“La flamante Ley de la Agricultura Familiar”. Así se celebró en 2015 la sanción de una legislación nacional que auguraba una nueva etapa para los pequeños productores. El proyecto ponía en relevancia la importancia de la agricultura familiar por su contribución a la seguridad y la soberanía alimentaria del pueblo. Los pequeños productores, comunidades campesinas e indígenas estaban contentos. El Estado destinaría financiamiento y políticas públicas para ayudar al sector desde los diversos ámbitos. Para que esto fuera posible y los recursos lleguasen a todos los sectores del país, el ente fundamental y estratégico era uno solo: la Secretaria de Agricultura Familiar.

Camiones, tractores y camionetas que cortan las calles. El recuerdo de los tucumanos ante el reclamo del “campo” durante el 2015 en plaza Independencia. Un campo representado por grandes empresarios agropecuarios que nada tienen que ver con los verdaderos trabajadores de la tierra. Esos pequeños productores que a diario entregan su trabajo y el de sus familias para generar el alimento de los argentinos. Porque su producción no es la que se exporta a los países del primer mundo, por lo contrario. Son los productos que se venden en el barrio, en las ferias y hasta en sus propias viviendas.

“La provincia todavía no adhirió a la ley nacional y nosotros estamos haciendo trámites para que pase”, explicó Alfredo Alvarado, miembro de la mesa ejecutiva del Foro de Agricultura Familiar en Tucumán. La semana pasada, los pequeños productores salieron a la calle a reclamar por sus derechos y la falta de respuestas de la secretaría provincial. No hubo camionetas de lujo, solo un solo pedido: ser escuchados. “Nosotros somos el campo que produce el alimento para el 70% de los argentinos, lo que queremos es vivir del suelo en el que nacimos y necesitamos condiciones dignas para trabajar”, sostuvo Alvarado.

Los productores explicaron que la Secretaria de Agricultura Familiar, creada para trabajar en conjunto con el sector, está cerrada al diálogo desde que el empresario Rafael Sánchez asumió como titular. Cuentan, además, que Sánchez no quiere recibirlos en su despacho, alegando que él fue elegido por el gobierno de turno y “y van a hacer lo que ellos digan”. Por otro lado, denuncian que en lo que va de la nueva gestión ya se despidieron a seis empleados del área. Ante esta situación, los trabajadores no pueden negociar la puesta en marcha de políticas públicas para el sector. Porque, explicó Alvarado, no se trata solo de financiamiento sino de “un plan que contenga las necesidades del territorio productivo y social. Proyectos, capacitaciones y el amplio espectro que son la base de la agricultura familiar”.

Si Tucumán se adhiere a la ley nacional, el paquete de beneficios para los pequeños productores, incluidos los pueblos originarios, serán muchos. Entre ellos está la promoción de ferias locales para apoyar el contacto directo entre productores y consumidores. También, políticas de infraestructura rural y medidas tendientes a garantizar el acceso a la educación, la salud y los servicios públicos esenciales en las comunidades.

“Queremos la dignidad del trabajo. Agricultura en el lugar en que vivimos”, enfatizó Alvarado acompañado por sus compañeros. Mientras tanto, continuarán exigiendo a las autoridades provinciales y nacionales una respuesta y el reconocimiento de sus derechos. Derechos que comparten con los pequeños productores del país y están garantizados por la Ley 27.118 de Agricultura Familiar. Derechos conseguidos con años de lucha y que no serán borrados.