“Si la prórroga no se aprueba, es muy probable que las situaciones de desalojos, que son especialmente ilegales y forzosos, se acentúen”, lamenta Belén Leguizamón, abogada de ANDHES, sobre lo que pasará si la ley 26.160 deja de existir. Hoy la lucha de los pueblos originarios de Argentina depende de la decisión que tome el Senado, el próximo miércoles 27, sobre si se extiende la prórroga de esta ley que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias del país. Esta situación lejos está de ser nueva: el pedido de extensión se realiza por tercera vez, solo que el panorama político actual es totalmente desalentador.

La llegada de esta legislación fue en el 2006, en un contexto de lucha de las comunidades por los violentos desalojos que sufrían. Todo parecía ser una gran noticia y la tranquilidad de los pueblos se amparaba bajo una ley nacional que suspendía los desalojos y preveía la realización de un relevamiento técnico-jurídico-catastral de sus territorios para su posterior titularización. Sin embargo, pasaron 11 años y sólo el 30 por ciento de las comunidades indígenas del país fueron relevadas, y ni hablar de los constantes desalojos que se produjeron en todo ese tiempo. Sin ir más lejos, en julio 16 familias de la Comunidad Indio Colalao fueron desalojadas de su territorio, a la vera del río Tipas. “La parte que ordena suspender los desalojos fue la que menos se cumplió. No se cumplió directamente. En un estudio de casos judiciales que llevamos y que son aproximadamente 50 en los últimos ocho años, en ninguno de ellos se aplicó la ley 26.160. Los pedidos que nosotros hicimos como defensores para que se aplique una medida de protección, tampoco se dieron lugar. La cuestión no se enmarcaba como un problema constitucional, donde las comunidades indígenas estaban afectadas sobre su derecho al territorio”, explica la abogada.

Sobre los relevamientos territoriales, Tucumán tiene una gran experiencia que se refleja en los resultados obtenidos. De 17 comunidades indígenas, 14 ya cuentan con su carpeta técnica, mientras que dos están en proceso. Esta realidad lamentablemente no se replica en provincias como Jujuy, Salta o Neuquén, lo que muestra un panorama nacional bastante complejo. Cada provincia tiene una situación particular que se acentúa con las decisiones políticas de cada gobierno de turno. “El Estado argentino no puede excusarse de que es un Gobierno Federal para cumplir con las obligaciones internacionales que tiene. El Estado tiene que articular y arbitrar todos los medios necesarios para que se realice el relevamiento porque es una obligación que asumió y está constitucionalmente reconocido”, sostiene Leguizamón. Relevar los territorios solo es parte del proceso de titularización de las tierras, final que está lejos para la mayoría de los pueblos originarios. En la provincia ninguna llegó a esa instancia y la que más cercana está es la Comunidad de Amaicha, que ya tiene su cédula real inscripta, una situación que podría ser asimilable a la titularización del territorio como propiedad comunitaria.

“Si bien esta ley no se cumplía en la práctica, sí es necesario que siga existiendo porque es un paraguas que tienen los pueblos indígenas para proteger su territorio”, enfatiza Belén. El sí a la prorroga permitirá que en los próximos cuatros años se logre relevar al 70 por ciento de las comunidades indígenas del país que aún no accedieron a la medida. Al mismo tiempo, se podrá avanzar en la titularización de los territorios ocupados ancestralmente para que, en un futuro, los pueblos tengan soberanía legal sobre sus tierras. Hoy las miradas están puestas a que se concrete el tratamiento y se logre la extensión de la ley en términos que beneficien a las comunidades indígenas.