Muchas cosas quedaron por resolver respecto a las irregularidades que se presentaron a partir de la ordenanza 4425 del municipio de San Miguel de Tucumán, la cual fue sancionada el 22 de marzo y derogada un mes después (leer nota “Se deroga la ordenanza de destrucción de los pulmones de la ciudad”).

Una de las más importantes se encuentra en el artículo 2º que establece que podrán acogerse a los beneficios de esta disposición las obras en construcción y las que no posean a la fecha de sanción de la presente ordenanza final de obra. Este artículo es realmente controvertido, ya que dentro de las 120 manzanas ubicadas dentro de las cuatro avenidas hay más de 50 edificios que no tienen el final de obra debido a que las constructoras hicieron las cosas fuera de la ley.

Cuando un edificio empieza a construirse, se presenta en la municipalidad una carpeta del proyecto donde se especifica el plan y, si está en regla, lo aprueban. Una vez finalizada la construcción, la empresa presenta el final de obra, una carpeta controlada por una persona de la municipalidad verificando lo que se hizo y lo que no, reconociendo que en toda obra de arquitectura existen modificaciones desde que se inicia hasta que se finaliza, por lo que el final de obra sirve para controlar que se haga todo lo propuesto en el proyecto y si hay alteraciones que sea dentro de lo permitido. Sin embargo, a la hora de la práctica muchas empresas no hacen las cosas como las planearon, muchos edificios no consiguieron el final de obra porque, por ejemplo, ocuparon el final de manzana o construyeron sobre unos metros del pulmón de manzana.

A partir de ello, el artículo 2º de la ordenanza municipal genera debate, ya que se iban a poder acoger a esta ley todos los edificios que no tenían otorgado el final de obra por estar fuera de lo reglamentado, es decir que “todos los que habían hecho las cosas ilegales en los últimos dos años de repente están salvados, frente a todos los otros arquitectos o ingenieros que habían construido como lo establecía la ley”, explica la arquitecta Analía Valenti, una de las creadoras de la movilización social por los pulmones de manzana. Sin duda alguna, algo huele mal en todos y cada uno de los puntos establecidos en la ordenanza y, agrega la arquitecta, “ahí es cuando te das cuenta que sí hay intereses inmobiliarios de alguien en el medio de todo esto, sino que se empiece a regir a partir de ahora, no podés considerar a todos los edificios que hicieron las cosas mal desde mucho antes”.

Si bien la ordenanza fue derogada en sesión extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante, muchas son las empresas constructoras de edificios que se han acogido a la ley, ya que una vez salida la noticia en los diarios, concurrieron a la municipalidad a decir “yo me acojo a la ordenanza 2425, quiero mi final de obra” y, como es de esperar, la obtuvieron.

A partir de esto fue que un grupo de concejales propusieron sancionar a todos los edificios que se han refugiado en la ley. En primera instancia, se exigirá que se les quite el final de obra a los que lo han podido conseguir y, por otro lado, sancionar a los que hayan hecho las cosas fuera de la ley. “Si no hay pena para estos, más de uno se hará el vivo, y de última van a tener que tirar un par de paredes y plantar nuevos jardines y la cosa no es así, la problemática no se resuelve así”, manifiesta Valenti. Una posible sanción es que los dueños de las empresas constructoras se encarguen de realizar plazas públicas o de mejorar el equipamiento de algún espacio de la ciudad, ente otras posibilidades; pero una semana después de ser derogada la ley, todavía no existe ningún acuerdo respecto al accionar de la municipalidad en relación a estas irregularidades que son tan comunes en la ciudad y de las cuales son pocos los que se dan cuenta.

Delfina Campero

dcampero@colectivolapalta.com.ar