Ayelén Gómez es el nombre que abandera la lucha contra la transfobia en Tucumán. Como chica trans, su historia tuvo la aceptación de su familia y la búsqueda de superación al retomar sus estudios secundarios. Por eso, su transfemicidio representa la realidad de las comunidades trans/travestis en la provincia. A casi cuatro años de su asesinato en el parque 9 de Julio, se realizó un juicio oral abreviado que condenó a 12 años de prisión a Adrián “Bandera” Miranda. La fiscalía y la defensa llegaron a este acuerdo a partir de que el imputado aceptó ser el autor del crimen.

“Para Liliana (madre de Ayelén) esto fue una respuesta. Ella lo pudo haber rechazado y yo podría haber objetado”, dice Martín González, abogado querellante de la causa en representación de Andhes (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales). Y agrega: “Liliana viene de esperar cuatro años, cansada de lo que significa llevar adelante, desde la salud mental e integral, un proceso judicial. Yo le expliqué punto por punto de la sentencia y ella me dijo ‘yo si quiero eso’". Los fundamentos de la sentencia se conocieron esta semana y desde Andhes presentaron exhortaciones ante la falta de perspectiva de género.

Sin respeto por la identidad de género

La expectativa del tratamiento del caso siempre se pensó en relación a los antecedentes de otras sentencias a nivel nacional, como la del transfemicidio de Diana Sacayán que condenó a cadena perpetua al asesino. Por ello, el primer punto a destacar es la condena por homicidio simple. La querella insistió en que el caso se trate como un transfemicidio, contemplado en la ley de Identidad de Género y en la última reforma del Código Penal. Cabe recordar que en esta causa se juzgaron dos delitos de Miranda y la causa está caratulada no solo como homicidio, sino también por un robo agravado del imputado en otra situación que nada tiene que ver con Ayelén. “Nos pareció raro que un caso tan importante como el de Ayelén sea juzgado a la par de un robo agravado, en calidad de juzgar los crímenes y delitos del autor”, comenta González.

A los pocos meses del asesinato de Ayelén, en 2017, la querella hizo la primera presentación ante el Ministerio Público Fiscal para exigir que la caratula respetara la identidad autopercibida de la víctima, tal como la establece la ley. “En su momento nos dijeron que si las carátulas no aclaraban si la víctima era varón o mujer, mucho menos iban a aclarar que se trataban de personas trans”, cuenta González. Sin embargo, en 2018, luego de que se conociera la sentencia por el transfemicido de Sacayán, se realizó una nueva presentación. A esto se sumó en 2019 otra petición, en articulación con el Centro Educativo Mocha Celis, donde estudiaba Ayelén, y junto con la oficina de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Tucumán. “Cuando esta petición se elevó a juicio consideramos que ya no había que hacer otra medida. Pero cuando llegamos a la sala nos dimos con que la fiscal (Marta Jerez de Rivadeneira) se refería a las chicas como ‘los travestis’”, explica.

Desde Andhes resaltaron que en la sentencia se nombra en masculino tanto a testigas como a la propia Ayelén en 14 oportunidades. Además, en los fundamentos se menciona a la víctima en masculino de forma constante y repetitiva. No respeta la ley de Identidad de Género al no hacer uso correspondiente del nombre legal y del nombre identitario de Ayelén. Según el artículo 12 de esta ley, "cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar los datos obrantes en el documento nacional de identidad, se utilizará un sistema que combine las iniciales del nombre, el apellido completo, día y año de nacimiento y número de documento, y se agregará el nombre de pila elegido por razones de identidad de género a solicitud del interesado/a".

Una mala investigación

La querella sostiene también que la fiscalía realizó una mala investigación. En noviembre de 2017, se solicitaron estudios de ADN que luego no se realizaron y no se incluyeron como pruebas. Recién en 2021, a pedido de la querella, se llevaron a cabo los análisis con los que se identificaron tres rasgos genéticos desconocidos. “Uno podría haber sido de Miranda y los otros dos, nadie sabe. Por eso solicitamos que se vuelva la causa a la fiscalía y que se continúe con la investigación para que se pueda instruir la participación de otros sospechosos”, expresa el abogado.

Andhes exige la aplicación de la ley Micaela, que obliga a los agentes del estado a capacitarse en cuestiones de género. Por otro lado, exhortó a la creación e implementación de un protocolo de investigación para transfemicidios y travesticidios. Sostienen que los crímenes contra las mujeres trans se ejecutan con una letalidad en su cuerpo que es extrema y sistemática. Por lo tanto, es necesario que la Justicia haga una lectura sobre los contextos de muerte para entender por qué las mujeres trans son asesinadas de esa manera y en esos lugares.

Por último, Andhes solicitó la creación de un registro específico que contemple las muertes de personas trans y travestis, con el objetivo de contar con un número de criminalidad que permita repensar las políticas públicas. “No es que los transfemicidios y travesticidios nacen o brotan de la tierra. Todo tiene una explicación estructural y sistemática”, concluye González.