Santiago del Estero grita una historia de injusticias para sus familias campesinas e indígenas. El sometimiento de su población se da en escenarios donde, generalmente, hay empresarios que tienen algún tipo de vinculación con instituciones de poder: político, policial y/o judicial. Así lo viene denunciando hace años el Movimiento Campesino. Basta remontar solo un poco en la historia y se pueden encontrar antecedentes. El caso de La Forestal Argentina, una empresa de capitales extranjeros que funcionó a principios del siglo XX, forma parte de la memoria colectiva de los campesinos por la manera en la que arrasó con los recursos naturales de la provincia y las condiciones de esclavitud en las que mantenía a los trabajadores del profundo monte santiagueño. La empresa tenía una influencia importante en las políticas forestales del país. Luego llegaron los grandes estancieros que se hicieron con miles de hectáreas. Y más cerca en el tiempo, ya con el juarismo en el poder, los empresarios sojeros arrasaron con bosques completos y desalojaron a cientos de familias campesinas. Se imponía así, con el guiño descarado del poder político, un modo de producción capitalista que pretendía desaparecer a cualquier alternativa que se presentara.

Contra el modelo de los agronegocios y en defensa del territorio y el modo de producción campesina, las familias del monte santiagueño se organizaron. Entendieron que la lucha era conjunta y la única forma de hacerle frente a ese poder que pretendía desaparecerlos. En agosto de 1990, en Quimilí, nacía el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, MOCASE. Hoy, a casi 26 años, nuclea a unas 9000 familias y es uno de los movimientos campesinos más grandes del país. Si bien su principal eje de acción es la defensa del territorio frente a los avances de terratenientes, también luchan, entre otras cosas, por la soberanía alimentaria y por una reforma agraria que los incluya en su integralidad. 

Durante estos 26 años de existencia, el Movimiento ha sido testigo del hostigamiento y persecución de muchos compañeros y compañeras. Algunos murieron defendiendo las tierras comunitarias. La semana pasada, Sergio Arias, campesino y docente del paraje Ovejería, del departamento Pellegrini, fue apuñalado por un empresario sojero y se encuentra delicado de salud. Así lo declaró María Raimundo Luna, integrante del MOCASE al informativo FARCo. “El empresario ya venía con disputa territorial de hace varios años, con prohibición de acercamiento; tenía varias órdenes de allanamiento que la policía nunca las fue a realizar. Nosotros mismos, hace como 5 o 6 meses, fuimos a acompañarlo al compañero a su casa, llegó este hombre, nosotros lo enfrentamos (…)”. Luna contó que el nombre del empresario es Guillermo Báncora y se encuentra detenido. “Tiene unas 5.000 hectáreas. Quiere despojar de estas tierras a campesinos que tienen la posesión ancestral de las mismas”. La comunidad campesina tiene la posesión de alrededor de 200 hectáreas. Báncora, contó Luna, quiere apropiarse de ese territorio y para ello se ha valido de actos de violencia y amedrentamiento a los campesinos.

Ante esta situación los campesinos se organizan. Más de 20 años de formación y construcción conjunta les han brindado las herramientas para saber que los derechos se defienden y se consiguen en la calle, en el monte, de manera colectiva. Así lo demuestra, por ejemplo, la estructura horizontal de funcionamiento del MOCASE. Y esta lucha, este sentido comunitario y el anhelo por concretar condiciones óptimas para las familias campesinas han dado resultados que se siguen peleando a pesar de ser leyes aprobadas por el congreso. Tal es el caso de la Ley de Agricultura Familiar, sancionada en el 2015. La misma supone un gran avance en materia de soberanía alimentaria y condiciones para la comercialización de lo que producen los campesinos y pequeños productores. Pero este avance no logra efectivizarse debido a la falta de reglamentación. 

La preocupación de las familias campesinas de Santiago es grande. La ley no se reglamenta, los intentos de desalojos violentos continúan, como el caso de Sergio Arias, y las Secretarías de Agriculturas Familiares están siendo desmanteladas. Según un comunicado del MOCASE de hace unas semanas, se presentó ante el ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile un reclamo por esta situación y una exigencia para que el delegado de la Secretaría de Agricultura Familiar de Santiago, Carlos Cejas, renuncie. La exigencia se deriva de supuestas vinculaciones de Cejas con “bandas armadas para amenazar y amedrentar a sujetos beneficiarios de la misma SAF”, postula el comunicado. 

El MOCASE nació con un objetivo claro: defender a las familias campesinas de los atropellos que sufren y trabajar para que se reconozca y se respete su modo de vida. En un panorama que parece bastante adverso, las más de 9.000 familias seguirán luchando por esto. Esta es la manera que han encontrado para que los derechos sean una realidad y no solo palabras en un papel.