En el año 2007, en Italia, el diario Hoy publicó un pedido de 310 presos condenados a prisión perpetua: “Señor presidente de la República, estamos cansados de morir un poco cada día. Hemos decidido morir de una sola vez y le solicitamos que nuestra pena a cadena perpetua sea transformada en pena de muerte. La perpetuidad es una invención de un no Dios, de un salvajismo que supera toda imaginación. Es una muerte que se bebe a pequeños sorbos. Es una victoria sobre la muerte porque es más fuerte que la misma muerte”. La escena que describe el pedido hace reflexionar sobre el sufrimiento de quienes habitan las cárceles. Una realidad que no solo se da al otro lado del océano.

Penalistas y criminólogos discuten, debaten y reflexionan sobre el sistema penal. Lo ponen en crisis, lo defienden, buscan y proponen alternativas. Lo cierto es que el sistema es, cuanto menos, inservible. En las cárceles la población crece y resulta ser un ámbito que reproduce violencias. Ana Messuti en su libro El tiempo como pena dice: “La teoría jurídica también evita la reflexión sobre el sufrimiento pues teme que perturbe el análisis racional puro y riguroso […] El sufrimiento nos obliga a pensar en el que lo padece […] el ser humano de carne y hueso, que vive en la región de la duda, en su tiempo, finito e incierto.” ¿Cuánto se conoce de ese sufrimiento tras los muros? ¿Importan a la sociedad esas violencias sufridas en los cuerpos y en las mentes de esos invisibles?

Crisis es un término que, mayormente, se utiliza para circunscribir una época de turbulencias en un período de tiempo determinado. Mucho se habla, en diferentes ámbitos, sobre crisis carcelaria. Esta parecería no tener una fecha de término. A medida que los años pasan, los Estados tienen menos respuestas para la cuestión carcelaria. Mientras tanto, los muros siguen haciendo invisibles los problemas que contienen. Y la falacia del discurso re (reeducación, rehabiltación, resocialización) se cae a pedazos.

Las cárceles, las comisarías o cualquier otro lugar de encierro son, por lo general, impenetrables. Lo que allí adentro sucede pocas veces se conoce públicamente. Algún video que se “filtra” o una denuncia (valiente) que logra trascender puede dar somera cuenta de las violaciones a los derechos fundamentales de los seres humanos que están allí.  “Hay un muro que divide, que oculta. No queremos ver qué es lo que hay ahí adentro. No queremos ver cómo se los trata”, dice Pablo Toranzo, un fotógrafo que durante nueve meses transitó por los pabellones del penal de Villa Urquiza. “Creo que cada segundo que pasa una persona en un ambiente como ese, se transforma en algo peor”, asegura.

“Tras la cuarta reja” es el nombre del ensayo fotográfico que realizó Toranzo. Con permisos, bastante sorpresivos, del Ministerio de Seguridad y el sistema penitenciario de la provincia, Pablo realizó el trabajo. Según sus propias palabras, el objetivo es elaborar un informe para que las autoridades hagan algo respecto a la situación de vulneración de derechos que se vive en las cárceles. ¿Será un trabajo artístico el que logre el cometido que hace años organizaciones sociales y de derechos humanos vienen reclamando? “Si sumamos todo el tiempo de captura de las fotos que saqué, todo eso no hace un segundo de lo que se vive adentro. Ese segundo se reproduce por años”, reflexiona. Es que en ese lugar el tiempo parece no transcurrir. El tiempo, como pena, resulta ser el vehículo para los suplicios del siglo XXI.

“Cuando recién comencé medía la luz que iba a tener; las preguntas que me hacía eran las relacionadas con la fotografía. Cuando me tocó entrar a trabajar las preguntas se empezaron a desarrollar de otra manera. Y la pregunta primordial era ¿qué hacen todos estos chicos acá adentro?”. A la pregunta de quiénes habitan la cárcel, Pablo responde que la mayoría son chicos jóvenes que, en la jerga carcelaria, son conocidos como los “berretines”. Jóvenes que entran y salen todo el tiempo, la mayoría de las veces por causas asociadas por consumo de drogas. “La mayoría de las personas que están ahí adentro es gente que está en una situación de vulnerabilidad enorme”.  Después de haber convivido nueve meses y haber conocido la cárcel, Toranzo aseguró que el sistema carcelario “le rompe la estructura como ser a las personas”.

En marzo del 2012, en Tucumán, se sancionó la ley para la creación del comité provincial de prevención de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes. La ley establece que el comité debe ser de carácter descentralizado, independiente y con personería jurídica propia, funcionalmente autónomo y financieramente autárquico. Su objetivo es prevenir las torturas en los lugares de encierro. Al día de hoy, la ley no se encuentra reglamentada.

Las cárceles siguen siendo el depósito de lo que el resto quiere lejos. El lugar que oculta los padecimientos de una población que comparte más o menos las mismas características. Las cárceles son habitadas por personas que ya han sido expulsadas del sistema con anterioridad. Sus reglas y sus lógicas no hacen más que profundizar esa exclusión. “Hay una clara violación por parte del Estado. Y hay una clara negación de intentar corregir esas situaciones como ciudadanos”, asegura Pablo Toranzo quien entiende que el camino para terminar con esto empieza por visibilizarlo.