A fines de marzo se llevó a cabo el 150° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la que participaron miembros de la Comunidad Indígena El Nogalito, Andhes y representantes del Estado argentino. El objetivo fue participar de una mesa de trabajo para tratar y analizar las medidas cautelares que la Comisión solicitó al Estado argentino en favor de esta comunidad. Las acciones legales fueron solicitadas por la CIDH a fines del 2012 para poner fin al avasallamiento por parte de privados hacia la comunidad, con la pretensión de apropiarse de las tierras que por derecho ancestral les pertenecen. Pasó más de un año y la justicia no llegó, y el pueblo continúa sufriendo las consecuencias. Según dijo Josefina Doz Costas, por el accionar de terceros y por omisión del Estado en su rol de garante de derechos de las Comunidades Indígenas, la situación, lejos de avanzar, ha empeorado y los niveles de violencia se han incrementado.

La reunión se desarrolló en la sede de la Organización de Estados Americanos – Washington/Estados Unidos. Allí, el cacique y miembros de la comunidad hicieron escuchar su voz para señalar la delicada situación que viven cotidianamente, donde los miembros son amedrentados y atemorizados en sus tierras.

Vale recordar que la familia terrateniente es colindante al territorio de la Comunidad Indígena El Nogalito. En los últimos años realizaron el bloqueo del único acceso a la Casa Comunitaria, que fue incendiada por estas personas dado que la justicia les exigió habilitar el camino y retirarse de esa porción de terreno que ilegítimamente pretenden adueñarse.

Sin embargo, como señaló Doz Costas, "al día de hoy los miembros de la comunidad no pueden hacer uso del camino ancestral clausurado, ni de la casa comunitaria que ha sido destruida en su totalidad, y no pueden circular por determinadas zonas de su territorio, puesto que las agresiones y amenazas fueron en aumento".

En la reunión de trabajo, Andhes planteó ante la CIDH las dos condiciones que permiten que la comunidad siga en peligro y vulnerable a nuevos ataques. Por lado se precisó la impunidad por la que no avanzan las investigaciones judiciales, tanto de los hechos que dieron origen a las medidas como los que sucedieron posteriormente. Asimismo se habló sobre la inseguridad jurídica en el territorio, ya que los ataques, agresiones, hostigamientos y amenazas se producen de manera exclusiva con el fin de avanzar sobre el territorio comunitario por parte de los agresores denunciados, quienes actúan a costa de terceros que no viven en la comunidad.

Gracias a la participación en el 150° período de sesiones se avanzó en un acuerdo entre el Estado y la CIDH para formar un espacio permanente de trabajo, tendiente a llevar adelante medidas que solucionen las condiciones que dieron origen y mantienen vigentes las cautelares. El espacio contará con la participación del Estado Nacional y Provincial; se reunirá con una periodicidad determinada y trabajará sobre determinados ejes, tales como seguridad, y justicia territorial y social. Asimismo se deberá mantener informada a la CIDH sobre los avances y resoluciones del espacio de trabajo.

"El Estado Argentino tiene la obligación, internacionalmente asumida, de otorgar títulos sobre los territorios de las Comunidades Indígenas de nuestro país; es este un paso fundamental que el Estado está en condiciones de dar, para acabar con un sinfín de conflictos territoriales que ponen permanentemente en riesgo la vida y la integridad de la Comunidad", finalizó Josefina.

La historia en primera persona. Los comuneros contaron cómo viven cotidianamente la violencia y el miedo.

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Video: Andhes - Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales.

Exequiel Reinoso

ereinoso@colectivolapalta.com.ar