Desde el año 2009 la comunidad indígena El Nogalito, ubicada en el departamento de Lules, viene sufriendo el avasallamiento de parte de privados que pretenden hacerse de las tierras que les pertenece a la comunidad por derecho ancestral.

La semana pasada, ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) puso en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los desalojos a los que las Comunidades Indígenas de Tucumán han sido sometidas en los últimos años, en plena vigencia de la ley 26.160 que lo prohíbe; así como la situación permanente de amenazas, hostigamientos y ataques de los que referentes de las Comunidades vienen siendo víctimas.

En este caso la CIDH consideró que, en vistas de los antecedentes, corresponde otorgar medidas cautelares a favor de la Comunidad El Nogalito (Pueblo Lule), y por ello solicitó al Estado Argentino la adopción de medidas urgentes a fin de garantizar la vida y la integridad de los integrantes de esta Comunidad.

En comunicación con La Palta, Joaquín Manuel Pérez, cacique de la comunidad El Nogalito, comentó que “hemos denunciado frente a la CIDH por la lentitud del Poder Judicial de Tucumán (...) todavía no han citado a los agresores a tomar declaraciones, tampoco nos han llamado para ir a ampliar y ratificar la denuncia ni han llamado a los testigos que nosotros hemos presentado para que vayan a declarar sobre el hecho. A veces pensamos que están esperando que nos maten para tomar intervención en el caso”.

Además comentó que si bien organismos como el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) y la Defensoría del Pueblo de Tucumán han ido a la comunidad a realizar informes de la situación para responder al pedido de la CIDH, no han dicho cómo se va a proceder para resguardar sus derechos.

Si bien el Juez que atiende la causa ha fallado favorablemente cuando las autoridades de la comunidad pidieron un amparo a la simple tenencia sobre los hechos promovidos en los terrenos en conflicto, y se notificó a los agresores para que cesen las turbaciones y restituyan los alambres robados que separan los terrenos de la comunidad de los de la familia Arce, Pérez dijo que solicitaron a la Defensoría del Pueblo para que de lugar a una mediación con los agresores para poner fin a los hechos violentos. Además solicitaron a la fiscalía II, donde están hechas las denuncias por amenazas de muerte y agresiones, una medida cautelar que prohíba el acercamiento de lo Arce a las tierras de la comunidad, pero todavía no han resuelto nada.

A pesar de que el relevamiento territorial que establece la ley 26.160 ya se ha realizado en la comunidad El Nogalito y les ha sido otorgada la carpeta técnica, la Justicia sigue caminando a paso lento. Se espera que la intervención de la CIDH ofrezca celeridad a la causa.

Marianella Triunfetti

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