Por Adriana Guerrero para La Palta.

Desde el inicio de la cuarentena y hasta ayer, cuando todavía estábamos conmocionadas por la confirmación del femicidio de Camila y nos llegaba el dolor del hallazgo del cuerpo de Priscila, contábamos 23 mujeres asesinadas por violencia machista. En el medio, los chats se llenaban con más nombres que dolían como golpes: Soledad, Olga, Jesica.

No podemos, no queremos, nos negamos a seguir contando muertas.

Desde las organizaciones feministas y el movimiento amplio de mujeres habíamos advertido que el aislamiento social ponía en grave riesgo la seguridad y la vida de mujeres y niñes. Pedimos en ese momento que el Estado implemente políticas y mecanismos adecuados para protegerles. Sabemos que una persona aislada con quien la violenta y controla cada uno de sus movimiento difícilmente pueda salir a buscar ayuda. Más difícil aún es que llegue a presentar una denuncia. El aislamiento social dejó a estas personas más desamparadas. Ya no puede recurrir a la vecina, la amiga, la maestra, la agente sanitaria. La policía no da respuestas. En la mayoría de los casos no toman las denuncias. Los teléfonos habilitados no siempre atienden o atienden y derivan a la comisaría más cercana, que no toma las denuncias y volvemos a empezar.

La llamada en la emergencia requiere respuestas inmediatas. Los femicidios de estos últimos tres días ilustran con muchísima claridad el desamparo. La policía se negó a tomar la denuncia de la madre de Priscila por su desaparición. Camila tenía denuncias por violencia contra su femicida, que por orden del juez cumplía su condena en prisión domiciliaria, sin medidas de protección para Camila. Soledad ingresó a la guardia del hospital diciendo que tenía síntomas de COVID-19. En realidad, tenía un edema encefálico, fracturas de maxilar y costillas producto de los golpes recibidos. Quizás pensó que la única forma de protegerse era detrás del virus. A Olga la estranguló su marido en la casa que compartían. A Jesica “la encontró” muerta su ex pareja, un cabo de la policía. 

Hace más de 30 años que venimos denunciando, proponiendo y exigiendo al estado estadísticas oficiales para el diseño de políticas públicas de prevención. Más de 30 años que exigimos presupuestos reales para proteger a las mujeres y a les niñes. Más de 30 años hace desde que pedimos una educación en derechos humanos con perspectiva de género desde el nivel inicial para des-normalizar la violencia de género y modificar estereotipos y pautas culturales y sociales que la legitiman o propician la tolerancia y la impunidad. 

En el año 2013 la OMS afirmó que la violencia contra las mujeres es un problema de salud global de proporciones epidémicas que afecta a más de un tercio de las mujeres a nivel global, y en 2016 la ONU afirmó que la violencia provoca más muertes que la tuberculosis, la malaria y todos los tipos de cáncer, lo que la convierte en una pandemia. Esta pandemia, cuyas víctimas somos principalmente mujeres y niñes, no logró nunca ni la atención ni los recursos que hoy tiene el COVID-19. El Patriarcado nos hace sentir claramente que hay vidas que importan más que otras. 

Hoy resulta indispensable y urgente la coordinación del Estado con las organizaciones sociales y barriales para implementar servicios de consejería, asesoramiento y acompañamiento legal, atención de salud y refugios en ámbitos comunitarios y accesibles para las personas en riesgo. Campañas de comunicación masivas y permanentes para frenar y enfrentar la violencia hacia mujeres y niñes. Fiscalías especializadas y con atención permanente. Cumplimiento efectivo de las restricciones de acercamiento. Protección y monitoreo permanente a las personas con denuncias previas. 

La vida, la seguridad y la salud de las mujeres y les niñes requiere compromiso, voluntad política y presupuesto. Nada que no vengamos reclamando desde hace décadas.