Hace años que la Comunidad Indio Colalao - Base Riarte sufre la persecución política y privada en su propia tierra. Esta semana la comunidad volvió a manifestarse frente a Tribunales Penales de la ciudad de San Miguel de Tucumán, ubicado en Avenida Sarmiento y Laprida, para pedir al juez Francisco Pisa la nulidad de la causa “Benito Toledo y otros” por la cual se quiere hacer efectivo el desalojo de la comunidad solicitado por dos terratenientes. “Pedimos la nulidad de la causa donde se nos trata de usurpadores, ladrones, personas violentas, en realidad todo lo que hacemos lo hacemos de manera  pacífica”, comentó a La Palta la cacique Maria Lilia Delgado, quien hace unos días estuvo reunida con la comisión de Derechos Humanos de la Nación para encontrar una solución al problema que vienen sufriendo desde hace años.

Esta causa fue  iniciada por dos terratenientes, Freddy Moreno Núñez Vela, de nacionalidad boliviana, y Jorge Posse, argentino y titular de la firma Agroavance, quienes por medio de un crédito del Banco Nación Argentina “compraron” las 9.700 hectáreas que pertenecen por derecho ancestral a la comunidad Indio Colalao del Valle de Choromoro.

Las técnicas para sacar a la gente de la comunidad de su territorio fueron muchas, desde cortar el camino principal hasta cerrar la escuela donde asistían los niños de Base Riarte, quienes ahora deben asistir a una escuela en la provincia de Salta, situación que no ha sido solucionada por el Ministerio de Educación de la provincia a pesar de las constantes denuncias por parte de los comuneros.

Se espera que la ley 26.160 que prevé  el relevamiento territorial por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) se haga efectiva y la comunidad deje de sufrir el hostigamiento. “Quieren desarraigar a las familias comuneras cerrando el portón con candado y otras acciones como quema de tierras, sacar nuestros animales que comprueba la posesión del territorio y el cierre de la escuela donde asistían los niños”, concluía la cacique.

Esta situación se da por la complicidad del poder político con los privados. Hasta el momento no se ve voluntad política para revertir la situación.

Marianella Triunfetti

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