La venta del suelo y los recursos naturales es moneda corriente en el país, motivada por las inversiones extranjeras y los intereses de algunos pocos que buscan enriquecerse a costa de la destrucción de lo autóctono, de las raíces de los pueblos y la cultura de grandes comunidades. La historia se repite en Tucumán, pero esta vez la situación es más compleja. Hace unas semanas se dio a conocer a través de Internet la venta de las 10 mil hectáreas del cerro Ñuñorco, uno de los tantos que embellecen el paisaje de la provincia, con el objetivo de enajenar las tierras como se lo ha hecho siempre en todo el territorio de la provincia y del país. El anuncio dice que las tierras serán divididas en parcelas, promoviendo al mundo un negocio inmobiliario, donde se construirá un complejo turístico. También ofrece vender la madera del cerro, despojando a las comunidades de la naturaleza que les pertenece y provocando el desmonte.

En esta problemática se encuentran diversas partes que se disputan las tierras. Se trata de una verdadera guerra entre pobres, están los originarios que cultivan y crían el ganado. Por otro lado, aquellas personas que viven y otras despojadas de sus tierras, que luchan por la sucesión de Anacleto Sosa*, y además están las familias que ocuparon el territorio y que se presentaron en el juicio por la prescripción adquisitiva. Estos pobres que no pudieron contra los poderosos han empezado a ir contra los más débiles de su comunidad provocando el acorralamiento de algunos, mientras que otros tuvieron que dejar todo en busca de posibilidades laborales y se instalaron en las villas miserias de Buenos Aires, Mendoza o San Juan.

Antonio Albornoz, heredero de Don Anacleto Sosa y actualmente apoderado de la sucesión, manifiesta que “los verdaderos dueños y los verdaderos originarios son los que cuidan el medio ambiente porque es un medio de vida para ellos y para los que vendrán, no los rematan ni regalan. Ahora los que están en el juicio por la prescripción adquisitiva, el único fin que persiguen es entregarles a los poderosos capitales extranjeros el territorio que a ellos no les pertenece, hablan en nombre de una comunidad aborigen cuando todo lo que hacen es totalmente opuesto a ellos”.

Albornoz recuerda que en 2008 la empresa de Buenos Aires que pretende vender el cerro ya había estado en contacto con ellos para la compra de estas tierras. “Como representante de la sucesión, me presentaron el plan de lo que querían hacer por mail. Hicimos reuniones, avanzamos con las conversaciones y esta gente propuso pagarnos 2 millones de pesos a la sucesión Anacleto Sosa, para que le permitamos que hagan el plano de prescripción adquisitiva, hagan el titulo de propiedad y puedan establecer su negocio inmobiliario”. La propuesta planteaba el pago de un millón de pesos para el trámite de catastro, aprobar la mensura, los gastos de agrimensor, mientras que el otro millón se destinarían a los gastos de juicios por la prescripción adquisitiva. Pero cuando los sucesores solicitaron mayor información sobre los contratos y de qué manera se les pagaría, la propuesta comenzó a decaer.

“Les decíamos que nos den los formatos de lo que se iba a hacer para mejorarlos, teniendo en cuanta que es una zona protegida, que la dirección de bosques no permitiría hacer muchas cosas si no hay un estudio de impacto ambiental de por medio, lo que provocó que ellos desestimen tenernos a nosotros como socios”, recuerda Albornoz. Como era de esperar, la empresa buscó otra alternativa, convenciendo a los otros habitantes de las tierras que, según palabras de Antonio, poseen la misma situación de pobreza pero con más ambiciones y menos escrupulosos.

La falta de presencia del Estado y de políticas que protejan el suelo y a sus habitantes, también se repite en esta situación, ya que son los mismos gobiernos de turno los que avalan la explotación de las tierras en el cerro Ñuñorco a cuesta de su destrucción. “El Estado lo que debería hacer es armar un fondo de reparación histórica para esas familias que han sido abandonadas a su suerte durante los últimos 100 años, y que han sido entregadas a las familias poderosas de Tucumán como peladores de caña teniendo semejante fortuna en el cerro”, dijo Albornoz. Los herederos de los Sosa acudieron por medios legales a solicitar la suspensión de los plazos y archivar el expediente de prescripción adquisitiva, pero hasta el momento el presidente de la Corte no ha tomado la decisión de actuar a pedido de la fiscalía de Estado, quien realizó la presentación, por lo que todavía el trámite puede continuar su curso.

Ante todas estas irregularidades, Albornoz y el resto de la sucesión buscó la solidaridad de las comunidades indígenas sin tener respuesta alguna, como así también de las organizaciones sociales, que optaron por el silencio. “No he visto que algún cacique de Amaicha, Tafi del Valle o el Mollar haya tomado posición al respecto”, comentó Antonio y con desilusión agregó “entonces creo que en esto estamos solos”.

La historia que nunca acaba: En el 2004 la comunidad de Los Sosa realizó la denuncia de usurpación de las tierras por parte de una empresa que cosechó arándonos en el cerro. Con el aval del gobierno, capitales chilenos y argentinos invadieron el terreno con un certificado de compra venta falso de alguien que no existía y avanzaron sobre los habitantes de la comunidad, quienes hasta el momento no tenían legalizada la titularidad del dominio. Ya van ochos años de explotación de arándonos, exportados a Estados Unidos con alícuotas cero y aviones pagados por el gobierno, mientras que la gente fue expulsada sin haber recibido nada a cambio.

Delfina Campero

dcampero@colectivolapalta.com.ar

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Imagen: Lourdes Albornoz