Marco Polo, el viajero veneciano, contó que hacia el siglo XIII prosperaba en China la ciudad más poblada del mundo: Hang-Cheu. Una de las particularidades de esta urbe residía en el hecho de que cada tanto se producían incendios que afectaban a gran parte de la ciudad. Resulta que la arquitectura popular, en esos tiempos y en ese lugar del mundo, estaba basada en la madera y, especialmente, en el bambú. La falta de planificación urbanística, con barrios muy populosos de casas pegadas unas con otras, ayudaba bastante en la propagación de estas catástrofes por lo que cada tanto la ciudad entera debía ser reconstruida. Numerosas medidas debían tomar los gobernantes para tratar de evitar o minimizar la propagación de los incendios. Impedir que se prendieran velas a partir de una determinada hora de la noche era una de ellas; quien era sorprendido con una luz dentro de su hogar en altas horas de la noche podía ser desterrado sin muchos trámites burocráticos.

A pesar de estas acciones, los incendios seguían propagándose generando terror en la población. Este tipo de sentimientos, el terror, el pánico, el espanto, poco ayudaba cuando el fuego comenzaba a trasmitirse de casa en casa. Un curioso edicto imperial prohibió el miedo. Ante el conocimiento del ígneo suceso, el Hang-Cheunte común, el ciudadano de a pie, debía mantener la calma y esperar las respuestas estatales que no tardarían en llegar. Aunque parezca increíble el edicto no dio muchos resultados y los incendios, haciendo caso omiso a las sagradas órdenes, siguieron produciéndose ante el asombro del emperador y sus subalternos.  

Una punta de años después, cuando creeríamos extintos algunos razonamientos, funcionarios locales y no tanto, haciendo gala de su sabiduría oriental, decidieron echar mano al acervo cultural milenario y utilizar el método chino. Ya que de historia hablamos cabe recordar, antes de entrar de lleno al tema que nos convoca, el pasado reciente: durante casi 8 años, en Tucumán se cortó el entretenimiento juvenil hasta las 4 de la mañana como respuesta (disparatada) al asesinato de una joven (Paulina Lebbos secuestrada luego de salir de un boliche) y como forma de prevenir estragos entre la juventud como el alcoholismo y la drogadicción. La medida, como efecto accesorio, produjo la proliferación de fiestas clandestinas y con ellas un sistema de enriquecimiento de funcionarios nocturnos. Hoy, para no cortar con tan ilustre herencia, nos encontramos con nuevas y eficaces ideas para detener el avance de drogas sintéticas que hace pocas semanas se cobraron la vida de 5 jóvenes en una fiesta en la ciudad de Buenos Aires. De esta manera, los concejales capitalinos del Frente para la Victoria encabezados por la concejal Graciela Suárez, siguiendo el esquema del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta, presentaron un proyecto para prohibir las fiestas electrónicas como forma cuidar a los jóvenes de las drogas. Una vez más, representantes de la clase política local demuestran lo fácil que es errarle al problema central, que por si fuera necesario aclarar no es el consumo de las drogas (no siempre al menos) ni mucho menos la música que se escucha mientras se sienten los efectos de estas.

Una cuestión es saber si estas propuestas sólo están inspiradas en el afán de aprovechar la volada para (mal) ocupar los 15 minutos de fama o como respuesta política a un problema complejo. Cabría pensar que se trata más de lo primero que de lo segundo. Los/as impulsores de la medida poco saben del tema: “Me informaron que en distintos boliches hay música electrónica, no tenía conocimiento de eso”, dijo la autora del proyecto a La Gaceta, a lo que se agrega el buen razonamiento que el periodista Indalecio Sánchez publicó en ese diario acerca de poca sensibilidad ante los jóvenes que mueren en la Costanera a causa de una droga menos cool. Sin embargo, además de tener la posibilidad de (re)conocer a los ediles poco aferrados a lo que podría denominarse ética política y recordarlos para ayudar a construir su nicho en el cementerio de la política, donde descansa entre otros Beatriz Alperovich y sus “vagos de miércoles”, podríamos aprovechar para pensar seriamente el problema.

Sin ánimos de cerrar el tema se podría repasar acerca de cuál es el verdadero problema que causó la muerte de los cinco jóvenes. Una respuesta aparece claramente: no fue la música electrónica. Partiendo de allí podríamos indagar en la diversidad de problemáticas que rodean el hecho ocurrido en Costa Salguero. En primer lugar la venta de sustancias ilegales: la ilegalidad de las sustancias, a diferencia de lo que suele creerse, es una construcción normativa de escala estatal, el resultado de acuerdos entre los responsables de elaborar las leyes, es una construcción histórica y no una situación natural. Así, por ejemplo, el café fue prohibido en algunos Estados europeos durante el siglo XVIII por ser tomado como una droga: de la misma manera, la cocaína o la heroína (que producía Bayer) eran utilizadas a principios del siglo XX en hospitales como anestésicos hasta que se conocieron sus efectos adictivos.

Por otro lado, y en la actualidad, aparece el ejemplo de la marihuana que ha sido legalizada en algunos países, legalización cuyos resultados no trajeron la explosión del consumo entre los jóvenes, como los detractores de la medida auguraban, sino que brindó a los Estados la posibilidad de controlar el producto (la calidad, el precio, los lugares de ventas –farmacias en el caso uruguayo), a los consumidores (para tratarlos de ser necesario) y a los productores ilegales (sin prohibición no hay negocio en el narcotráfico). En este mismo sentido la lucha contra las sustancias ilegales da como resultado una guerra que los Estados parecen haber perdido hace ya mucho tiempo. “¿Cómo se controla una cosa que es de este tamañito y que se mete en el fondo de un bolsillo? ¿Y encima si le encuentran la pastillita y se la sacan al chico se arma un lio contra el que se lo está sacando?”, se preguntaba hace pocos días la vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti para explicar cómo entran las drogas a una fiesta, no solo demostrando la completa ignorancia sobre el tema sino también la incapacidad para reconocer la connivencia entre funcionarios y los expendedores de las pastillas. La infiltración del narcotráfico en los Estados es un secreto a voces, los aportes de empresas de Sebastián Forza (asesinado por su relación en el tráfico de efedrina) a la campaña presidencial de Cristina Kirchner y, ligado a esto, el procesamiento de Ramón Granero –ex titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar)–que lo tiene al borde del juicio oral por el desvío de 40 toneladas de efedrina entre 2004 y 2011 son sólo ejemplos que la Justicia argentina tiene en carpeta.

Por otro lado, están la inacción, la complicidad, la connivencia de quienes deben controlar las condiciones en las que se realizan este tipo de eventos. Según denunciaron los asistentes, el lugar estaba desbordado de personas. La capacidad máxima habría sido sobrepasada ampliamente. Sumado a esto, el lugar estaba pensado para aumentar las ganancias de los organizadores a cualquier costo. La falta de ventilación y la ausencia de agua en los baños al servicio de la venta de agua envasada son los principales elementos con los que cuenta hoy la Justicia para procesar a los organizadores del evento. El éxtasis, ya que de eso estamos hablando, produce, además de los efectos psicotrópicos, hipertermia (aumento de la temperatura corporal), aumento de la transpiración y por lo tanto deshidratación; para reducir estos efectos adversos debe ingerirse gran cantidad de agua que, casualmente, se vendía a $100 la botella de medio litro. Es evidente que los funcionarios municipales que debían inspeccionar el lugar dejaron pasar más de una irregularidad, ¿Qué dice al respecto Mauricio Macri quien siendo legislador impulsó la destitución del jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra después de la masacre de Cromañón en 2004?. ¿Intentará destituir a Rodríguez Larreta por la omisión de sus empleados probablemente en algún nivel de complicidad con los organizadores del evento?

Entonces, teniendo en cuenta las relaciones entre funcionarios estatales y el narcotráfico, la connivencia entre funcionarios y empresarios de la noche, la lógica salvaje con la que se desarrollan ciertos eventos, cae de maduro que los (escasos) argumentos que esgrimen quienes buscan prohibir las fiestas electrónicas no son más que fuegos de artificio que buscan aprovechar la conmoción social para posicionarse políticamente y a la vez disipar la atención sobre las verdaderas causas y las posibles soluciones. El problema es que estas posibles soluciones chocan con lo que el promedio de la sociedad piensa acerca de cómo dar la batalla contra el narcotráfico. Los funcionarios de lo políticamente correcto no van a malgastar los millones que en las campañas electorales los hicieron repetir lo que la gente quiere escuchar; no van a ponerse a la vanguardia para discutir los axiomas que articulan un discurso tan brutal como inútil. La guerra frontal ya ha demostrado en Colombia y en México que es una empresa imposible. El narcotráfico ranquea entre los primeros negocios a escala mundial (de los legales e ilegales) por lo que deja suficientes recursos como para enfrentar a cualquier Estado; sobre todo tiene la capacidad para infiltrarlo y hacerlo hablar en su nombre.

¿Se trata entonces de legalizar todas las drogas? No lo sabemos, hay quienes así lo proponen. Pero bien podríamos ponernos a pensar en lugar de repetir las fórmulas que ya han fracasado. Buscar soluciones alternativas es la tarea. Continuar por el camino de las prohibiciones no tiene ningún sentido, sólo hace más rentables los negocios de quienes, ante la posibilidad de ganar más dinero, son indiferentes a la vida de los demás.