Casi seis años han pasado desde que se promulgó la ley nacional 26.150 - Programa Nacional de Educación Sexual Integral- y en la provincia su implementación brilla por la ausencia. La legislación establece que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada. Cada establecimiento escolar tiene la obligatoriedad de impartir un programa integral de educación sexual desde el nivel inicial hasta el superior. Según la ley, cada escuela debe adaptar la propuesta a su realidad sociocultural y a su proyecto educativo institucional, de manera gradual y progresiva.

Asimismo la norma reconoce a la educación sexual como un derecho de los niños y adolescentes. Un derecho que hasta la actualidad, al igual que muchos otros, no se cumple. Resulta interesante preguntarse porqué no se implementa en la escuelas tucumanas. ¿Será que en la sociedad aún perdura el prejuicio “de sexualidad no se habla con los más chicos”?

Es destacable reconocer que hay docentes que deciden, con coraje, implementar contenidos de educación sexual, pero, sin la debida autorización de los padres y la correcta pedagogía, se hace imposible en muchos casos. Embarazos no deseados, enfermedades de trasmisión sexual, acoso o violaciones silenciadas, son algunas de las consecuencias que enfrentan los jóvenes a causa no haber recibido información al respecto.

Mientras que la ley siga guardada en el cajón y tapada de polvo, las consecuencias seguirán aumentado. Los jóvenes continuaran en la incertidumbre, viviendo situaciones que resultan desconocidas, generando interrogantes que terminarán siendo respondidas en Internet o por un amigo ya que, al igual que en la escuela, en muchas casas de Tucumán “de eso no se habla”.

Exequiel Reinoso

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