Jóvenes tucumanos de 16 y 17 años salieron a la calle la semana pasada para reclamar lo que, aseguran, es un derecho que está siendo vulnerado. “Creemos que los jóvenes, a partir de este derecho, tenemos la posibilidad de participar directamente y ser ciudadanos plenos ejerciendo el derecho a votar y decidiendo sobre el futuro y el presente de nuestro país”, dijo Sofía Solórzano, una adolescente integrante del movimiento Jóvenes autoconvocados por el derecho a votar, que el pasado lunes se concentró en Plaza Independencia.

El reclamo se generó a partir de que la sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad de la ley provincial 8.532. Este planteo fue realizado por Arturo Forenza, apoderado en Tucumán del partido Propuesta Republicana (PRO), liderado por Mauricio Macri a nivel nacional. La mencionada ley fue sancionada en octubre de 2012, y tuvo por objetivo quedar en consonancia con lo establecido en una ley nacional que se habilitó a sufragar a jóvenes de 16 y 17 años. Este voto joven tiene como característica que es voluntario y no obligatorio.

El pedido de declaración de inconstitucionalidad sostiene que la ley 8.532 es contraria a la Constitución Provincial que, en su artículo 43, establece que el derecho a votar puede ser ejercido a partir de los 18 años. De esta manera, los jóvenes que están en este rango de edades pudieron participar de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) nacionales del pasado 9 de agosto, pero no podrán hacerlo en las elecciones provinciales del próximo 23 de agosto. “(…) Me parece una interpretación parcial de la Constitución. Las normas no se tienen que interpretar de manera aislada sino en un conjunto, porque por eso es un sistema jurídico”, opinó Marieta Urueña Russo, secretaria de Derechos Humanos de la organización política La Cámpora, que acompañó a los jóvenes en su reclamo.

Marieta habla de interpretación aislada de la Constitución Provincial porque tiene en cuenta que el voto joven fue producto de una ampliación de derechos para los niños, niñas y adolescentes, a partir de que el Estado argentino adhiriera a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Si bien la Constitución provincial establece que se puede sufragar a partir de los 18 años, explica Urueña Russo, hay también otros artículos de la Constitución provincial, e incluso el propio Preámbulo, que hablan de la preparación de los ciudadanos para la vida democrática. Por otra parte la constitución provincial no contradice derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales. Respecto a esto Marieta dice: “la Convención estaba hace mucho en la Constitución Nacional pero recién en los últimos años hemos empezado a entenderla en lo cotidiano. Una (de las formas de entenderla) es dejar a los adolescentes que se manifiesten a través del voto (…)”. Esto, opina, está relacionado con un cambio de paradigma respecto al lugar y al rol de los jóvenes, una mirada que contempla la progresividad en el ejercicio de derechos. “Nuestra idea es pelear por este que es nuestro derecho, creemos que es la posibilidad de que nuestra democracia se amplíe”, opina Luis Anamis, presidente del Centro de Estudiantes del colegio Gymnasium, quien asegura que los jóvenes vivieron un proceso de participación importante en las elecciones legislativas pasadas, donde sí pudieron votar. “(El voto joven) es una conquista fruto de su lucha y es un derecho que no se debe resignar”, dijo Ariel Osatinsky, Secretario General de ADIUNT, que también acompañó a los jóvenes en el reclamo.

La Convención Internacional de los Derechos del Niño significó un cambio de eje y de visión respecto a los niños y la juventud. El voto joven pone a la sociedad de frente con la situación de, en palabras de Marieta Urueña Russo, verlos “como ciudadanos que están en formación y por lo cual hay que ayudarlos, o si los ve comoun conjunto de chicos que hay que tenerlos contenidos hasta que cumplan 18 años y salgan a ejercer sus derechos”. Si bien el representante del PRO que solicitó la declaración de inconstitucionalidad sostiene que el objetivo es, únicamente, que se respete la carta constitucional, detrás de la acción se puede vislumbrar una visión negativa sobre la juventud, visiones que no creen en la capacidad de los adolescentes para decidir y actuar.

Ante este discurso los jóvenes se manifestaron y dijeron ¡sí podemos y queremos participar! Mientras tanto el asunto está en manos de la justicia, que será la que decida si este grupo puede hacer uso de un derecho reconocido a nivel nacional.