Durante una entrevista radial, realizada el jueves 26 de marzo, el Ministro de Economía de la Nación Axel Kicillof afirmó desconocer la cantidad de personas que viven en la pobreza o indigencia.  Al ser consultado acerca de estos datos el ministro respondió: “Cuántos pobres hay es una pregunta bastante complicada. Yo no tengo el número de pobres, me parece que es una medida bastante estigmatizante”. Dos cuestiones principales se desprenden de esta afirmación.

La primera se relaciona con la tarea que realiza, o debería realizar, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dependiente del Ministerio de Economía. En 2007 este organismo fue intervenido. A partir de entonces las críticas a los informes publicados por el INDEC cayeron en un desprestigio de dimensiones generales. Los índices oficiales de inflación mensual desde febrero de 2007 y hasta fines del 2013 rondaron alternativamente entre el 0,6; 0,7 y 0,8% configurando escenarios de inflación anual que promediaban el 8,5%. La irrealidad del número final (un promedio de la inflación real durante ese período, según fuentes extraoficiales,  ronda el 24% anual) solo fue superada por la extrañísima regularidad de las tasas mensuales. Una regularidad que es prácticamente sobrenatural, en el marco de la situación económica del periodo. 

A partir de noviembre de 2013, con la salida de Guillermo Moreno (quien llegó a denunciar penalmente a la titular de una fundación por realizar mediciones científicas de inflación) en el área de influencia del INDEC y la entrada de Axel Kicillof, los índices de inflación tomaron un poco más de seriedad. Los datos mensuales se acercaron a los que publicaban organizaciones gremiales (CGT-CTA), educativas (Universidad Católica Argentina) y sociales. Sin embargo, dejaron de publicarse datos relevantes como los de pobreza e indigencia. El 23 de abril de 2014 se generó un acalorado debate público cuando el Ministro Kicillof se negó a publicar los índices de pobreza correspondientes al segundo semestre de 2013, publicación que corresponde por ley y había sido anunciada.   

Respecto a esta primera cuestión Ernesto Gómez Rossi, responsable del Instituto de Investigacion Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) de Tucumán, opinó que el desplante de 2013 y el último exabrupto del ministro se relacionan con una notable contradicción. La misma se genera entre el discurso oficialista respecto a los resultados de las políticas económicas y de desarrollo social, adoptadas por el gobierno nacional, y las condiciones de vida reales de un importante sector de la población: “En la actualidad, luego de una mejoría importante entre los años 2003/2006; donde la pobreza había descendido hasta el 13%, y la indigencia llegó a ubicarse en un dígito (en 2002 la pobreza afectaba a más del 54% de los argentinos y la indigencia al 25%), la situación crónica del subempleo y el trabajo precario (que afecta al 40% de la población económicamente activa), el estancamiento y retroceso en la creación de fuentes de trabajo, la inflación, y los bajos ingresos promedio de la población ocupada y desocupada, han deteriorado el poder adquisitivo dando como resultado el incremento de la pobreza y la indigencia en los últimos años. Esto es una realidad a pesar del discurso que indica que los más beneficiados por el modelo económico actual han sido los sectores más vulnerables y configura el fracaso de algunas políticas que son buenas pero que, espasmódicas, aisladas y sin el acompañamiento de estrategias de redistribución real de la riqueza, acaban por ser el maquillaje de un modelo excluyente”

En relación a la función del INDEC como evaluador de la situación socioeconómica de los argentinos, Gómez Rossi describe dos formas en las que se viene desarrollando esta evaluación desde hace décadas. “Por un lado la ‘pobreza por ingreso´, asociada metodológicamente a una Canasta Básica de Bienes y Servicios que determinan una Línea de Pobreza y una Línea de Indigencia, por debajo de las cuales las personas y familias viven sin cubrir sus necesidades básicas, y se encuentran en situación escasez. Por otra parte, la que asocia la situación social desfavorable de las familias a un conjunto de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), que dan el grado de privación de las personas y familias en relación a indicadores como la vivienda, la salud, la educación entre otros; en virtud de la complejidad de las situaciones sociales desfavorables de las personas. En la década de los ’90 se comenzó a hablar de ‘pobreza estructural’ en relación a aquellos sectores de la población que llevaban más de una generación en situación de vulnerabilidad social. En la actualidad se describe la ´pobreza convergente’, mediante el Índice de Privación Material donde confluyen la privación patrimonial (en sentido monetario corriente), con la privación material en sentido amplio (relativa a un conjunto de necesidades materiales y culturales amplias como las NBI)”

En definitiva, conceptos como vulnerabilidad social, pobreza, indigencia; buscan reflejar una situación de exclusión y desigualdad objetiva, y el grado de la misma, que se verifica en la sociedad en un momento determinado. Para resolver a mediano y largo plazo el deterioro de los indicadores sociales hay que comenzar por poner blanco sobre negro la realidad, y en ese sentido, la investigación y los indicadores sociales son, como en cualquier orden, herramientas técnicas de conocimiento de la realidad y empoderamiento de la sociedad para diagnosticar su situación y encarar propuestas capaces de superarla.

En Tucumán la situación con respecto al manejo de estadísticas e indicadores sociales no es diferente. Las estadísticas publicadas en la página de la Dirección de Estadísticas de la Provincia son una reproducción de los informes del INDEC intervenido. Según estos informes en el primer semestre de 2013 (último informe disponible) la pobreza afectaba al 4,6% de la población del Gran Tucumán y Tafí Viejo, mientras que el 0,6% de los pobladores de esta área vivían en condiciones de indigencia. Estos datos, que se comparan a los de los países más avanzados del mundo, son muy poco serios.  La reproducción de los informes nacionales responde a la imposibilidad de publicar datos propios.

José Luis Ruiz, ex director de Estadísticas de la Provincia, fue removido de su cargo el 20 de agosto de 2014 por diferencias con el oficialismo local; su pase a las huestes del amayismo le valió su expulsión. En declaraciones a los medios locales denunció que durante su gestión (2006-2014) se realizaron los estudios que calculaban la evolución de los principales indicadores sociales pero que tenía prohibido publicarlos, sólo tendrían acceso a estos análisis los funcionarios del gobierno actual. A pesar de la obligatoriedad legal de publicar esa información, Ruiz decidió acompañar con su silencio la decisión del gobierno de esconder los datos recabados. Luego de su alejamiento del alperovichismo fue nombrado Asesor en Materia de Información y Estadísticas de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, como si ocho años de mutismo estadístico no hubieran bastado.

Debido a esta situación desde el ISEPCi se desarrolló desde 2013 el Indice Barrial de Precios (IBP) con el que miden todos los meses la evolución del costo de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) que marca la línea de indigencia y de la Canasta Básica Total (CBT) que indica el ingreso que debe alcanzar una familia tucumana para no ser pobre.

Según informó Gomez Rossi para febrero de 2015, la Línea de Indigencia en Tucumán se ubica en los $2785 (CBA), mientras la Línea de Pobreza (CBT) está por encima de los $6500, situando al 36,1% de la población en la pobreza (más de 360.000 personas), y al 6,9% en la indigencia (más de 50.000 tucumanos). “Los valores de los indicadores sociales nuevamente han alcanzado el promedio de la década de los ’90, más allá de los avances conceptuales en cuanto a la recuperación del rol del Estado y de las políticas públicas en tal sentido, y más allá de una propaganda que no da cuenta objetiva de la realidad concreta”.

“Por qué no te callas”

El segundo elemento que surge de las declaraciones del Ministro de Economía es la cuestión de la estigmatización. Para Kicillof la medición de la pobreza es “bastante estigmatizante”.  Si  bien desde el discurso, y en términos generales, el gobierno nacional ha tratado de representar a los sectores desprotegidos de la sociedad, incluso reconociendo algunos derechos básicos que durante décadas fueron negados (Asignación Universal por Hijo por ejemplo) es proverbial la capacidad de muchos funcionarios para ejercer sobre los pobres una violencia simbólica que resulta extraña en una época donde lo “políticamente correcto” es un elemento primordial en la relación con lo público.

Beatriz Rojkés de Alperovich es una persona de la que el kirchnerismo no puede desentenderse. Esposa del gobernador de Tucumán representó al modelo actual como Diputada Nacional (2005-2009) y Senadora Nacional (2009-2015), cargo con el que llegó a ser la segunda persona en la línea de sucesión presidencial. Mujer sin ningún tipo de cualidad, capacidad o talento político, legalmente, fue por unas horas presidenta de los argentinos ante la coincidencia de la ausencia de Cristina Fernández y Amado Boudou. Desde 2006 hasta la actualidad ocupa la presidencia del Partido Justicialista tucumano y fue considerada durante un tiempo como posible candidata a suceder a su esposo al frente de la gobernación. Desestimada esta opción, probablemente, volverá a ser candidata a un cargo nacional en las elecciones de octubre. 

Sus expresiones agresivas son el elemento distintivo de su accionar público. En 2012 acusó a los familiares de una nena de 6 años que fue asesinada de dejarla abandonada mientras se dedicaban a alcoholizarse. “No podemos poner al señor Estado a la par de una familia que está borracha y permite que una nena de 6 años ande sola”. Claro, la niña no vivía en un barrio cerrado, ni formaba parte de las clases medias, o altas, sino que vivía en una de los barrios más carenciados de la capital tucumana. Uno de los barrios que no forma parte de las estadísticas de pobreza porque éstas no existen. Esta acusación sin ningún tipo de fundamento fue una de las primeras exposiciones que pintaron de cuerpo entero la conciencia faschistoide de la senadora kirchnerista. Obviamente debió disculparse, probablemente obligada por sus asesores y sin entender muy bien por qué debía hacerlo.

Recientemente volvió a la carga con sus estigmatizaciones cuando gritó a un damnificado por las inundaciones que afectaron a las poblaciones del sur de la provincia que era un “pedazo de animal, vago de miércoles” porque este acusó al gobierno de no tomar las medidas necesarias para evitar que pueblos enteros queden aislados y la gente pierda sus pertenencias. Las ideas expelidas por la senadora, así como la elección de los adjetivos no es casual, responden a la visión que algunos sectores de las clases acomodadas tienen acerca de quienes viven en situación de vulnerabilidad. Para ellos la pobreza y la marginalidad son una decisión personal, nunca un problema social del cual el Estado es responsable. Esta perspectiva se reproduce en los sectores medios y altos, forma parte del sentido común de quienes tienen estabilidad económica y se expresa, con una particular saña, por ejemplo, en los comentarios de lectores de los medios gráficos, sección que se caracteriza por expresiones estigmatizantes y discriminatorias. 

Lo de Beatriz Rojkés es sólo un ejemplo, Sergio Berni (Secretario de Seguridad de la Nación) acusando de violentos a los obreros que reclaman por despidos como forma de justificar la represión de las protestas, el Gobernador de Formosa Gildo Insfrán quien descalifica a los líderes indígenas que luchan contra la brutal represión que ya se cuenta con más de 15 indígenas asesinados por la policía provincial o en circunstancias muy extrañas configuran los casos más relevantes del uso de estigmatizaciones que justifican el accionar de los funcionarios.

Estudiar la composición de las problemáticas sociales no puede, de ninguna manera, configurar un escenario de estigmatización sobre las personas menos favorecidas por las políticas del Estado; sí lo hacen expresiones de este tipo.

El debate sobre lo público debe ser abordado con seriedad, no se pueden esconder bajo un progresismo “new age” las falencias de las políticas sociales o los efectos que las políticas macroeconómicas tienen sobre la vida de las personas, como ya se dijo conocer los datos de pobreza e indigencia son un elemento básico para buscar las soluciones y dar a las personas una mejor calidad de vida en un país que tiene los recursos naturales y humanos para alcanzar estándares de vida mínimos.