Una niña violada. Un hospital público. Un equipo médico que sigue el procedimiento correspondiente con el expreso consentimiento de la niña, con la respectiva autorización de la madre. Amenazas. La niña, la médica y el equipo de profesionales que acompañaron la intervención quedaron sin protección. ¿A quién protege el Hospital de Clínicas Nicolás Avellaneda? 

El Hospital de Clínicas Nicolás Avellaneda queda en el acceso norte de la capital tucumana. Al frente está el penal de Villa de Urquiza, la única cárcel de varones de esta ciudad. A esta institución llegó una niña de 11 años, y un equipo de profesionales compuesto por una médica ginecóloga, trabajadores sociales y profesionales de la salud mental le practicaron una interrupción legal del embarazo (ILE). A esta práctica absolutamente lícita le siguió una serie de escraches y amenazas dirigida principalmente a la médica.  

A esta misma institución, en el año 2014, llegó Belén, la joven acusada y condenada por un aborto espontáneo que finalmente resultó absuelta. “Belén es un caso extremo por la crueldad, la violencia y la violación a los derechos humanos que la llevó a estar presa más de 900 días”, recuerda Soledad Deza, abogada feminista e integrante de las agrupaciones Mujeres por Mujeres y Católicas por el derecho a decidir que además fue la defensora de la joven. Sin embargo, un caso mucho más reciente desenmascara el posicionamiento de las autoridades del hospital en contra no solamente de los derechos de las mujeres sino de los propios profesionales de la salud que trabajan allí.

“Hace un par de meses estuvimos acompañando a una criatura de 15 años en idénticas condiciones a las de esta niña de la que hoy hablamos, y el hospital Avellaneda rechazó realizar el aborto”, cuenta Deza y explica las razones argüidas por quienes se autoproclaman defensores de la vida. “La excusa era que no había en el plantel profesionales de la salud que no sean objetores de conciencia. Hoy nos queda más que claro que nos mintieron”, concluye y reflexiona sobre la gravedad de estos hechos que violan los derechos de las mujeres y de los mismos médicos que ejercen su profesión en este centro de salud. La objeción de conciencia es un derecho de los profesionales de la salud que se niegan a realizar intervenciones abortivas, pero, advierte Soledad, “la objeción de conciencia no puede ser bajo ningún punto de vista institucional. En primer lugar, porque una institución no tiene conciencia, pero además porque nadie puede imponer su propia cosmovisión a nadie: ni a las mujeres ni a los mismos colegas médicos”.

La interrupción legal del embarazo es un derecho de las mujeres contemplado en el artículo 86 del Código Penal vigente desde 1921. Este artículo establece excepciones a la punibilidad del aborto, por lo que es legal en casos de violación o cuando se encuentre en peligro la salud y/o la vida de la mujer. “La ILE es una prestación lícita y los profesionales no tienen que recurrir ni a una intervención judicial ni a ninguna autorización de ningún superior”, señala Soledad Deza. “¿Te imaginás un médico solicitando autorización a un superior para hacer una angioplastia? Es ridículo, son dos intervenciones absolutamente lícitas”, reflexiona.

La hipocresía, la mentira y la manipulación quedaron al descubierto con la práctica de la doctora Fabiana Reina, que siguió adelante con la intervención que correspondía a pesar de las presiones recibidas. Con la posterior persecución a ella y al equipo de profesionales que la acompañó en la interrupción del embarazo de la niña de 11 años. “No solamente había una médica que no es objetora de conciencia, sino que hay todo un equipo, porque no olvidemos que intervinieron trabajadores sociales y profesionales de la salud”, afirma Deza. La persecución a la médica y al equipo de profesionales que la acompañó en la interrupción del embarazo de la niña de 11 años despertó manifestaciones de solidaridad por parte de diferentes organizaciones feministas que el martes pasado llegaron a la puerta del Hospital de Clínicas Nicolás Avellaneda a repudiar estos hechos.

La mañana del martes, el portón de ese acceso al hospital Avellaneda estaba cerrado con candado. Las autoridades de la institución reforzaron la seguridad llamando a un grupo de policías que permitían el ingreso solamente de pacientes y dejando claro que organizaciones como la Red de profesionales de la salud por la vida y el aborto legal o la Red de estudiantes de la salud por el derecho a decidir no eran bienvenidas. 

“Nuestro apoyo a una médica que junto a su equipo han garantizado un derecho”, decía por micrófono una de las estudiantes, integrante de estos nuevos espacios que se conformaron y se van ampliando para acompañar a las mujeres. “Es necesario que en la provincia existan más profesionales comprometidos con la salud que garanticen los derechos. Sabemos que la ILE desde el año 1921 es legal en nuestro país y esta doctora lo único que hizo fue cumplir con su deber de médica”, sostenía la joven, y la exigencia porque la ministra de Salud se comprometa en que la salud pública sea garante de derechos se repitió en los discursos de todas las oradoras.

Al día siguiente, el miércoles 11, el hospital no solamente abrió sus puertas a las personas que se manifestaron con un pañuelo celeste, sino que también permitió el ingreso y resguardó la maqueta de un feto gigante realizado en cartapesta. Como si todo esto fuera poco, la institución se valió de su página de Facebook para convocar y postear las fotos en la que, escudados en el eslogan ‘salvemos las dos vidas’, dejaron claro que desde la institución no están dispuestos a cumplir con el artículo 86 del Código Penal vigente desde 1921. 

Profesionales que se unen en defensa de los derechos

La red de profesionales de la salud por la vida y el aborto legal se consolida día a día en la provincia. Actualmente está integrado por más de 300 personas y se sumaron a la campaña ‘Contá conmigo’, desde donde se posicionan con respecto al proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Esta situación de persecución a una médica tucumana que dejó a la vista el avasallamiento de los derechos de los profesionales de la salud los encuentra como organización más convencidos de la necesidad de esta red. “Esto que pasó es justamente con toda la intención de generar confusión, de generar desinformación, pero también para amedrentar, para que mucha gente que está de acuerdo con la interrupción legal del embarazo y tal vez también con la IVE y que trabajan en las instituciones de salud pública no puedan decirlo por miedo, por miedo a que sean denunciados, violentados en su práctica”, sostiene Guadalupe Iglesias, integrante de la red. “Es muy difícil hablar y opinar acerca de la temática de la legalización del aborto porque están estos grupos radicales que confunden conceptos morales, religiosos, filosóficos con algo tan claro como es el acceso a la salud pública”, agrega la psicóloga que además se desempeña en el Sistema Provincial de Salud. 

Guadalupe sabe lo que los números esconden y conoce las realidades que son silenciadas impidiendo la necesaria reflexión sobre el aborto clandestino como problemática de la salud pública. “En Tucumán hay más de 2040 egresos hospitalarios por aborto y no podemos seguir negando esa realidad. Lo que tiene que hacer, no solamente la provincia sino también la nación, es acoger esa problemática, darle visibilidad y hacer todo lo posible para que baje la morbimortalidad materna, que es un índice que, si bien contiene otras patologías, el aborto es de todas las patologías que lleva a la mortalidad materna la única que no está visibilizada”. 

Generar confusión, dice Guadalupe Iglesias y en la escena del día miércoles con el hospital resguardando una especie de muñeco con forma de feto realizado en cartapesta parece confirmarlo. En esa escenificación no se habla de la verdadera víctima ni se respetan sus derechos contemplados y reconocidos hace casi 100 años. Se pone el foco en un eslogan que no resiste análisis: ‘salvar las dos vidas’. 

“Los antiderechos van a salir a decir cosas que no corresponden. Mienten. Quienes estamos a favor de la despenalización tenemos las estadísticas claras, hablamos desde las ciencias”, sostiene la licenciada Susana Martínez, psicóloga y también parte de la Red de profesionales de la salud por la vida y el derecho a decidir. Y tratando de echar algo de luz entre tanta desinformación y confusión asegura que “el síndrome post aborto, por ejemplo, es una de las mentiras que circulan. Ninguna organización científica del mundo ha podido establecer tal síndrome. Esto no está descrito en ninguna sociedad científica en ningún lugar del mundo y es una mentira que se le quiere imponer a las mujeres para asustarlas”.

La preocupación ante los atropellos institucionales crece. La negación a una interrupción legal de un embarazo por parte del hospital Avellaneda recurriendo a una mentira, la presión a los profesionales de la salud para que no realicen este tipo de intervenciones, la persecución y las amenazas a aquellos que cumplieron con su deber demuestran la necesidad de profesionales y estudiantes a encontrarse y actuar colectivamente. “Nos organizamos porque justamente vemos este tipo de atropellos en las instituciones como el Colegio Médico, la facultad de Medicina, los hospitales, que se arrogan la representatividad de todos sus miembros”, destaca Guadalupe Iglesias. “Al fin y al cabo lo que están planteando es que, si esta ley sale, ellos van a obturar ese derecho. Y eso nos preocupa muchísimo, nos preocupa que se vea como una voz única”, y ejemplifica con lo ocurrido en el desfile del 9 de Julio. “Es inaceptable que, en Tucumán, el ministerio de Salud salga con este feto de cartapesta en el desfile arrogándose una representación que no es tal”. 

La pregunta queda ¿A quién protege el Hospital de Clínicas Nicolás Avellaneda? Entre el martes y el miércoles de la semana pasada, la institución parecía proteger más que a una niña de 11 años a un feto de cartapesta.