El problema de las tierras asola a la mayoría de los países latinoamericanos. Los agronegocios y los emprendimientos urbanísticos suponen la utilización de tierras que, muchas veces, pertenecen a pueblos campesinos o indígenas.

En Argentina son muchos los movimientos campesinos o de pueblos originarios que luchan por sus derechos ancestrales a la tierra donde viven, trabajan y crían a sus hijos.

Hace una semana en la localidad de Piquillín, Córdoba, se produjo un violento desalojo. La familia González, que desde siempre vive en esas tierras, al ser desalojada fue a buscar  ayuda de vecinos, familiares y organizaciones sociales. Con lo que se encontraron fue con una fuerte represión policial cuyo resultado fue 16 personas detenidas, dos de ellas menores de edad.

En el transcurso de la semana, según comentó German Pez, miembro del Movimiento Campesino de Córdoba, liberaron a todas las personas que habían sido detenidas, pero las tierras no se devolvieron. Se hicieron varias presentaciones judiciales para pedir, entre otras cosas, la inmediata restitución de las tierras y una investigación que de cuenta de las irregularidades del desalojo.

“Como interpretamos que aquí hay una serie de responsables directos se va a hacer un corte de ruta como para pedir que se revea la situación de políticas de tierra en la provincia”, comentaba Germán respecto a las medidas a tomar.

Actualmente son casi nulas las políticas de tierra, tanto en Córdoba como en el resto de las provincias argentinas, entre ellas Tucumán. Este es un antiguo reclamo de los Movimientos Campesinos del país. Según Germán el desarrollismo urbano y los agronegocios que dan lugar al proceso de sojización ejercen cada vez mayor la presión sobre la tierra, lo que hace que acceder a ella sea casi imposible para los sectores más vulnerables, ya que los costos son cada vez más altos.

Esta situación también da lugar a los desalojos que se producen a lo largo y ancho del país. “No hay escrúpulos en esto, le puede pasar a cualquiera”, comentaba Pez. Empresarios, con el apoyo de la justicia y la policía, siguen avasallando los derechos de campesinos e indígenas, a pesar de la reciente legislación que protege sus derechos. Esto da la pauta de que, en la realidad, las leyes son papel reciclable para los que tienen el poder y el dinero.

Marianella Triunfetti

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