Jimena era recepcionista de LV7 desde el 2011. El 18 de mayo cuando estaba por ingresar a su trabajo, personal de seguridad privada se lo impidió. Resulta que, desde ese día, sólo entrarían a las instalaciones de la radio quienes formaran parte de un listado que, sin mayor explicaciones, confeccionaron las autoridades de la empresa de Luis Pericás. El listado, denuncian ex empleados, surgió como respuesta a los reclamos que los trabajadores venían realizando desde el mes de febrero y que, debido a la falta de soluciones efectivas, se hicieron públicas en diferentes programas de la emisora y a través del gremio que nuclea a los trabajadores de la prensa tucumana.    

Pero, como relata Jimena, los problemas en la empresa son estructurales y vienen desde hace años. “Creo que fue en el año 2000 cuando se produjo un despido masivo, entre 15 y 20 empleados fueron echados, se realizaron asambleas después de las cuales los trabajadores no pudieron volver a ingresar. Desde entonces, la gente que quedó trabajando lo hizo en condiciones precarias; cuando no estaban en negro, no les realizaban los aportes jubilatorios. Hay gente que trabaja hace más de 15 años en la radio y aún está en negro”.

Según cuenta Jimena a partir de febrero, con el ingreso de la productora de contenidos de Roberto Pereyra y Noemí Colombano, se desarrollaron cambios en el interior de la radio y se vieron afectados los horarios laborales de quienes trabajaban en los distintos programas sin que fueran informados con un tiempo prudencial. Además se produjo un retraso en el pago de salarios que a partir de marzo se comenzaron a pagar en tres cuotas y siempre después del 15 de cada mes.

Pero estos no fueron los únicos problemas. “A fines de marzo el dueño de la radio, Pericás, hace una reunión con 12 compañeros en la cual se les informa que no se presenten a trabajar desde abril. Cuando nos enteramos de esto nos comenzamos a reunir. También se presentaron representantes de la Asociación de Prensa de Tucumán (APT) y de la Sociedad Argentina de Locutores (SAL) y hablaron con Pericás, que salió a decir que no había despedido a nadie pero que tenía problemas para pagarle los sueldos a estos compañeros porque su tío, que formaba parte de la sociedad empresaria, les había dado de baja en la ANSES y él no podía tener gente trabajando en negro, a lo que los trabajadores le contestamos que una buena parte estamos en negro”. Después de las asambleas y la intermediación de los gremios Pericás se comprometió a reincorporar a estos compañeros y a terminar de pagar los sueldos atrasados. Sin embargo el pago de salarios no se regularizó porque, según el dueño de la radio, el gobierno dejó de pagarle la pauta publicitaria.

Según Jimena es cierto que el gobierno dejó de pautar publicidades en la radio desde que ingresó Pereyra como jefe de programación y el programa de Noemí Colombano ocupó el horario principal de la mañana. “A Colombano el gobierno no le da publicidad, donde ella está el gobierno deja de pautar. A pesar de que entendemos que el Estado no debería hacer esto, sabemos que esta pauta no representa el total de los ingresos de la radio, menos en un contexto pre electoral en el que están pautando todos los candidatos, y que además la radio mantiene la publicidad de empresas privadas. Además, la de Pericás, es una empresa, por lo que creemos que no puede depender del Estado para pagar los sueldos”.

Luego de la reincorporación de los despedidos, los trabajadores de la radio se mantuvieron organizados para presionar por la impuntualidad en el pago de los salarios y reclamar por las condiciones laborales en general. A pesar de los reiterados pedidos por parte de los trabajadores la directiva de la empresa nunca respondió, por lo que algunos empleados decidieron denunciar al aire la situación que se vivía puertas adentro. “Después de esto nos encontramos una mañana con un listado de compañeros que podían entrar a la radio (si es que estaban en horario laboral) del que estábamos excluidos 22 trabajadores y con el refuerzo del personal de seguridad privada. Ese día estaba prevista una asamblea por lo que se presentaron nuevamente representantes de la ATP y la SAL para preguntar por qué había un listado. Ya que Pericás no responde ningún reclamo ni atiende a ningún delegado gremial, el encargado de responder fue Pereyra (aunque aduce que no tiene otra responsabilidad en la radio que la de jefe de programación) y autorizó el ingreso de algunos compañeros más, sin embargo no permitió el ingreso de aquellos que no estuvieran en horario laboral por lo que se impedía el desarrollo de la asamblea de trabajadores. Entonces decidimos realizarla en la calle; fueron ellos los que nos impulsaron a salir, cortar la calle y manifestarnos en la puerta de la radio. Desde ese día, hace más de dos semanas, estos 22 trabajadores no podemos ingresar a lo que se supone que es nuestro trabajo”.

Debido al desarrollo del conflicto la Secretaría de Trabajo de la Provincia solicitó una audiencia con la representantes de la empresa que debía realizarse durante la semana pasada, sin embargo desde estos no se presentaron ni justificaron su ausencia. En cambio sí recibieron una comunicación por parte de la empresa los 22 trabajadores que no tenían permiso para ingresar a las instalaciones de la radio. “A algunos compañeros les llegó la semana pasada un telegrama de despido; a otros, que habíamos enviado un telegrama formal solicitando que se regularice nuestra situación, nos llegó una respuesta que desconocía la relación laboral que, en algunos casos tiene más de 15 años. La situación es totalmente irregular. Hay conductores que la gente escucha hace años y que hoy Pericás dice que nunca trabajaron para la empresa”. Los damnificados protestan además porque se realizó la incorporación de al menos 8 personas nuevas, lo que pone en cuestión los argumentos de la empresa de falta de recursos económicos.

Sucede que, según el relato de los empleados de LV7, al ingresar a trabajar a la radio, en general, se hacía un acuerdo de palabra, se delimitaban las condiciones de trabajo y si el nuevo empleado aceptaba quedaba vinculado. Esto es denunciado con frecuencia en los medios locales, que se desenvuelven en un ambiente bastante irregular por lo que muchos trabajadores de la prensa desarrollan su trabajo en condiciones de precariedad. Esta situación, junto a la conmemoración del Día del Periodista (7 de junio en homenaje a la publicación en 1807 de la Gazeta de Buenos Aires), impulsó al gremio de los periodistas a convocar una caravana el viernes pasado que partió en la sede de la APT, visitó la sede de los medios de comunicación de San Miguel de Tucumán y culminó en la plaza Independencia con una radio abierta en la que se expusieron experiencias y se denunciaron las indignas condiciones laborales que sufren cientos de trabajadores en nuestra provincia.

La situación de estos 22 trabajadores queda por resolverse, como así también la de otros periodistas locales que desarrollan su actividad profesional en condiciones de incertidumbre y tensión. Es hora de que las empresas que se desarrollan en el ámbito de la comunicación local comiencen a respetar los convenios colectivos de trabajo del sector, así como es hora de que las autoridades competentes actúen para defender los derechos de los trabajadores. El ámbito local está repleto de irregularidades, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) no ha desarrollado ninguna de las políticas de control para las que fue creada cuando se aprobó la llamada “Ley de Medios”. A seis años de la creación de la ley, el espectro radiofónico local está plagado de anomalías, así como la famosa partición en tercios del espectro brilla por su ausencia. Aunque no esté relacionada con el ámbito laboral, la AFSCA fue creada para reorganizar las relaciones de producción de los medios de comunicación y controlar la efectiva aplicación de la ley; mientras esta no se aplique las empresas tienen vía libre para desenvolverse por fuera de la ley y, como consecuencia, seguir precarizando el trabajo de los periodistas y trabajadores de medios.