“A la Legislatura tucumana le digo que la realidad muestra que hay una necesidad urgente de que el Estado se capacite en violencia de género, que la capacitación que propone la Ley Micaela debe ser obligatoria y permanente, es decir que no se termine en una única instancia, y que se debe incluir a todas las identidades de género”, dice Néstor García, padre de Micaela García, la joven cuyo femicidio en 2017 dio pie a las exigencias para que los organismos del Estado se capaciten en perspectiva de género. Néstor habló con La Palta este fin de semana tras haber escuchado de boca del vicegobernador Osvaldo Jaldo, a través de una videollamada, el compromiso de adherir a la ley que lleva el nombre de su hija. 

“Para mí sí fue importante hacer esa videollamada pública porque una cosa es adherir y otra es la forma en que se adhiera, y quería ese compromiso público de que se adhiera y que se hable de violencia de género, incluyendo a la comunidad LGBT y respetando los contenidos que la ley contempla, sin aceptar que no sea obligatoria”, aclara García. “Que no se crea que con haberse capacitado una vez alcanza porque estamos aprendiendo y construyendo, y seguimos ampliando derechos, entonces hay que actualizarse constantemente”. 

En la última semana, y después de un intenso trabajo por parte del movimiento de mujeres de Tucumán por visibilizar que esta es la única provincia que no adhirió a la Ley Micaela (Ley de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado N°27.499), los representantes del gobierno provincial se comprometieron públicamente al tratamiento legislativo. 

Pero los hechos que le siguieron a esta manifestación no dejan tranquilas a las militantes y activistas tucumanas. “Ocurre que nos alertan ciertas declaraciones. En esa entrevista con el papá de Micaela, el vicegobernador quiso demostrar su voluntad política pero a la vez deja entrever que se harán algunas modificaciones; y nosotras ya estamos cansadas de las artimañas que usan, exigimos la adhesión sin modificaciones porque conocemos las estrategias que usan para seguir negándonos derechos”, dice Agustina Vilte, integrante de la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito y una de las referentes más jóvenes del Ni Una Menos - Tucumán. “Y estamos alertas y atentas porque después de la cantidad de deudas que la legislatura tiene con nosotras y nosotres, sabemos lo que significa no solo lo que se dice sino, y sobre todo, lo que se calla”, señala. Para ejemplificar, enumera la mora de más de 15 años en la sanción de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, y de la reglamentación e implementación de la ley de Emergencia en Violencia contra la Mujer, entre otras. 

Un largo derrotero de dilaciones

Las trabas y dilaciones respecto a la adhesión a la Ley Micaela a lo largo de este tiempo quedaron a la vista cuando en agosto del año pasado el proyecto se retiró sorpresivamente del orden del día, horas antes de la última sesión de la Legislatura con la conformación vigente hasta ese momento. “Esto nos preocupó mucho porque dejaba claro que no había ninguna voluntad política de adherir y ante la nueva conformación de la Legislatura, con más representantes de sectores antiderechos y ocho bancas ocupadas por el bussismo, la situación se tornaba mucho más complicada”, comenta la abogada Marieta Urueña Russo, sindicalista judicial e integrante del movimiento Ni Una Menos - Tucumán. Sin embargo, en febrero, la presidenta de la comisión de Derechos de la Mujer, Marta Najar, promovió el trabajo y la elaboración de un dictamen único de adhesión que reúne los proyectos presentados hasta ese momento. 

Un dictamen aprobado en febrero, que establece la adhesión a la ley nacional y que especifica que el órgano de aplicación sea la Secretaría de la Mujer, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán, iba a ser tratado el jueves pasado. “Ese dictamen respeta el espíritu de la ley nacional -explica Urueña Russo- porque no solo queda en claro quién es el órgano de aplicación, sino también porque la Secretaría de la Mujer tiene como funcionaria a la representante de Tucumán ante el Consejo Federal de la Mujer -María del Carmen ‘Cuyi’ Carrillo-. Es decir tenemos claro quién está a cargo de la aplicación y sabemos que existe una perspectiva desde los derechos de las mujeres”. 

Cuando todo parecía más o menos encaminado, los sectores más conservadores de la Legislatura local presentaron proyectos de ley que incorporan ‘objeciones de conciencia’, que hablan de violencia doméstica desconociendo la violencia de género y dejan de lado a las diversas identidades de género (uno firmado por el bussismo y otro por el radicalismo representado por Raúl Albarracín). Es entonces que el movimiento de mujeres tucumano que incluye el Ni Una Menos -Tucumán, la Multisectorial de Mujeres y Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) realizó una serie de acciones para visibilizar que Tucumán es la única provincia sin adherir a una ley con más de un año de vigencia que busca capacitar en una problemática cada vez más urgente. Como respuesta a esta visibilización nacional Jaldo propició la entrevista con Néstor García. “En ese encuentro le aseguró la adhesión a la ley, pero respetándose la división de poderes y eso es lo que nos preocupa porque tenemos cabezas de los poderes que no están capacitadas y que han manifestado su oposición a lo que ellos llaman ‘ideología de género’”, advierte Urueña Russo. 

Hoy, martes 19, se reunió la Comisión de Derechos de la Mujer y se  aprobaron dos dictámenes que serán tratados este jueves. Desde Ni Una Menos -Tucumán aseguran que estarán atentas a que se apruebe la adhesión e insisten en que es imprescindible que el órgano de aplicación esté capacitado en la temática de violencia de género, mujeres y diversidad y que esté vinculado al Ministerio de la Mujer. “No veo la implementación fácil, veo una intención de calmar las aguas por parte del presidente de la Legislatura. No nos quedamos tranquilas porque vemos lo que viene ocurriendo, somos quienes conocemos el día a día aquí y tenemos registro de las entrampadas que nos han hecho. Entonces podemos entender cuando se hacen cosas para calmar las aguas y para que el país deje de mirar a Tucumán; por eso vamos a seguir de cerca cada paso y vamos a exigir que se garanticen nuestros derechos, la adhesión a la ley y su implementación como corresponde. Sabemos que el jueves, si se aprueba un proyecto de ley, sea cual fuere, vamos a tener que luchar por la implementación, porque se la reglamente y promulgue. Podemos festejar que se va a adherir a la ley pero tenemos que asegurar que esa adhesión no sea una trampa”, remata Urueña Russo y adelanta que para mañana está previsto un movimiento en redes sociales (tuitazo) exigiendo la adhesión a la Ley Micaela sin modificaciones.