Comunicar para alcanzar otras miradas
La responsabilidad de los comunicadores en los medios implica tomar conciencia sobre qué se dice, sobre cómo se dice y sobre quién se dice. Por eso, desde hace pocos años, Argentina cuenta con la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Este organismo nacional se ocupa de capacitar, monitorear y promover la integridad de los públicos y las audiencias a lo largo y ancho del país. Y cuando se habla de público se refiere a cada una de las personas a las que les llega el mensaje sin distinción de ideología, religión, raza o género. En otras palabras, se ocupa de bregar por los derechos de las personas y de potenciar el respeto por cuestiones como la identidad de género. Un equipo de capacitadores trabaja, desde este organismo, en diferentes áreas relacionadas a diferentes ejes propuestos en la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Así, se realizan capacitaciones en todo el país para poner en debate y construir modos de hacer y de decir sobre nuevas realidades.
El pasado viernes y sábado se llevo a cabo en Tucumán el taller de “Comunicación, géneros y sexualidades”, a cargo de la defensoría. Se trató de una jornada de cuatro horas que se realizó en la Asociación de Prensa de la capital tucumana y se replicó en la ciudad de Concepción. El taller trabajó sobre los roles y los estereotipos de género, sobre las recomendaciones para el abordaje periodístico de género y sobre las estrategias y las actuaciones que realiza la defensoría en representación de las audiencias. “Se trata de entender a los servicios de comunicación audiovisual como espacios decisivos para la transformación social. Espacios en los que, cada vez más, nos relacionemos basándonos en el respeto, en la integración y en el reconocimiento de la diversidad como parte constitutiva de nuestras comunidades”, dice Diego Bogarín, quien estuvo a cargo del taller en representación de la Defensoría del Público.
Esta defensoría se caracteriza por trabajar con una perspectiva pedagógica, en reemplazo de una función sancionatoria. Esto significa que el organismo recibe reclamos por parte del público respecto a las prácticas de diversos medios y analiza las denuncias de forma interdisciplinaria. Con esto, se promueve la reflexión crítica y se gestan soluciones basadas en el consenso y en acciones reparadoras que revierten o modifican los problemas denunciados. Este esfuerzo por generar avances hacia la plena implementación de los derechos del público es el mismo que lleva a generar espacios de debates entre comunicadores sobre temas como el género. Desde esta perspectiva hay varias áreas estratégicas para la defensoría, como el área que trabaja la cuestión de la identidad y las orientaciones sexuales. Por eso este taller buscó, por un lado, reconocer derechos y, por otro lado, “dar a conocer la Ley 26.485 para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, sobre todo la violencia mediática”, como explica Diego.
El criterio principal a tener en cuenta por los comunicadores, según Bogarín, es comprender que siempre se habla de personas. Los comunicadores tienen que reconocer el derecho a la intimidad, el derecho a la dignidad y el derecho a un consentimiento explícito antes de hacer referencia a cualquier sujeto. “Y en el caso de que lo hagamos, tener los recaudos necesarios para realizar abordajes que permitan a las personas que accedieron a esa información reconocer la matriz de cómo opera la violencia y cómo se puede salir de esas situaciones. No solo aportar detalles morbosos o que apunten a una lectura de datos de la intimidad por mera curiosidad”, dice el representante de la Defensoría del Público, dejando en claro que la información tiene un fin social útil. Desde ese lugar los medios pueden hacer aportes necesarios para el empoderamiento de cualquier persona que esté atravesando una situación de discriminación o violencia.
La defensoría realiza su trabajo en dos áreas. La primera tiene que ver con el trabajo articulado con las organizaciones sociales, desde la cual surgen mesas de trabajo para elaborar, por ejemplo, manuales de recomendaciones para el abordaje de temáticas relacionadas a violencia contra las mujeres y contra los colectivos de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersexuales y Queers (LGBTIQ). “Estamos recuperando esos aportes de los organismos sociales para brindar herramientas a los comunicadores que tienen que reproducir hechos por medio de un comunicado y se encuentran con estas inquietudes”, comenta Bogarín. Tal es el caso de la comunicación que se hace de las personas transexuales, las cuales se suelen visibilizar en la agenda mediática a través de cuestiones vinculadas a la nocturnidad, a la prostitución o a la delincuencia. “El reconocimiento de lo que esa persona quiere o de cómo esa persona quiere ser nombrada es fundamental para que hablemos sobre ellos y sobre ellas. Sobre esas personas que son protagonistas de hechos sociales”, afirma el tallerista. La segunda línea de trabajo de la Defensoría del Público tiene que ver con monitoreos que se realizan de forma bimestral. Esto permite obtener un diagnóstico certero sobre el contenido vinculado a estas temáticas y, al mismo tiempo, estudiar cómo se visibilizan los colectivos sociales.
Desde que se conformó, el organismo constituyó equipos federales de capacitación y convocó a diferentes organizaciones sociales a participar de audiencias públicas que se realizan en diferentes regiones del país. Tal es así que el próximo 28 de agosto se realizará la audiencia pública del norte en la capital de Santiago del Estero. El objetivo para este 2015 será trabajar por la inclusión de niños, niñas y adolescentes en los medios audiovisuales. Para que en los medios, como dice Diego Bogarín, “hablemos de todos los derechos vulnerados a lo largo y ancho del país por situaciones de discriminación en la escuela, en el acceso a la salud y en el acceso a múltiples derechos que, aún habiendo legislación vigente, todavía no se cumplen”.
Para comunicarse con la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual se debe acceder a www.defensadelpublico.gob.ar o comunicarse, en forma gratuita al 0800 - 999 – 3333.