Por Cintia Lorena Moreno, Giselle Florencia Prado y Milagros María Agustina Serrisuela, en el marco de la optativa de Comunicación y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

El 3 de diciembre de 2020, el colectivo travesti trans celebraba en Tucumán la aprobación de una ley que promueve un cupo laboral del 1% para personas transexuales, travestis y transgénero en planta permanente del Estado. Esto fue producto de la lucha incesante del colectivo, significó un gran avance y crecimiento en materia de derechos humanos, y dio un aire de un futuro esperanzador. Sin embargo, la realidad es otra y hoy nos encontramos con un escenario que dista de lo que se esperaba.

Aunque fue sancionada hace casi dos años, la ley aún sigue sin reglamentarse. El cupo laboral trans no se cumple en todos los organismos estatales y en los casos en donde dice cumplirse hay obstáculos para acceder al trabajo formal. Según Fernanda Rotondo y Martín González, integrantes de la organización Andhes (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales), un ejemplo de esto ocurrió en el Poder Judicial. Allí -según denunciaron-, con la lógica de un concurso normal, accedieron a los puestos de trabajo personas cis que se consideraban trans, ya que el criterio era la autopercepción; estos, además, contaban con estudios y no tenían dificultad para leer un texto en lenguaje jurídico, lo que dejó afuera a las mujeres trans que no cuentan con las herramientas pedagógicas necesarias. 

En palabras de Rotondo, el Poder Judicial no se encontraba capacitado para insertar laboralmente a las personas trans mediante este concurso democrático. “No se tomó en cuenta la vulnerabilidad de las condiciones sociales, la realidad en la cual viven lxs trans. Fue un concurso más de exclusión que de inclusión”, afirma. Competir por un cargo en las condiciones en las que viven las personas travestis y trans mayores de 35 y 40 años era una seria desventaja. Nuevamente se vieron excluidas de un sistema que las considera no competentes para incluirlas laboralmente.

La ley que decretaba que no podían establecerse requisitos de empleabilidad ni de terminalidad educativa quedó solo en el papel. “¿Cómo competir en un sistema para el cual no estamos preparadas?”, se pregunta Claudinna Rukone, activista por los derechos de las mujeres trans, quien milita hace varios años por el derecho al cupo laboral. “Es bueno que exista la ley porque significa la ampliación de derechos para la comunidad, pero ¿qué hacemos con el acceso a ese derecho? -agrega-. Este colectivo se encuentra en las mismas condiciones en las que estaba antes de la ley, trabajando en las calles como única salida para sobrevivir”.

“Lo primero que sufren las personas travestis y trans a la hora de buscar un trabajo es discriminación, burlas, menosprecio por su sola condición sexual”, relata Bruno Bazán, activista por los derechos de la comunidad LGBTQ+. Y agrega que, aunque exista la conquista legislativa, falta la real implementación de la ley como así también sensibilizar a la sociedad, ya que la población travesti trans sigue siendo objeto de discriminación y hechos de violencia.

Las trans mayores de 35 y 40 años, llamadas por el colectivo como las “generaciones de viejas”, ya que su expectativa de vida no supera esa edad, quedaron una vez más afuera del espectro laboral porque no tienen formación académica ni sociocultural: desde temprana edad se las marginó y no tuvieron la posibilidad de sociabilización. “No existe el trato digno, somos la burla fácil de la sociedad, somos una fantasía para mucha gente'', manifiesta Claudinna.

“En Tucumán no existe un registro formal de esta población, es un sector totalmente invisibilizado -dice Bazán-. Hay un desconocimiento de la ley por falta de comunicación, por falta de incorporación de personas trans en todos los ámbitos de la vida”. “Nadie se hace la pregunta ¿dónde estamos las trans? ¿Por qué no estamos ahí? ¿Por qué no estamos transitando esos espacios? Nadie se pregunta qué hacer o cómo ayudar, es imposible transitar así una sociedad, ¿cómo pretenden que nos armemos de valor para enfrentar todo eso sin formación y encima pidiendo por cupo algo que para mucha gente es un privilegio”, expresa Rukone.

Indudablemente, más allá de una ley hacen falta las discusiones, los debates, la toma de conciencia, la incorporación de personas travestis y trans en todos los ámbitos: social, político, educativo, laboral, de salud. “Las personas trans necesitan acompañamiento, necesitan políticas positivas para salir de la situación en la que están, que la expectativa de vida no sea hasta los 35 años”, manifiesta Rotondo.

Aunque admite que haber activado el cupo laboral en el Poder Judicial antes que en la provincia significó un avance enorme, Claudinna lamenta no haber podido favorecer a sus compañeras como hubiese querido “ya que la viveza de otros fue más fuerte que su deseo y su lucha -expresa-. Lo que más nos impulsa a seguir es la posibilidad de que las más grandes tengan una vejez digna”.

 Las leyes no representan una mayor democracia si luego no se las implementa. El derecho del cupo laboral trans no es un beneficio sino una medida de reparación del Estado para con esa población.