La dignidad de las personas con discapacidad muchas veces es dejada de lado y esto se plasma tanto en el hecho de no poner rampas hasta en el trajín que padecen con las obras sociales que no les cubren (o les cubren solo un porcentaje) los tratamientos y la medicación necesaria para desempeñarse al máximo de sus capacidades. La palabra inclusión es corriente en discursos políticos, pero en ocasiones se la confunde con asistencialismo. Nadie niega que la ayuda económica que se da a las personas con discapacidad es importante y fundamental para su inclusión, pero no se debería acotar a lo económico, sino implementar con mayor amplitud los derechos que ya les son reconocidos pero, sin embargo, no se respetan. Derecho a la educación, al trabajo, a la salud, "lo que nos corresponde es por la dignidad de la persona y no por la discrecionalidad de las autoridades de turno", dijo el abogado Juan Manuel Posse en una conferencia brindada en el Colegio de Abogados de Tucumán a propósito de lo que le corresponde por derecho a la persona con discapacidad.

A pesar de la extensa legislación para proteger los derechos, muchos son los problemas con los que se encuentran los familiares a la hora de negociar con las obras sociales por la cobertura de tratamientos y medicación. La semana pasada un importante fallo judicial sentó precedente ya que se hizo lugar a una medida cautelar que se solicitó a favor de un niño con T.G.D. (Trastorno Generalizado del Desarrollo) para que la obra social de Prensa de Tucumán reconozca el 100% de las coberturas de las sesiones de fonoaudiología, psicología y pedagogía del menor.

La inclusión es cosa de todos y no se basa en mero asistencialismo sino en la posibilidad de que las personas con discapacidad interactúen en igualdad de condiciones.

Marianella Triunfetti

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