Las últimas semanas fueron más que importantes para las comunidades campesinas e indígenas del país. Luego de varios años de lucha, finalmente se convirtió en ley el proyecto de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar. El jueves 18, por unanimidad, la Cámara de Senadores de la Nación aprobó el proyecto y se marcó un quiebre en la reivindicación del rol de los agricultores familiares, campesinos e indígenas en la economía nacional. 

La nueva legislación fue recibida con alegría por los distintos movimientos sociales, que fueron los protagonistas en este largo proceso. Según contó Luis Castillo, de la Asamblea Indígena del Norte Argentino, la ley nacional es fruto del trabajo en conjunto. “Fue una lucha permanente que nos costó seis meses. Primero acordar con las organizaciones, luego con el ejecutivo y el ministerio, y finalmente trabajar con la comisión de agricultura. Estamos bien porque tenemos una ley, pero es una lucha que seguirá”, sostuvo. 

Todos los artículos de la norma son importantes, aunque las organizaciones que participaron en la formulación del proyecto destacaron que tres son fundamentales. Se trata de la función social de la propiedad, la participación de las organizaciones y los pueblos originarios. “Estas tres cosas son la vida de esta ley porque sino es un papel y nosotros no queremos esto. Hay muchas leyes que están bien escritas pero no se llevan a la práctica porque no tienen recursos”, explicó Castillo. 

Al hablar de recursos, Luis hace referencia al presupuesto que destinó el Ejecutivo Nacional para incentivar y promover la agricultura familiar. Según informó el jefe de gabinete de ministros, Jorge Capitanich, 1500 millones de pesos será el presupuesto destinado. “Nosotros creemos que con esto podemos levantar la agricultura familiar, porque hay algunos funcionarios que creen que el campesino debe seguir transpirando y que ahí esta la solución. El campesino trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero si el Estado no invierte, no habrá despegue ante la competencia del modelo del agronegocio”, agregó el integrante de la Asamblea Indígena del Norte Argentino. 

La ley contempla un capítulo especial que define a la tierra como “un bien social” y establece las pautas para que el Poder Ejecutivo permita el acceso a este recurso natural por parte de los agricultores familiares, campesinos e indígenas. Además, prevé la creación de un banco de tierras que serán adjudicadas en forma progresiva y, en cuanto a los desalojos, la norma suspende por tres años “toda ejecución de sentencia y actos procesales o de hecho que tengan por objeto el desalojo de agricultores familiares”.

La concreción de la legislación es, sin lugar a dudas, fruto del trabajo conjunto y la maduración de las organizaciones. A partir de ahora, comienza una nueva etapa en la lucha: lograr reglamentar la ley para que su implementación sea una realidad palpable. Por eso es que Castillo no dudó en expresar que “el esfuerzo debe seguir, no tenemos que dormirnos. El año que viene nos encontrará más unidos para seguir luchando”.