Las tragedias se repiten como farsas, anunciaba la célebre profecía. Pero entre nosotros, es peor; las tragedias se repiten como tragedias.

E. Galeano

Hace ya una semana que miembros de la comunidad Qom La Primavera acampa sobre Avenida 9 de Julio esperando hacer oír sus reclamos. Este acampe intenta visibilizar el corte de la ruta 86 en Formosa que lleva ya más de un mes sin recibir respuestas del gobierno provincial.

Félix Díaz, representante de esta comunidad, en diálogo con el informativo FARCO, detalló cuáles son pedidos que los convocan: “Se está reclamando la obra de la construcción de las viviendas sociales, conexión a la red de energía  eléctrica, agua potable, salud y el arreglo de los caminos vecinales”. Sobre este último pedido, Díaz aclaró que la ‘intransitabilidad’ (sic) de estos caminos constituyó un factor determinante en la muerte de dos niños en el mes de enero. “Cuando llueve es imposible entrar y salir con una ambulancia si hay alguien enfermo.” explicó. Si bien pareciera que recientemente el gobierno de la provincia ha comenzado a ocuparse de esto, se trata de maquinaria “para perfilar no para relimar los caminos, y eso es lo que no queremos, que se siga profundizando las huellas de los vehículos. Lo que queremos es que se arregle como corresponde”, expresó Díaz y agregó: “Ojalá que esta vez no nos repriman, que no nos maten como el 23 de noviembre de 2010”.

En efecto, hay más que el pedido de obras y servicios eternamente prometidos y nunca cumplidos. En el año 2010, mientras cortaban la ruta reclamando estos y otros derechos vulnerados, miembros de esta comunidad fueron víctimas de una violenta represión por parte de la policía que dejó como resultado personas heridas (entre ellas mujeres y niños incluso), casas quemadas y un comunero muerto. “Ese reclamo nunca se resolvió. Hasta ahora está estancado, nadie sabe nada, nadie dice nada”, dijo el representante de La Primavera. “Ninguno de esos policías están imputados, sólo los indígenas están siendo perseguidos por la justicia: tenemos causas penales abiertas, causas civiles por el solo hecho de reclamar el derecho. Es preocupante el aislamiento que nos quieren hacer por parte de las autoridades que tienen competencia en el tema, como el Gobierno de Formosa”.

Según Díaz,  al gobierno de la provincia no le interesa resolver los problemas que aquejan a los indígenas y, en cambio se preocupa por perpetuar una imagen, falsa, de aparente bienestar: “Hay una lucha tremenda de seguir ocultando esta realidad porque manejan los medios, la justicia, los organismos provinciales, y se oculta esta realidad que nosotros sufrimos. Denunció, además, que en Formosa el gobierno “paga a los patoteros para que nos hagan la vida imposible” mientras que en Buenos Aires siguen sin tener respuesta alguna ni convocatoria al diálogo para intentar lograr algún acuerdo. “Sólo convocan a los líderes indígenas que responden al gobierno para decir que hubo una consulta sobre este tema. Siempre los que se benefician los punteros políticos con nuestra lucha, reciben viviendas, luz eléctrica, y vehículos que el gobierno les manda. Y nosotros siempre aislados por esta necesidad que padece la mayoría de la comunidad”.

Cualquier semejanza con los atropellos sufridos de la comunidad Quilmes en nuestra provincia el pasado enero, no es, ni puede ser, pura coincidencia. En este caso, se trató de la usurpación violenta de la Casa Comunitaria por parte de un grupo de personas que desde hace años hostigan a dicha comunidad. Este hecho no fue el primero, sino que forma parte de una cadena de hechos violentos que vienen sucediéndose desde hace unos años cuando empresario Héctor Eduardo Cruz perdiera la concesión del Sitio Sagrado Ciudad de Quilmes. Los intereses detrás de todo esto son, por si hiciera falta aclararlo, puramente económicos. Desde marzo de 2014, y luego de otro episodio de violenta usurpación, un grupo liderado por el empresario se encuentra en posesión ilegítima de este Sitio Sagrado sacando rédito económico a costas de la comunidad que no puede siquiera acceder al mismo.

A esto deben sumársele un par de hechos más ocurridos durante el mes de febrero, como son los desalojos sufridos por la comunidad Indio Colalao, en Tucumán, y los cortes de ruta de Cueva del Inca en Tilcara, Jujuy, en reclamo por la venta ilegal de sus tierras y en repudio a la violencia policial.

Ni las denuncias, ni los cortes de ruta, ni los acampes en plena Avenida 9 de julio parecen encender la luz de alarma a las autoridades competentes en estos asuntos. Félix Díaz, a propósito de la protesta que lleva a cabo su comunidad La Primavera en Buenos Aires, se lamentó: “Estoy acá pero ni siquiera se me ha acercado un funcionario para preguntar qué puedo hacer, y creo que esto va a seguir para largo.” Para él, explica, “hay una articulación de querer destrozar nuestra forma de ser como indígena, y tratar en lo posible de ocultar esta realidad.”

El año ha comenzado con números rojos en las cuentas de los pueblos originarios. “Es similar con otras comunidades indígenas. Está pasando lo mismo que en Salta, Chaco, Misiones, que son las provincias más pobres del país, las más atrasadas en cuanto a la salud y la cuestión de derechos humanos”, expresó Díaz. “Lo difícil para unificar la lucha es la carencia de recursos y los aprietes que hacen los gobiernos provinciales para que los indígenas no salgan de su territorio.”

Terratenientes con el firme propósito de expropiar tierras ajenas con la colaboración de las autoridades municipales y provinciales; ejercicio de la violencia física y simbólica por parte de la fuerza policial y los terratenientes; silencio cómplice y desamparo de parte de quienes deberían actuar para solucionarlo. Diferentes comunidades, las mismas figuritas repetidas desde hace años, además, sin que nada parezca indicar un cambio.