Las políticas neoliberales, que en Latinoamérica comenzaron a gestarse a mediados de los años 70 y se afianzaron en los 90, dejaron profundas consecuencias económicas, sociales y políticas. Una economía totalmente extranjerizada y dependiente de fluctuaciones de mercados transnacionales, procesos de privatización de empresas públicas, libre juego del mercado y sobre-explotación de recursos naturales, son solo algunas de las causas que produjeron un aumento sin precedentes de la pobreza, la indigencia y la exclusión social. En Argentina, la crisis se materializó con toda su crudeza en el 2001 y afectó en mayor medida a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Esta situación produjo la emergencia de formas alternativas de organización, trabajo y subsistencia. La gente comenzó a juntarse para gestionar el pan diario y así se empezó a hablar de la economía social y solidaria. En el país son cientas las organizaciones que trabajan a partir de una dinámica basada en la solidaridad y el respeto por el medio ambiente. Y eso que empezó como una actividad para 'rebuscarse' y salir del paso, hoy se configura como el proyecto de vida de cientos de familias. La apuesta es grande, y estas familias saben que los objetivos se conseguirán a través del trabajo en red.

El 17 y 18 de octubre, Clodomira, en Santiago del Estero, será sede del Primer Congreso Latinoamericano de Educación y Economía Social. El mismo se realizará en La Usina, un predio recuperado por la Asociación de Familias con Identidad Huertera (AFIH), destinado a actividades político-pedagógicas de formación y producción. El objetivo del congreso es debatir sobre la importancia de la economía social como una alternativa de trabajo y construir de manera colectiva pensamiento crítico que aborde la lógica de producción basada en saberes ancestrales y ecológicos. “Tanto en la educación como en la ciencia considero que falta reconocer la validez de nuestra forma de producción, de los saberes populares y ancestrales y que, a partir de eso, tengamos la argumentación para luchar, desde la educación, por una economía social”, comparte Flavia Martinetti, integrante de AFIH.

Flavia recuerda que cuando nació la asociación– hoy conformada por familias huerteras, campesinas y de resistencia –, el desafío era encontrar una salida laboral más digna para los ingresos de las familias rurales y periurbanas que se empleaban como trabajadores golondrinas o algún otro trabajo precarizado. A partir del antecedente de trabajo dentro del proyecto Pro Huerta (1), estas familias avanzaron y comenzaron a pensar qué producir, cómo hacerlo, cómo rescatar conocimiento. Preguntas que, poco a poco, fueron tomando cuerpo y se convirtieron en proyectos concretos, viables. “Se empiezan a recuperar saberes, tanto de los frutos del monte, las hierbas medicinales de nuestra provincia, como la manera de producir desde buenas prácticas”, cuenta Flavia.

Entre los desafíos que se le presentan hoy a las organizaciones campesinas como la AFIH, se encuentran el afianzar los procesos de comercialización y fortalecer los movimientos políticos que se vienen gestando en torno a los derechos sobre la tierra. El congreso se convertirá en el lugar propicio para debatir y construir a partir de las experiencias concretas de cada uno de los participantes. Uno de los puntos que se convertirá en tema de discusión será la exigencia de una Ley Nacional de Economía Social que ampare y reconozca las situaciones y condiciones laborales y de producción de estos pequeños productores. “Queremos que se preparen mercados, capacitaciones, permisos, garantías, habilitaciones bromatológicas para el sector y redes de distribución desde otra lógica”, explica Martinetti y hace hincapié en la necesidad de que exista una ley que los reconozca como sujetos económicos y propicie la condiciones para su desarrollo.

Estas son las formas de organización que constituyen la contracara del plan económico impartido durante el neoliberalismo. Formas solidarias, autogestivas y respetuosas del ambiente son la esperanza a un mundo que se maneja por las leyes del mercado y del “sálvese quien pueda”. Con la participación de decenas de personas que vienen de distintos países de América Latina, el Primer Congreso Latinoamericano de Educación y Economía Social está en marcha.

(1) Política pública implementada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que funciona desde 1990. A partir de este programa muchas son las familias que pueden acceder a semillas de estación y hacer su propia huerta.