La familia Álvarez vive con miedo. Los chicos no van a la escuela por temor  y los padres reconstruyen una vivienda en ruinas de la que solo quedó el techo. Pasó casi un mes desde que se produjo el violento intento de desalojo en el paraje El Rosario, departamento Figueroa, a 150 kilómetros de la ciudad capital de Santiago del Estero. Por orden del Juez Civil de Paz Letrado de 2ª Nominación Dr. Rómulo Rava, policías, oficiales de Justicia, civiles y un abogado participaron en la irrupción y la posterior destrucción de la casa de la familia Álvarez.

Los primeros en enterarse del desalojo fueron los niños, quienes estaban solos en la vivienda cuando, según el comunicado del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), seis policías uniformados llegaron al lugar portando armas junto a la oficial de Justicia Roxana Cejas, el oficial de Justicia jubilado Julio Ordoñez, cinco personas de civil y el doctor Diego Javier Carranza. Estas autoridades obligaron a los chicos a retirarse de su hogar. Cuando Carlos Álvarez, poseedor nacido y criado en ese campo, regresó de buscar unas cabras perdidas, se encontró con el violento episodio. Según el comunicado, los policías, los civiles y los oficiales de justicia ingresaron a la vivienda, sacaron las pertenencias de la familia Álvarez y destrozaron a mazazos la casa junto con los muebles, las camas, los placares, las sillas, las puertas y algunos utensilios. A esto se sumó el robo de electrodomésticos, documentación personal, herramientas de trabajo y dinero en efectivo. Según cuentan, la intención final habría sido incendiar lo que quedaba de la vivienda. “Ahí están viviendo. En esas condiciones con solo el techo. Resistiendo en ese lugar, pero no sé hasta cuándo van seguir así. Nadie se hace cargo de esta situación”, contó Nelly Véliz, vicepresidente de MOCASE.

El territorio es disputado por Ricardo Luna y su esposa, Adelma Juárez. Esta última fue maestra durante 25 años en un paraje vecino a cuatro kilómetros y vive con su marido en la ciudad capital de Santiago del Estero. Esto significa que, al parecer, nunca vivieron en el lote habitado por la familia Álvarez. En la casa destruida convivían Carlos Álvarez, su esposa Cecilia Álvarez de Álvarez y ocho hijos, de los cuales seis son menores de edad. Además, en otra casa del mismo campo habita Crecencio Álvarez, hijo de Carlos y Cecilia, quien fue intimado a dejar la vivienda en siete días junto a su esposa y a su hijo de dos meses. “Esta familia no pertenece a las organizaciones y por eso están desprovistos de información y de derechos. Incluso ellos dudan si se pueden seguir quedando. Tienen que entender que esa es su casa”, explicó Nelly Véliz.

Por otro parte, el abogado de Luna y Juárez, el doctor Diego Javier Carranza, trabaja actualmente en la Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. La paradoja se encuentra en el hecho de que habría sido él mismo quien estuvo presente el día que se dejó sin casa a seis niños de la familia Álvarez, a lo que se sumaron los traumas en los chicos generados por el miedo al haber presenciado la destrucción de su casa. “Mis hijos no quieren comer y no van a la escuela desde ese día porque están atemorizados. Porque tienen miedo que vuelvan. Vamos a seguir resistiendo”,  contó Cecilia Álvarez en declaraciones a MOCASE, por lo que la vicepresidenta del movimiento expresa: “Yo no entiendo cómo puede haber gente sin corazón que trabaje en estos lugares”.

El personal policial que intervino en el hecho no se identificó ante miembros de la familia, a pesar de que los Álvarez lo solicitaron. Según el comunicado de MOCASE,  la oficial de Justicia expresó que los policías recibieron dinero para participar en el desalojo, a pesar de la existencia de una circular que prohíbe el cobro de adicionales en conflictos de tierra. A esto se agrega el abuso de autoridad, el maltrato, los daños materiales y la violencia contra la familia. “Hasta la fecha no tenemos ninguna respuesta. Nos reunimos con la Policía pero no tenemos ni los nombres de los policías que participaron en el desalojo”, dijo Véliz.

Desde el movimiento campesino se solicita la expulsión de sus cargos a todos los policías intervinientes por cobrar adicionales ilegales y por la violencia ejercida sobre una familia campesina. También se evalúa la posibilidad de reunirse con el Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero para evaluar qué medidas se tomarán sobre el oficial de Justicia Julio Ordoñez, quien intervino en este hecho habiendo estado jubilado. Además se exige que se despida de la Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia al doctor Diego Javier Carranza, “quien no puede seguir formando parte de ese organismo, ya que fue partícipe de toda la violencia llevada a cabo, violando claros derechos de los niños y niñas de la familia”, como expresa el comunicado de MOCASE. Por eso se pide la intervención urgente de los organismos que correspondan para garantizar la seguridad de la familia en su campo. “Yo espero que pasen las elecciones porque Santiago del Estero está sufriendo desalojos en todos lados. Todos los días vemos que nuestros amigos campesinos están viviendo en míseras condiciones. ¿Por qué no se los deja en paz en el campo donde el campesino vive de lo que produce?”, denuncia la vicepresidenta de MOCASE.

A pesar de contar con la Ley 26.160, sancionada en 2006 y considerada parte de la “reparación histórica” para los pueblos originarios, su nivel de ejecución es casi nulo. Una situación que se repite en Tucumán, Catamarca, Jujuy, Salta, Chaco y Formosa. Una resistencia que se sostiene desde hace más de 500 años.