El 7 D pasó, con algunas penas y otras tantas glorias. Mientras unos denunciaron que la justicia se vendió al mejor postor otros hablaron de una justicia que sabiamente les había dado la razón. Sin embargo ayer, la tortilla parece haberse dado vuelta y los discursos volverán a cambiar. ¿Y todo por qué? Porque un multimedio presentó una medida cautelar contra el artículo 161 de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta medida es una herramienta que la justicia permite utilizar en ciertos casos y cuando considera que debe evaluarse los puntos objetados. Desde la presentación de la cautelar por parte del  conocido multimedio argentino hasta la actualidad, el 7 de Diciembre se convirtió en una especie de bisagra y fue tema de agenda en casi todos los medios de comunicación del país. Las opiniones se mostraron polarizadas a favor y en contra, de un lado se encontraba el gobierno nacional que impulsó la ley 26.522 y del otro lado lo que se ha configurado como la oposición: el multimedio Clarín. Cabe mencionar, que esta nueva ley, que viene a reemplazar una promulgada durante la última dictadura militar, se basó en una propuesta realizada desde las organizaciones sociales y desde los medios comunitarios  populares. Si bien, en el proceso se modificaron algunos aspectos, los impulsores iniciales del proyecto de ley sostienen que el espíritu de aquellos 21 puntos originales se encuentra expresado en la ley ya aprobada y reglamentada.

Uno de los puntos en cuestión es que esa dicotomía Gobierno-Clarín tendrá mucho valor simbólico en el escenario del poder, pero poco sentido en el aspecto de la política formal, porque a la hora de enfrentarse a las urnas, Clarín no participa. Otro de los puntos es que el tema ocupe tanto tiempo, espacio y energía en la agenda periodística. Ese hecho demuestra a las claras que lo que a esta empresa en particular la mueve no es el interés del público, sino sus propios intereses empresariales. Lo cual, si está bien o mal, no es algo que aquí quiera discutirse.

Lo que sí en estas líneas se quiere plantear es cuáles son los cambios que la implementación de esta ley produce en la realidad tucumana. Para saber sobre este punto se consultó a la Lic.Tina Gardella* que explicó que Tucumán no se ve afectado por el artículo 161 de la ley 26.522 ya que no comparte la situación de otras provincias como ser  Salta con el grupo Romero o Santiago del Estero con el grupo ICK y mucho menos aún con Buenos Aires. Entonces, la extensión y ahora levantamiento de la medida cautelar no lo afecta directamente.

Sin embargo lo que tiene que rescatarse, afirma la licenciada, es que la ley que fue sancionada en 2009, nunca dejó de estar vigente. Es en ese marco legal donde las diferentes organizaciones sociales vienen trabajando a lo largo de estos años, de hecho se lograron cambios que no tienen la presencia mediática del 161, la medida cautelar y el pasado 7D. Esta temática, dice Tina, fue instalada desde un lugar que reduce la ley a un tema de desmonopolización, lo que, a final de cuentas, resulta injusto por cuanto desconoce todas las otras dimensiones que operan en la construcción de la aplicación de una medida de esta envergadura. “De hecho antes y después del 7 D, con o sin medida cautelar se adjudican televisoras comunitarias, se inauguran radios como la que se inaugurará la semana próxima en el INTA en Famaillá, se ha inaugurado una radio en la escuela de Choromoro y eso lamentablemente es como que no trasciende”. Todo esto significa que la sociedad sigue trabajando en estas problemáticas y está aprovechando, más allá de los discursos que se instalan en los medios, los espacios que la ley ha abierto. Así menciona, por ejemplo, cómo en aquellos medios comunitarios, populares y alternativos hoy se reflexiona sobre la capacitación de los trabajadores, se discute si tienen que ser locutores habilitados o no, se plantea como problemática la sustentabilidad de los medios, entre muchas otras inquietudes.

Será momento de aceptar que más allá de los enfrentamientos que se muestran en la tele, en la radio y en los diarios, existen otras discusiones que ya están instaladas en la sociedad. Será momento, entonces de profundizar en esas discusiones y no dejar, como dice Gardella, que lo jurídico sea una disputa solamente de jueces, sino también una construcción realizada por el ámbito académico, desde el campo de lo social, desde las organizaciones sociales, desde los diferentes colectivos de comunicación. Que el marco legal sirva para potenciar la capacidad de apropiación de los espacios mediáticos es, en definitiva, el desafío de aquí en adelante.

Gabriela Cruz

gcruz@colectivolapalta.com.ar

*Lic. en Ciencias de la comunicación. Directora de la carrera de Locución en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Jefa de cátedra de las materias de Comunicación Radiofónica y Comunicación Alternativa de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán.