Cada día que pasa es más pesado para los vendedores ambulantes tucumanos que no pueden trabajar en el microcentro. El 7 de enero caducó el convenio firmado en diciembre de 2013, donde se prohibía la venta ilegal y se ofrecía un local en el Bajo para regularizar la actividad. Sin embargo, la oferta fue rechazada por el poco movimiento comercial en la zona y solicitaron a las autoridades un predio en la zona centro.

La oferta fue analizada por el Poder Ejecutivo (PE) que se comprometió a avanzar en las negociaciones. Ante esto, los vendedores se instalaron en los barrios de la provincia esperando una inminente solución. Pero la espera fue larga. Ya pasaron dos meses y no se ha avanzado en nada concreto

En los últimos días, los ambulantes propusieron retomar las negociaciones con el PE pero las solicitudes de audiencia fueron denegadas. Además, pensaron en volver a instalarse en las calles, dada la difícil situación económica que afrontan, pero la medida fue desistida para evitar el enfrentamiento con la policía. “La situación no se puede sostener. Hay compañeros que están vendiendo las cosas de sus casas para poder sobrevivir. Televisor, cuna, de todo. Nosotros vamos a resistir porque vivimos de eso”, dijo Claudio Robledo, referente del Sindicato de Vendedores Ambulantes (Sivara).

Al no tener nuevas respuestas, en asamblea los vendedores decidieron inscribir la “Cooperativa de Trabajo y Servicio de Vendedores Ambulantes” en el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutuales (IPACyM). La misma les permitirá formar una entidad civil con personería jurídica, que legalice la actividad, y acceder nuevamente a la negociación con el gobierno.

Vale recordar que el Ejecutivo exigía a los vendedores nuclearse legalmente para ser reubicados en el Predio Ferial Norte, en la zona de El Bajo. Esta fue la primera propuesta, que sería aceptada, ya que contemplaba la creación de un multiespacio cultural y 300 puestos comerciales.

El predio se encuentra en estado de abandono, por lo que el Gobierno apunta a revalorizarlo. Sin embargo, esto vislumbra que, por más que la propuesta cierre con éxito, el tiempo de obra conllevará a suspender nuevamente la actividad de los trabajadores.

Para finalizar, Robledo solicito la intervención del Ejecutivo, dado que no fueron recibidos por la Carolina Vargas Aignasse, secretaria general de la Gobernación, con quien se trabajó en enero pasado.

Exequiel Reinoso

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