Cada vez es más frecuente escuchar la frase “justicia lenta no es justicia” ante causas, fallos y hechos. Las nimiedades, burocracias, dilaciones y procesos de la Justicia hacen que los tiempos de resolución de los conflictos se vuelvan inoperantes para las víctimas, familiares y amigos. Y ni hablar de los casos en los que la condena es injusta. El caso de Belén, la joven tucumana que fue sentenciada a ocho años de prisión tras un aborto espontáneo, según consta en su  historia clínica, no es un caso aislado. Lleva más de 900 días en prisión preventiva y aún no se define su situación.

Luego de un juicio oral bajo el tribunal de Dante Ibáñez, Néstor Rafael Macoritto y Fabián Adolfo Fradejas y de un fiscal que consideró que las pruebas eran suficientes como para no profundizar la investigación, el ministro fiscal Edmundo Jiménez consideró que el fallo de este tribunal es “arbitrario y, por ende, nulo”. De acuerdo al análisis del fallo del ministro fiscal, no se tiene en cuenta la vulnerabilidad física y mental de Belén al momento del hecho. Además, Jiménez criticó el accionar del personal médico del Hospital Avellaneda de Tucumán, donde Belén fue atendida y denunciada. Prejuicios y apariencias es la calificación que el ministro fiscal encuentra en los fundamentos. “El Tribunal no hace más que justificar la falta de producción de ADN sobre el feto encontrado en el baño del hospital. Nunca se probó con certeza cuál fue el sanitario en el que estuvo la joven y cuál en el que se encontró el feto y la autopsia presenta severas fallas en su realización. Además, la edad de gestación (del feto) es pendular (según los distintos relatos) a lo largo de todo el proceso”, dijo Edmundo Jiménez a La Gaceta de Tucumán. Si bien el pronunciamiento del ministro fiscal no es vinculante, su análisis tiene peso por su posición en el poder judicial de Tucumán.

El expediente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que debe expedirse a favor o en contra del fallo. De este modo la causa está en casación y la corte cuenta con 90 días para pronunciarse como plazo máximo. Noventa días en los tiempos de la Justicia, que tiene en cuenta solo los días hábiles, no considera las ferias judiciales y se inicia una vez que llega a despacho. “Lo que esperamos es que la corte no haga uso de ese plazo que, en el caso de Belén y de cualquier mujer privada de su libertad, es excesivo. Y que sea capaz de identificar como urgente la resolución de este caso”, dijo Soledad Deza, abogada de Belén y agregó que “el caso de Belén representa una violación muy grave al principio de inocencia”. Además, para que cualquier persona esté bajo prisión preventiva, es decir sin sentencia firme, tienen que darse ciertas cuestiones como el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación. “En el caso de Belén, la sentencia que dispone su prisión preventiva en ningún momento valoró eso, lo único que se valoró es la gravedad del delito. Para mí esta privación desde hace 26 meses es ilegítima”, aclaró Soledad. La preventiva de Belén fue prorrogada por seis meses más, luego del vencimiento de los dos años que ampara este tipo de prisión. “Nosotros lo que tenemos que pensar es que hay una joven que con 25 años entró a un penal indebidamente y que continúa allí hace novecientos días y que no sabemos todavía cuándo va a salir. La Corte tiene que entender que los pasos procesales no pueden perjudicar a una persona”, agregó la abogada de Belén.

Desde el país

De acuerdo a la Constitución Nacional Argentina, la organización de los poderes judiciales es territorial, pero la corte tucumana debe seguir los precedentes de los casos. El caso Baldiviezo representa un precedente nacional para la causa de Belén. Este caso se trató de una violación de secreto profesional en la ciudad de Buenos Aires, cuando los médicos del Hospital Fernández denunciaron a una joven de 28 años que llegó a la guardia con un aborto en curso. La presunción de que la interrupción del embarazo había sido provocada por la paciente llevó a que los médicos rompieran el deber de confidencialidad, que garantiza el derecho a la vida, a la salud y a la intimidad. Este precedente deja en claro la importancia del deber de confidencialidad y como las causas que se siguen luego de la violación del secreto son nulas.

Organizaciones de derechos humanos, agrupaciones políticas, movimientos de mujeres y organismo de género exigen la nulidad de la condena y la libertad para Belén. Por ello se conformó una mesa de apoyo desde la cual se plantean actividades y presentaciones conjuntas para visibilizar el caso. Esta mesa presentó un petitorio a Germán Garavano, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, quien tiene la rectoría en materia de justicia. Si bien ni la Corte Suprema de Justicia de la Nación ni el ministro tienen injerencia sobre las supremas cortes de las provincias, la importancia está en el hecho que la corte es la última instancia que puede traer justicia a Belén. “Lo que tenemos que pensar es que si bien el Estado nacional no ha dado un directiva particular, el primer amicus (curiae) que se ha presentado es del Consejo Nacional de la Mujer. Entonces nosotros tenemos que ver ahí un compromiso del Estado nacional en mostrar y visibilizar al poder judicial local todo un catálogo de violencia”, explicó Deza.

A esto se suma la presentación de diez amici curiae por parte de organizaciones sociales y de derechos humanos de todo el país a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, para solicitar la libertad de Belén. Amicus curiae significa “amigos de la corte”. A través de esta figura organizaciones, referentes en la materia o expertos en el tema se presentan para ilustrar al tribunal. Si bien esta figura no está reglamentada en la provincia, sí está reglamentada en la nación. “Por un lado es inédito la cantidad de amicus que se presentaron y, por otra parte, nos ayuda como defensa técnica porque tenemos organismos especializados en derechos humanos y de la mujer que están apoyando el pedido de libertad”, dijo Soledad Deza y aclaró que la figura de los amicus curiae permite construir la participación de la sociedad civil en causas que tienen un impacto social.

Desde el mundo

El caso de Belén superó las fronteras y hoy se debate en diferentes partes del mundo. Artistas, periodistas, especialistas y letrados opinan del caso y se muestran a favor de la liberación de Belén. El comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán las “Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Argentina” sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En este informe, el organismo con sede en Ginebra, pidió la revisión al Estado argentino de la situación que vive Belén. “El Estado debe revisar el “caso de Belén”, a la luz de los estándares internacionales en la materia, con miras a su inmediata liberación, y a la luz de este caso, considerar la descriminalización del aborto. Asimismo, el Estado parte debe multiplicar y asegurar la aplicación de programas de educación y sensibilización a nivel formal (escuelas y colegios públicos y privados) e informal (medios de comunicación y otros) sobre la importancia del uso de anticonceptivos y los derechos a la salud sexual y reproductiva" reza el punto 12 del órgano internacional competente. Esto tiene que ver con lo que se conoce en derecho como ‘convencionalidad de los tratados’. Es decir que cuando un Estado suscribe un pacto internacional se compromete a seguir las interpretaciones que respecto a ese pacto hacen los organismos de interpretación. En este caso, el comité de Derechos Humanos es un organismo de interpretación y por eso el Estado no puede hacer caso omiso a esa recomendación. “Esto también debiera revestir importancia a la corte al momento de los plazos procesales”, manifestó Deza.

A esto se sumó la presentación de 120 mil cartas exigiendo libertad para Belén desde diferentes partes del mundo. Las cartas fueron recolectadas por la organización no gubernamental Amnistía Internacional y entregadas ante la Secretaría de Gobierno y Justicia de Tucumán y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Los representantes de la filial argentina de Amnistía Internacional fueron recibidos por la ministra de Salud de la provincia, doctora Rossana Chahla. Desde el Ministerio de Salud se comprometieron trabajar en políticas vinculadas con salud y los derechos humanos, a través de la implementación de protocolo para estos casos y capacitación al personal médico. “Todo este circuito de violencia que sufrió Belén repercute más en caso de mujeres vulnerables que acuden a servicios públicos, que son jóvenes y que no necesariamente conocen sus derechos. Aquí hay un derecho  penal absolutamente selectivo que parece que se empecina en vulnerar derechos de mujeres en estas condiciones”, comentó Paola García Rey, directora de promoción y protección de derechos humanos de la filial argentina de Amnistía Internacional. “El caso de Belén está mostrando una Justicia clasista y patriarcal que se ensaña con un determinado sector de mujeres. Seguramente yo voy a abortar en la más completa tranquilidad y con seguridad. Voy a contar con médicos que van a bajar la voz a cualquier violación de derechos y voy a estar cómoda. A la cárcel por aborto solo van las mujeres pobres”, expresó Soledad.

Movilización nacional

Desde la mesa de apoyo a la causa se convoca a una marcha nacional el 12 de agosto. La consigna de esta marcha será “Libertad para Belén y Anulación de la condena”. El objetivo es preparar movilizaciones en las principales plazas de las provincias argentinas. En Tucumán, la marcha está convocada a las 17 h en los Tribunales Penales (Laprida y Sarmiento) desde donde se partirá hasta Plaza Independencia. “En el caso de Belén vemos como una cuestión que se inicia como un evento obstétrico, luego pasa a ser una causa judicial, luego una causa social, para finalmente ser un hecho político”, dijo la abogada de Belén y agregó que “en nuestro país todo lo que ocurre en el cuerpo de las mujeres termina siendo un hecho político”.