Mainumby está embarazada. Vive en Luque, una ciudad de Paraguay, con escasos recursos. Mainumby vive con su mamá, pues apenas tiene diez años. Ella sabe que ese embarazo no fue deseado. Ella sabe que fue su padrastro el que la abusó sexualmente. Ella tiene miedo y su mamá también. Temen por la vida de Mainumby. Ni el hospital, ni el Ministerio de Salud, ni el Estado autorizan el pedido de la madre de Mainumby para que se le practique un aborto seguro cuando el médico, que dio el diagnóstico de “un embarazo de alto riesgo por su corta edad y desarrollo incompleto del útero”, menciona la interrupción como una posibilidad. Y es que el riesgo que presenta Mainumby es muy alto, al medir 1,39 centímetros de altura, estar desnutrida y anémica, y pesar 34 kilos.

No se autoriza la interrupción del embarazo. Mainumby es apartada de su madre e internada en un hogar de la Cruz Roja paraguaya, bajo la figura de “abrigo”. El Estado obliga a la niña a completar su embarazo. Sin derecho a recibir visitas, salvo la de una tía que está de acuerdo con el embarazo, solo una vez a la semana durante dos horas. Jamás se escucha la opinión de Mainumby. No se tienen en cuenta los reclamos de la niña para ver a su mamá. No se le dice que su mamá está detenida por orden de la fiscalía, que la imputó por el delito de incumplimiento de deber de cuidado y complicidad con el abuso sexual. Y, como si eso no fuera suficiente, la niña es obligada a llevar a cabo tareas de limpieza en el lugar, a pesar de los dolores que siente. Angustiada, desinformada y sin su madre, a la niña le prescriben reposo hospitalario al tratarse de un embarazo de alto riesgo. 

Después del parto, la niña está traumatizada. Tanto que sufre un ataque de pánico la mañana en la que va con su familia a un hospital para preguntar por el acceso a los registros de vacunación. No quiere volver a un hospital. Se desespera cada vez que debe dar de mamar o cuidar del bebé. Durante su institucionalización en el Hospital de la Cruz Roja le negaron acceso a leche maternizada. Al contrario, le enseñaron y animaron a dar el pecho, lo que contribuyó a su trauma.

Mainumby deja la escuela a los 11 años. Mainumby es una niña madre. Una madre niña. Una niña mal.

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“Una niña es una niña, en ningún caso una niña es una madre”, dice Adriana Guerrero, integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM). Este comité presentó en marzo de 2016 un informe regional de Latinoamérica, titulado Niñas Madres, respecto a las niñas menores de 14 años que son forzadas a la maternidad infantil. El caso de Mainumby en Paraguay fue el disparador para que CLADEM realice un trabajo de investigación que sustenta por qué los casos de embarazo y maternidad infantil forzados deben ser considerados trato cruel, inhumano y degradante. “Los cuerpos de las niñas no están preparados para el parto, los riesgos de salud son inmensos”, afirma Adriana y complementa su explicación haciendo alusión al informe que demuestra que el hecho de que una niña pueda quedar embarazada no significa que puede parir de forma segura a un bebé. “La pelvis no crece por completo hasta más avanzada la adolescencia, lo que significa que las niñas pueden no ser capaces de empujar al bebé a través del canal de parto”, aclara el informe y explica que “las consecuencias en la salud física tienen relación con el escaso desarrollo debido a la edad, ya que la niña aún está en edad de crecimiento. La placenta se nutrirá de la madre, que en realidad es una niña. Eso significa que el feto en desarrollo absorberá calcio y otros nutrientes de una niña que todavía los necesita para sí misma. Asimismo, el embarazo incrementará la presión sobre el sistema cardiovascular”.

En Argentina más de 3 mil menores llegan a parir por año, según el estudio de CLADEM. Esta cifra se obtiene de los hospitales a partir de los casos de los nacidos vivos. Sin embargo, nada se sabe de las niñas que no llegan al parto o de los nacidos muertos. “No es lo mismo tener un embarazo a los 12 años que a los 16, pero no hay estadísticas desagregadas por edades. Tampoco se sabe nada del origen del embarazo y de los casos que no llegaron al hospital”, comenta Guerrero y se pregunta “¿Cómo atacas el problema si no lo sabes? ¿Cómo diseñamos políticas adecuadas para bajar esos casos de embarazos infantiles si no los hablamos? No tenemos idea de la cantidad de niñas que llegan embarazadas a los servicios públicos de salud, entonces no podemos desarrollar políticas públicas”.

El Estado debe garantizar la protección efectiva y condenar la reclusión forzada de las niñas en instituciones estatales o privadas que trabajan en relación estatal. Asimismo, estas prácticas deben ser consideradas trato cruel, inhumano y degradante, a la vez que el Estado debe cumplir con las convenciones y pactos internacionales que respaldan los derechos del niño. En Argentina la Convención de los Derechos del Niño y la Niña (CDN) tiene un rango constitucional. La CDN obliga a los Estados a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger a los niños contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. Además, obliga a los Estados que son parte a desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en materia de planificación de la familia, como así también a elaborar y ejecutar programas que proporcionen acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar, los contraceptivos y las prácticas abortivas sin riesgo. Esto se relaciona con la obligación de adoptar medidas para reducir la morbimortalidad materna y la mortalidad de las niñas adolescentes, producida especialmente por el embarazo y las prácticas de aborto peligrosas.

Según el estudio de CLADEM, es frecuente que se les ofrezca a las niñas que tengan los bebés y luego los entreguen en adopción a familias “bien constituidas” que les darán un buen nivel de vida. Sin embargo, en esta idea, en principio bondadosa, subyace el estereotipo de mujer instrumental. Es decir, el concepto de que las mujeres son meramente reproductoras, sin tener en cuenta que el embarazo genera consecuencias inmediatas y profundas para las niñas. “Además de las consecuencias inmediatas sobre su salud, educación y situación dentro de la comunidad, se alterarán para siempre sus relaciones sociales, posibilidades de desarrollo y el potencial de generación de ingresos. Se altera el curso de toda su vida”, explica el informe. Un caso local, cuenta Adriana, ejemplifica esta situación. En Tucumán, en la localidad de La Cocha, una niña de diez años quedó embarazada a causa de los abusos sexuales reiterativos por parte dos hombres de la localidad. Cuando la madre y la abuela de la niña descubrieron la causa decidieron hacer la denuncia en la comisaría local. Sin embargo, la denuncia no fue tomada por la Policía porque “para qué le van a arruinar la vida a la chiquita contando que ha sido violada”. A partir de ese prejuicio, la niña fue obligada a parir en el hospital donde esta madre y esta abuela nunca fueron informadas de que la niña tenía derecho a interrumpir legalmente ese embarazo que ponía en riesgo su vida. Finalmente, la pequeña de 11 años se tuvo que hacer cargo de un bebé. La vida de la niña entró en riesgo a partir de la desinformación por parte del Estado, de la negación por parte de la sociedad del pueblo, del prejuicio de la Policía. “¿Esa criatura va a volver a la escuela? ¿Va a tener una vida similar a la de otra niña?”, se pregunta Adriana Guerrero.

De acuerdo a la definición plasmada en el estudio de CLADEM, un embarazo infantil forzado se produce cuando una niña queda embarazada sin haberlo buscado o deseado y se le niega, dificulta, demora u obstaculiza la interrupción del embarazo. Este embarazo forzado puede ser causado por una violación sexual. También puede ser producto de una relación sexual consensuada, en la que la niña desconocía las consecuencias o no conocía el modo de prevenirlas. “Es el caso de niñas que no han tenido educación sexual, o habiéndola tenido no pudieron acceder a métodos de prevención de los embarazos y de anticoncepción de emergencia. En ambos casos hay responsabilidad de los Estados; en el primero, por no haber prevenido la violencia sexual contra las niñas y en el segundo, por no haberlas provisto de las herramientas necesarias para prevenir un embarazo”. En ambos casos la niña es vulnerada. En ambos casos la niña es una niña, y como tal, no es responsable del acto sexual del cual surge el embarazo. Por eso, aunque sea difícil entenderlo para ciertos dogmas, aunque suene frívolo para ciertas familias, aunque sea vergonzoso para ciertos pueblos: las niñas no son madres.