La semana pasada el pueblo de Misiones se manifestó en una consulta popular organizada por la Mesa provincial no a las represas. Más de 120 mil personas votaron y, según el conteo, hubo una arrolladora mayoría que dijo no a la construcción de las mega-represas de Garabí y Panambí. “Esperamos que el gobierno provincial, ante semejante expresión democrática y popular, cumpla con la ley 56 que tenemos en la provincia”, expresó Raúl Aramendi, de la Mesa provincial, en comunicación con el Informativo FARCo (Foro Argentino de Radios Comunitarias).

En Misiones la Ley VI-56 dice en su artículo 2: "Todo emprendimiento hidroeléctrico que requiera o utilice los recursos naturales hídricos de la Provincia, debe contar con la participación del pueblo de Misiones e intervención activa del Estado Provincial". Y en su artículo 6: "Para la realización de emprendimientos hidroeléctricos y represas se requiere la participación previa del pueblo de la Provincia de Misiones, a través del mecanismo de plebiscito obligatorio, vinculante e irrenunciable, y cuyos efectos duran mientras las condiciones particulares e históricas que dieron motivo a la decisión del plebiscito perduren". Además, Misiones adhiere a la Ley Nacional 25.675, Ley General de Ambiente, que fue sancionada en el año 2002. Uno de los objetivos de esta ley es "fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión". El gobierno de Misiones debería haber convocado a un plebiscito vinculante, esto significa que el resultado del mismo se tiene que transformar en ley provincial, pero hace tres años que niega este derecho del pueblo violando lo que establecen las leyes provincial y nacional.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no aconseja la construcción de mega-represas en zonas tropicales porque en las aguas aquietadas por el embalse abundan algas tóxicas, caracoles y mosquitos transmisores de enfermedades. “Es como hacer bombas biológicas”, explicó Aramendi respecto a las consecuencias que puede traer la construcción de las represas. Además, contó que en el embalse de Yacyretá, en la provincia de Corrientes, hay una epidemia de leishmaniosis canina, enfermedad producida por la picadura de un mosquito que se reproduce en aguas quietas bajo las condiciones climáticas de esas zonas y que se transmite al ser humano dando lugar a la leishmaniosis visceral.

Los problemas de sanidad son una de las consecuencias que trae la construcción de estas represas. De llevarse a cabo el proyecto hidroeléctrico, en Misiones se inundarían 35 mil hectáreas y en Corrientes 5.000 de tierra fértil, afectando a miles de familias. “El gobierno habla de 2500 familias. Nosotros recorriendo la zona nos hemos dado cuenta de que son muchas más. Ahora vamos a hacer un censo para ver los potenciales afectados”, contó Aramendi.

El pueblo de Misiones ya cuenta con un antecedente en esta materia. Hace 10 años, con el 85% de los votos, dijeron que no a la represa de Corpus. El procedimiento fue el mismo. A partir de la presión que generaron desde diferentes organizaciones ambientalistas y sociales el Estado provincial llamó a un plebiscito vinculante que luego se convirtió en ley. “Lo que estamos votando no es solamente contra la represa, estamos votando para reafirmar la democracia. Acá lo que se está desangrando es la democracia porque se avanza hacia posiciones cada vez más autoritarias”, remarcó el integrante de la Mesa provincial.

Desde la mesa se apuesta a energías limpias y aseguran que existen otras alternativas para generarlas. Aramendi comentó que se ha presentado al gobierno provincial y nacional proyectos para generar la misma cantidad de energía eléctrica, que tienen un fuerte aval científico-técnico, sin consecuencias para la población y el medio ambiente. El problema, advierten, no es la falta de alternativas sino la voluntad política de concretarlas.