Ingresar al ámbito laboral es una tarea complicada para todos. Cubrir cualquier puesto requiere, cuanto menos, un título secundario en mano. Ni hablar cuando la persona interesada en trabajar presenta algún tipo de discapacidad. La tarea se complica aún más.

El derecho a trabajar que tienen las personas con discapacidad esta estipulado en la Ley nacional  número 22.431 y la provincial número 6.830. Según estas normativas, de protección integral de las personas con discapacidad, hay un cupo del 4 % que deben cubrir las distintas reparticiones públicas, centralizadas o descentralizadas, a favor de personas con discapacidad que tengan la idoneidad para los cargos. Pero en la realidad es casi imposible acceder a este derecho.

“Cuando una persona va a solicitar el ingreso para el cupo del 4% lo que le responden es que no tienen partida presupuestaria, que el cupo está lleno o que las vacantes están congeladas, entonces la persona con discapacidad queda relegada de ese derecho”, cuenta el abogado Juan Manuel Posse, especialista en esta área.

Raras veces se puede ver que se abran estos cupos. Últimamente sucede en las convocatorias para ingresar al Poder Judicial, pero en otras órbitas públicas no se da.

La norma tiene tantos condimentos, según comenta Posse, que imposibilita la vía judicial. Al no llamarse a concurso uno no tiene el resguardo normativo para hacer una instancia judicial por la vía del amparo.

Una posibilidad sería que la persona con discapacidad que necesite incorporarse al ámbito laboral lleve adelante una acción de amparo solicitando que el tribunal o juez ordene al Poder Ejecutivo que en la próxima convocatoria que haga, habilite un concurso especial para personas con discapacidad hasta cumplir con el cupo del 4%. Pero en los hechos sucede que la persona con discapacidad quiere entrar a trabajar y un proceso de estas características demanda mucha burocracia y, tal vez, no sea la persona que inicia la acción la que gana el concurso sino otra. “Nadie quiera accionar por este lado. Eso tendría que partir de alguna ONG que vele por los derechos de las personas con discapacidad. Además, todo esto genera un costo judicial que no están en condiciones de afrontar”, decía el abogado.

A nivel nacional tampoco es operativo el derecho porque la ley exige que, previo a la incorporación de la persona con discapacidad al ámbito público nacional, se consigne en el certificado de discapacidad la orientación laboral, el perfil de la persona en cuestión, pero los certificados que emite la provincia no contienen ese ítem, por lo que les es imposible acceder al puesto.

Si bien existen políticas de Estado que tienden a incluir a estas personas, tales como las asignaciones por hijo, las pensiones con discapacidad o los convenios con empresas que emplean personas con discapacidad por períodos cortos, no les soluciona sustancialmente la vida. “Estos son planes que se acotan en el tiempo o subempleos que tienen un espacio temporal acotado y que no le generan a la persona ni capacitación, ni la posibilidad de obtener una estabilidad en el ámbito laboral”, remarca Posse.

Muchas personas con discapacidad logran avanzar en sus estudios a pesar de los obstáculos que se les presentan en materia de cobertura de salud, transporte, inclusión o accesibilidad. Y, cuando creen que han vencido todas las barreras, se encuentran con una más porque sus derechos siguen siendo vulnerados.

Marianella Triunfetti

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