Francisco Chaile, cacique de la Comunidad India Quilmes (CIQ), lleva en su rostro y en sus manos las marcas del tiempo y del trabajo. En sus ojos se puede percibir la lucha, que junto a su pueblo, libra hace años para que se reconozcan sus derechos negados y pisoteados desde hace siglos. La recuperación de la Ciudad Sagrada de Quilmes fue uno de esos derechos conseguidos con años de trabajo, organización y peregrinar por la justicia. Hoy, el sitio arqueológico se encuentra tomado por un grupo de personas lideradas por el empresario Héctor Cruz, quien tuvo la concesión para explotar el lugar desde 1992 hasta 2002.

Durante la semana pasada Francisco Chaile junto al comunero Sergio Condorí y Belén Leguizamón, abogada de ANDHES y asesora legal de la comunidad, visitaron medios de prensa denunciando la situación que vienen padeciendo hace un año. Los hechos producidos tienen una característica común: la violencia. El 5 de marzo de 2014 se produjo la usurpación del sitio arqueológico por parte de un grupo que Francisco llama la “oposición”. A través de un amparo favorable a la comunidad, se logra desalojar a este grupo de personas y recuperar el sitio. Dos días después, ante la desatención por parte de la Justicia y la Policía, el grupo, que en esta oportunidad era más numeroso, volvió a atacar con violencia y tomó el sitio una vez más. Esa situación continúa hasta el día de hoy sin que haya respuesta alguna por parte de la Justicia.

“Encontramos en la justicia un hermetismo muy grande”, dice Francisco Chaile con la templanza que lo caracteriza, y da cuenta de la falta de respuestas y seriedad del Poder Judicial a la hora de actuar. Al principio, cuenta, les informaron que se trataba de una “desobediencia judicial” que debía ser resuelta en poco tiempo. Un año pasó desde lo sucedido y la comunidad continúa exigiendo respuestas. “Pareciera que los fiscales, los jueces, no ven en nosotros muchos argumentos, nuestra realidad que contamos. Pero no contamos con medios políticos, no contamos con  un espaldarazo [sic] de los que están más arriba, en el poder. Será por eso realmente que mantienen ahí, detienen, y van quitando importancia a las denuncias y atropellos”, sentencia el Cacique reelecto en noviembre de 2013 a través de una asamblea legítima.

Desde la comunidad tienen claro que la única vía para solucionar el problema es la Justicia. En este tiempo donde han sido víctimas de violencia jamás han respondido con la misma herramienta. Respecto al grupo que se encuentra tomando la Ciudad Sagrada, Francisco cuenta que hace 14 años que se conformaron como oposición y se trata de un pequeño grupo de comuneros. Chaile piensa que han sido “endulzados” por Cruz, con promesas de dinero y progreso. Los intereses que guían al grupo, según explicó, son mezquinos y egoístas, ya que quieren que los beneficios obtenidos de la explotación turística del sitio arqueológico sea solo para los Quilmes. En este punto hay que tener claro que esta base es solo una de las 14 que componen a la Comunidad India Quilmes.  “Nosotros, la recuperación de ese sitio la hicimos conjuntamente con toda la gente, con toda la Comunidad y pensando siempre, también, en el beneficio y la posibilidad de que eso sea de todos. Que llegue, aunque sea mínimamente, algunos recursos, alguna mejora o algún alivio a la comunidad en general. Hoy no sucede eso. Está concentrado en unas cuantas personas de ahí y otras que son de afuera y están apoyando”, dice Francisco.

Todos los hechos han sido denunciados. La fiscalía I de Monteros es la que entiende la causa. Belén Leguizamón acusa a la fiscal de no investigar y, en consecuencia, no actuar adecuadamente. “La poca investigación que se hace, no se hace adecuadamente y no se cumple con los derechos de las comunidades indígenas de obtener justicia por los reclamos".

Hace un año que la Comunidad India Quilmes no tiene respuestas por parte de las autoridades. Hace un año que la Ciudad Sagrada está usurpada, lo que implica que no están haciendo posesión de su territorio y no están administrando y gestionando los recursos que le pertenecen.  Esto implica que, tal como contaba Francisco, las familias de las 14 bases no están teniendo esa ayuda, ese alivio económico que proviene de la explotación del lugar. La Justicia, una vez más, hace oídos sordos y la comunidad indígena sufre las consecuencias. Un escenario que se repite en toda la región.