En cada acto político, en cada discurso oficial se hace mención a los avances en materia de Derechos Humanos que se hicieron en los últimos años. Avances que toman cuerpo en leyes como la ley de matrimonio igualitario o en reconocimientos por parte del Estado de los pedidos de investigación, juicio y castigo a los represores de la última dictadura militar. En este mismo sentido se encuentra la ley 26 160 sancionada en el año 2006 que determina:

"Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquéllas preexistentes."

Sin embargo, todos estos logros que con orgullo son vociferados por quienes gobiernan el país muchas veces no pasan de estar escritos en un papel. Ese parece ser el caso de la legislación anteriormente citada. Porque en la práctica se sigue desalojando por vía "legal" comunidades indígenas de territorios que ocupan ancestralmente, o se usurpan esas tierras con complicidad del poder político y policial. Tucumán y Formosa son lamentables ejemplos de lo que ocurre en la realidad cuando un pueblo, incluso amparado por la ley, defiende su derecho (1).

Pero esta vez la Argentina va a tener que dar cuenta ante la comunidad internacional por permitir violaciones a los Derechos Humanos, ya que las comunidades originarias decidieron no callar más y además, a diferencia de muchas otras veces, no están solas. Existen organizaciones que decidieron trabajar, formarse, informarse y colaborar con la concientización de esos derechos. Organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abogados y abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI). Todas ellas vienen denunciando el accionar del Estado y expresan que “El Estado argentino no solo incumple su obligación de hacer efectivos los derechos territoriales indígenas sino que, en múltiples casos, los reclamos que llevan adelante las comunidades han derivado en respuestas violentas del Estado que incluyen la criminalización de la protesta, represión y asesinatos por parte de particulares o miembros de las fuerzas de seguridad”.

Como consecuencia de los incansables reclamos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó a una audiencia especial, el viernes 23 de marzo, para abordar la situación de los pueblos indígenas en la Argentina. La solicitud que las organizaciones antes mencionadas presentaron expresa que “El objetivo es poner en conocimiento la grave situación en la que viven los miembros de los distintos pueblos indígenas”. El informe de esta audiencia se conocerá en los próximos días, y se sumará a otras manifestaciones de organismos internacionales tal como lo hizo el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas en el año 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que otorgó medidas cautelares en favor de comunidades indígenas de Formosa y Neuquén en 2011, y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) también en 2011.

Todos los derechos que leyes como la 26 160 reconocen no son mérito de un gobierno por más democrático y popular que este se presente, sino que son producto de una larga lucha  de grupos sociales que se comprometen y reclaman lo que sienten que se merecen. Y a pesar de que muchos sectores se encuentran agradecidos con una gestión que decidió escucharlos y dar curso a sus peticiones, también es cierto que cuando la voz se alza con tanta fuerza no se puede seguir haciendo oídos sordos. Una ley plasmada en un papel no es el punto de llegada, sino un paso importante para continuar exigiendo que además se cumpla y de ser necesario se mejore. Eso es algo que los pueblos originarios tienen claro, por eso su lucha continúa.

Gabriela Cruz

gcruz@colectivolapalta.com.ar

(1) Asesinato del diaguita Javier Chocobar (12 de octubre del 2009) y del qom Roberto López (23 de Noviembre 2010).