En Santiago del Estero, los campesinos viven una grave situación por los conflictos que mantienen con los empresarios que llegan de distintos puntos del país para apropiarse de sus tierras. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero–MOCASE–realizó el viernes una asamblea en la capital santiagueña con el propósito de visibilizar la problemática y obtener respuestas desde el ejecutivo provincial. Así lo explicó Roger Almaraz, integrante del movimiento, quien agregó que “se necesita que el gobierno establezca políticas públicas claras respecto al problema de las tierras”.

Cada vez más se repiten los casos de usurpación por parte de empresarios que compran tierras y pretenden desalojar violentamente a los campesinos. El conflicto surge dado que las familias sólo tienen la posesión pero no el título de las tierras, lo que genera un tira y afloje entre ambas partes. Varios de los empresarios sí tienen el título pero no la posesión. “A veces de forma fraudulenta se violan documentos y se producen estas compra-venta y es donde comienzan a disiparse [sic] los problemas, y no contamos con políticas serias que busquen solucionarlos”, denunció Almaraz.

Al presentarse la conflictividad, los grupos empresariales buscan y establecen distintas estrategias de hostigamiento para que los campesinos abandonen sus terrenos. Les prometen trabajo y le ofrecen dinero, lo que termina, en muchos casos, con el enfrentamiento entre los compañeros para debilitar la organización, la lucha y la resistencia. “Así caemos en la lucha de pobres contra pobres”, resume Roger. A la situación se suma el hecho de que la Policía se resiste a tomar las denuncias por hostigamiento que presentan las comunidades. Así lo contó Roger, quien agregó que “todavía seguimos soportando esta negación de la policía. La Justicia sigue actuando de manera tardía, y entonces el campesinado termina acudiendo al recurso que los ampara la ley, que es la resistencia pacifica sin permitir que los empresarios ingresen a sus lugares de vida”.

Por otro lado, el integrante de MOCASE se mostró preocupado respecto a la implementación y cumplimiento de la Ley de Conservación de los Bosques en su provincia. La norma establece que cada jurisdicción debe conservar, como mínimo, el 25% de sus bosques nativos pero, según denunció Roger, Santiago del Estero ya habría pasado ese límite. “En teoría no debería haber más desmonte en nuestra provincia, y es otra de las duras luchas que tenemos como movimiento” agregó.

A través del miedo y del amedrentamiento muchas familias campesinas terminan abandonando sus tierras y cediendo al pisoteo de sus derechos ancestrales. La participación y la lucha en conjunto podría ser la solución a este problema. Una participación no sólo de las familias afectadas sino también de un Estado que no es ajeno, y debe amparar y garantizar lo que a estas familias campesinas les corresponde.