La colonización española comenzó con una tarea que hasta el día de hoy continúa. Con intensidades y mecanismos diferentes, el exterminio físico y cultural de los pueblos originarios se extiende por toda la geografía latinoamericana. En Argentina el legado español fue continuado por sucesivos gobiernos. La máxima expresión de este intento por desaparecer  a las poblaciones indígenas, y con ello su cultura, fue el genocidio perpetrado por Julio A. Roca en lo que se denominó la campaña del desierto. Durante las dos presidencias de Roca se entregaron las tierras apropiadas a fuerza de muerte y destrucción a las elites locales y extranjeras.

Hoy, ese exterminio iniciado en el siglo XV continúa. Decenas de comuneros asesinados a manos de terratenientes o policías, esos que efectúan las órdenes de desalojo dictadas por jueces. Todos ellos, en connivencia, pisotean derechos conseguidos con lucha, con sangre. Sistemas de educación, salud y trabajo que no tienen en cuenta las culturas indígenas y terminan por invisibilizarlas. Desidia, discriminación. Y la lista de formas de eliminación continúa. El poder judicial, de la mano con el económico y el policial, “hace la vista gorda”, tal como describe Marcelo Cruz, y  favorecen, siempre, al dueño de los recursos económicos, al poderoso.

Marcelo es miembro de la comunidad Indio Colalao, ubicada en el Valle de Choromoro, en Trancas. Cuenta este comunero que su pueblo, junto con el de Tolombón y Chuschagasta, son desnaturalizados del Valle Calchaquí. Después de siglos de padecer la violencia física y cultural de los enviados de la corona española y la Iglesia Católica, la comunidad compró las tierras que hoy habitan. Pero la paz duraría poco. Con la creación del registro inmobiliario de la provincia “desaparecimos”, dice Marcelo irónicamente. Pues la tierras que habían sido adquiridas para escapar de tanto tormento pasaron a ser tierras de nadie, porque los indios no existían, no tenían derechos. Menos tierras.

Hoy los derechos existen. La Constitución del año 1994 reivindica la preexistencia de los pueblos indígenas. Durante los últimos años se sancionaron una serie de leyes tendientes a proteger a las comunidades. Una de ellas es la ley 26.160 que prevé relevamientos de los territorios que les pertenecen. Otra de estas legislaciones es la 27.718 de reparación histórica de la agricultura familiar, sancionada en diciembre de 2014, que suspende por tres años cualquier desalojo de agricultores familiares.

A pesar de los avances logrados en materia legal, la Comunidad Indio Colalao sufrió un desalojo en febrero de este año. Según cuenta Cruz, desde el año 2004, una persona llamada Ana Mascoff pretende usurpar parte del territorio de la comunidad. En el mes de febrero el juez Francisco Pisa y la Fiscalía de la segunda Nominación a cargo de Adriana Giannoni favorecieron a Mascoff y ordenaron el desalojo de más de 20 familias que habitaban y trabajaban la tierra que les pertenece por derecho ancestral. A más de dos meses esta situación no ha cambiado. A pesar de que la comunidad, a través de su abogado, ha hecho las presentaciones correspondientes, aún no tienen una respuesta y estas familias continúan fuera de sus territorios.

Esta situación generó la pérdida de animales de corral que han muerto o desaparecido por falta de cuidado. Así también se han perdido los sembradíos que las familias necesitan para subsistir. Marcelo cuenta que miembros de la Secretaría de Agricultura de la Nación, durante una visita, han visto y sido testigos de las pérdidas que han sufrido las familias. “El problema se repite y el interés es el mismo: las tierras. El lugar de donde pueden sacar provecho para pocos, o para uno muchas veces. Y no les importa nada pasar por encima de todos los derechos. Es más grande la ambición, la ayuda política que tienen, del poder económico, judicial. En Tucumán todo esto va de la mano”, explica Marcelo y con esto da cuenta de que la historia es la misma en diferentes puntos del país.

Dada la situación por la que la comunidad está atravesando el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) comenzó a realizar el relevamiento territorial que prevé la ley 26.160, pero solo en el sector de Monte Bello, lugar donde se produjeron los desalojos. Aún queda realizarlo en el resto de los territorios pertenecientes a la comunidad. “El relevamiento territorial tendrá por objetivo ver cómo es nuestra historia, principalmente nuestra compra”, explica Cruz.

“Indios nos sometieron, indios nos levantaremos”, dice Marcelo con orgullo de pertenecer a su pueblo y con la convicción de que para ganar esta lucha deben permanecer unidos y no bajar los brazos. Una batalla que hoy le toca librar a su generación contra el poder económico y judicial, pero que ha iniciado hace muchos siglos.