A pesar de la buena noticia, Susana Trimarco dejó claro que la lucha aún continúa, como por ejemplo para que la Justicia de Tucumán deje firme la sentencia del juicio por la desaparición de su hija. “Esta justicia es tan lenta que hace injusticia. Todas las madres tenemos que luchar día a día y, mi realidad, hace 13 años que vengo luchando y todavía mi hija no tiene una verdadera justicia”, finalizó.