Por Lourdes Concha y Julieta Pérez

“Nadie realmente llevó adelante el cupo laboral trans con un interés genuino”, dice Claudinna Rukone, artista y activista trans, sobre la situación de la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans en Tucumán. La Ley sancionada en diciembre del 2020 por la legislatura de la provincia, se propone garantizar “la igualdad de oportunidades para personas transexuales, travestis, transgénero y no binaries”. Sin embargo, luego de tres años y medio, continúa sin reglamentarse.

La realidad para las trabajadoras trans, especialmente las adultas mayores, dista mucho de lo prometido. La falta de reglamentación de la ley y la desidia gubernamental, dejan a este sector históricamente marginado sin oportunidades reales de acceso al trabajo digno. A esto se suma que la expectativa de vida para las personas trans es entre 35 a 40 años. “A muchas de las adultas que fuimos las gestoras de todo esto, las he visto emigrar para prostituirse en otros lugares y siguen sobreviviendo con la misma herramienta”, cuenta Claudinna.

Otra de las realidades de la comunidad trans es que las personas del colectivo, en muchos casos, fueron excluidas y vulneradas en diversos ámbitos como el educativo. “Entonces las personas que carecen o no tienen la formación académica suficiente para sostener un cupo laboral trans, están privadas de la posibilidad de mejorar su calidad de vida”, explica Lolo Franco, coordinador de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) en la provincia. 

La falta de datos precisos dificulta evaluar el impacto real del cupo laboral trans en la provincia. Lolo recuerda que hace unos años “se llegó a tener casi 50 personas en una municipalidad y muchos legisladores abocados en la temática de género y diversidad”. Sin embargo, los paradigmas políticos y las consignas van cambiando, y los vaivenes del contexto nacional y provincial han tenido un impacto negativo en las oportunidades laborales para las personas trans. 

A nivel nacional, la Ley de Promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero Diana Sacayán-Lohana Berkins (N.º 27.636) fue sancionada en junio del 2021 y establece que al menos el 1% de los cargos del Estado deben ser ocupados por personas travestis, transgéneros y transexuales (TTNB). Desde su aplicación hasta noviembre del 2023, 955 personas TTNB ingresaron a trabajar en el sector público nacional, según los últimos informes del monitoreo de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad del ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. 

“La mirada hacia las diversidades por parte de esta gestión está totalmente anulada, en Tucumán básicamente lo que quedó son resabios de algunas intenciones políticas de dedocracia”, dice Claudinna. La situación que vive el colectivo desde la promulgación de la ley, se agravó con la llegada del gobierno de Javier Milei. Según un relevamiento realizado por el Observatorio Zaguán TranSindical, en los últimos seis meses, se despidió a más de 130 trabajadorxs trans, travestis y no binaries. A esto se le sumó el recorte en políticas públicas para la comunidad LGBTIQ+, como la disolución del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.

“Me preocupa la situación de muchos compañeres que, en la pandemia o previo a ella, estaban en una situación paupérrima, la estaban pasando muy mal. Muchos han salido de la casa materna o paterna debido a situaciones de violencia gracias a un potenciar trabajo o un cupo laboral trans”, opina Lolo. “Sean o no del colectivo, la salida es colectiva. Volvamos a encontrarla en conjunto”, propone el referente. Ante este panorama desalentador, la unión y la organización del colectivo LGBTIQ+ se presentan como herramientas fundamentales para seguir defendiendo sus derechos y construir un futuro más justo e inclusivo.