Por estos días los diferentes medios nacionales y locales se hicieron eco del llamativo titular "Esclavitud con glamour". El titular en sí encabezaba una nota periodística que denunciaba con nombre y apellido a los famosos diseñadores que en principio fabricarían sus vestidos en talleres clandestinos de Avellaneda (Provincia de Buenos Aires). Lo llamativo fue ver cómo los medios trataban el tema, y cómo periodistas, conductores, movileros y panelistas se hallaban atravesados por sus diferentes intereses. Por un lado, se encontraba la investigación realizada por "La Alameda", una organización civil que lucha en contra del trabajo esclavo. Esta organización se supo ganar el respeto y la confianza de muchos periodistas que ahora parecen no saber a quién creer. Por otro lado, se encontraban los famosos diseñadores denunciados: Benito Fernández, Jorge Ibáñez y Laurencio Adot. Todos ellos muy accesibles a la prensa, expertos en vestir a estrellas y eximios críticos a la hora de evaluar el look utilizado en la reciente entrega de los premios Martín Fierro. No es sorpresa para nadie decir que la mayoría de los periodistas, conductores y demás lucen los modelos exclusivos de estos mediáticos diseñadores (o al menos desean hacerlo).

Atravesados por estos intereses, los medios le dieron un tratamiento especial a la denuncia realizada por "La Alameda". Todos fueron muy prudentes al evitar afirmar de alguna manera la culpabilidad de los acusados. Incluso rompieron lanzas en nombre del legítimo derecho que reza "Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario". Resguardar por parte de la prensa ese innegable derecho debería ser moneda corriente en los medios de comunicación. Sin embargo, cuando se trata de "gente común", de cualquier hijo de vecino, pero de vecino pobre, aparentemente no se aplica el mismo derecho. No por lo menos para la radio, la televisión y la prensa escrita.

A menudo se ven titulares que sin dudar hacen el proceso judicial en una sala de redacción y publican: "Pibe chorro herido en tiroteo", "Maestro violador escrachado", "Asesina detenida por la policía". Sin sentencia firme, los medios acusan y juzgan antes que la Justicia. Determinan quién es culpable y lo publican. A nadie parece importarle si se mancha el buen nombre u honor de estos fulanos. Y si luego no se comprueba su culpabilidad o se determina judicialmente su inocencia, no existen mayores aclaraciones.

En el caso de esta denuncia de tanta repercusión en los medios, todos salieron a salvaguardar  la inocencia de quienes aún no fueron juzgados. Lo que no sólo es válido sino que es necesario. Pero esa misma presunción debe tenerse sobre cualquier otro acusado cuya culpabilidad no haya sido demostrada. La ley afirma ser igual para todos, los responsables de informar deberían recordarlo.