El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCAA, realizó la modificación de la resolución 1023 quedando lo que se conoce como resolución 982/13. La misma fue objeto de grandes debates por parte de documentalistas argentinos, incluidos los tucumanos, quienes iniciaron un espacio de discusión que les permita organizarse para impedir esta modificación considerada, en varios de sus puntos, antidemocrática y poco beneficiosa para los documentalistas.

Para poder entender la situación es necesario explicar que el INCAA impulsa una serie de vías de fomento para la actividad cinematográfica, que incluye subsidios otorgados por concursos. La denominada quinta vía, quid de la cuestión en el presente artículo, es una conquista de los realizadores audiovisuales que da lugar al fomento de la actividad documental, de menor presupuesto, en formato digital y calidad profesional (broadcasting). Estas últimas, características que no tienen las demás vías de fomento.

La resolución 982/13 conlleva varios problemas para los realizadores audiovisuales y Tucumán no está excluida de esta situación. Entre las desventajas derivadas de la modificación se considera, por un lado, el recorte en la cantidad de proyectos documentales digitales a ser evaluados, pone un cupo; por otra parte se dictaminó que los integrantes de los comités de selección, antes elegidos por cada asociación de documentalistas, serán elegidos por la gestión del INCAA; además se cambiaron los requisitos de admisibilidad de los audiovisuales creando un “Comité de Visualización” que tendrá poderes punitorios si considera que la película no se corresponde con el guión presentado unos 18 meses antes.

Desde varias organizaciones de audiovisualistas se cree que esto es un intento de una institución (INCAA) que responde a los requerimientos del gobierno nacional, y que pretende evitar producciones audiovisuales que traten temáticas como la megaminería, pueblos originarios, luchas sociales, etcétera, consideradas poco beneficiosas para la gestión de gobierno.

La situación es paradójica, porque por una parte la presidenta del INCAA, Liliana Mazure, indicó que la modificación pretende una mayor democratización, pero a la vez arrasa con el comité conformado por las diferentes organizaciones para poner "a dedo", desde la gestión, los integrantes del mismo.

Por el momento las negociaciones con el INCAA siguen abiertas, aunque ya adelantaron que no derogarán la nueva resolución, accedieron a realizar modificaciones. En Tucumán los documentalistas, tanto de organizaciones como independientes, se están organizando para poner un freno a la situación y defender la federalización de la producción.

Marianella Triunfetti

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