Los pueblos originarios volvieron a manifestarse esta semana cansados de que no se respeten sus derechos y de que, una vez más, sus reclamos sean desoídos por quienes tendrían que protegerlos. En este caso la impulsora de esta nueva protesta fue la comunidad Indio Colalao, ubicada en la provincia de Trancas. El motivo es que desde el año 2010 diecisiete familias viven prácticamente en una situación de secuestro, según comentaba a La Palta Cynthia Ovejero, una de sus miembros. Un terrateniente identificado como Fredy Moreno Núñez Vela de la empresa Zanja Honda desea apropiarse de las 19.000 hectáreas que por derecho ancestral pertenecen a la comunidad.

Como parte del hostigamiento para que se desaloje estas tierras, el único camino apto para el tránsito de vehículos fue cerrado. "La comunidad ve socavados muchísimos derechos, no sólo el de libre tránsito sino también el de reuniones el de si alguien se enferma y necesitamos ingresar con una ambulancia no lo podemos hacer, se genera para nosotros una situación de secuestro absoluto y lo hemos venido denunciando en todos los organismos de Derechos Humanos y no hemos tenido respuesta", relataba Cynthia.

Esta situación se genera a partir de 2010 cuando comienza el relevamiento territorial previsto por la ley nacional 26.160, que tiene como objetivo definir cuáles son los territorios que ocupan las comunidades, cómo es el vínculo que tienen con ellos y cómo utilizan el territorio de una manera distinta que el resto de la sociedad. Esto se realiza para definir de una vez y para siempre cuáles son las tierras de las comunidades  y evitar usurpaciones por parte de los privados.

No obstante con esto, y como un mecanismo que tiene por objetivo el desarraigo de la comunidad de sus tierras,  en el año 2008 se procedió al cierre de la escuela ubicada en la zona donde habita esta comunidad por lo que los niños y niñas deben concurrir a una escuela ubicada en la provincia de Salta. Para ello deben cruzar un río todos los días, con el peligro que esto implica. "Al no tener escuela la comunidad se ve obligada a salir de la zona y abandonar el territorio (...) cuando el río crece los niños deben cruzarlo por cable suspendido, y cuando crece demasiado y no lo pueden hacer se ven quebrados los vínculos propios de la familia", decía Ovejero. Cabe aclarar que desde 2008 la comunidad viene haciendo presentaciones en el Ministerio de Educación y hasta el momento no tienen respuesta.

Esta inacción del gobierno y la justicia implica una complicidad con los privados que quieren apropiarse de las tierras que pertenecen a las comunidades. Cabe preguntarse cómo es posible que haya niños que no pueden asistir a la escuela porque no la tienen o que al asistir implique un riesgo para sus vidas, cómo es posible que una ley nacional como lo es la 26.160 y su correspondiente relevamiento territorial implique para las comunidades indígenas la violencia y el hostigamiento que los privados ejercen sobre ellas. Cabe preguntarse si detrás del discurso de respeto a los derechos humanos no se esconde el mismo discurso que desde el siglo XV se materializa en América.

Marianella Triunfetti

mtriunfetti@colectivolapalta.com.ar