El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) brinda un marco legal internacional que pretende proteger a los pueblos indígenas y tribales. Al adherir a este convenio los estados contraen la obligación de salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas, derechos que fueron negados y pisoteados durante muchos siglos. Argentina ratificó este convenio en Ginebra el 3 de julio de 2000, pero las comunidades indígenas del país siguen esperando que esto se cumpla. El mismo tiene ciertos pilares fundamentales que tienen que ver con el respeto a las culturas, las formas de vida y las instituciones que son parte constituyente de los pueblos indígenas; la participación de representantes de estos pueblos en las decisiones que les afectan, de modo que puedan ser interlocutores válidos entre el Estado y sus pueblos; como así también el establecimiento de mecanismos adecuados para que este convenio se haga efectivo.

Con este marco legal los pueblos de América deberían poder disponer de sus territorios de acuerdo a su cosmovisión de la vida y la naturaleza, situación que en la mayoría de los casos se hace difícil porque sus tierras son saqueadas por parte de, en algunos casos, el Estado mismo, ese Estado que debería garantizar su autonomía y sus derechos sobre la tierra. Pero no, la explotación maderera y mineral, entre otras, se lleva a cabo en estos territorios de acuerdo con la visión occidental y capitalista de los recursos que queda en manos de depredadores sin ningún tipo de escrúpulos.

Este convenio debería garantizar que comunidades indígenas como la de Colalao del Valle o la Diaguita de Tolombón, por mencionar solo algunas, tengan plena autonomía sobre su forma de vida. Esto no es así, viven con el temor de que algún privado, con la complicidad del gobierno de turno, lleve a cabo desalojos violentos debido a su ambición por hacerse de los recursos naturales que forman parte de esos territorios que por derecho ancestral le pertenecen a los pueblos indígenas. Estos desalojos vienen ocurriendo en numerosas comunidades desde hace años, es por eso que el pueblo diaguita de Tolombón se manifestó el pasado viernes para que estos intentos de desalojos se terminen.

El marco legal existe, la lucha de los pueblos originarios se encuentra más vigente que nunca. Los gobiernos pasarán y otros vendrán, lo que no cambiará nunca será la esperanza de poder vivir en un mundo donde los derechos y la libertad sean los pilares fundamentales de la sociedad.

Marianella Triunfetti

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